Localizados 13 talleres ilegales en Salamanca: vertidos al alcantarillado y residuos enterrados

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Salamanca han localizado un total de trece talleres ilegales de reparación de vehículos durante la campaña de inspecciones llevada a cabo a lo largo del pasado año 2025. El operativo, centrado en la verificación del cumplimiento de la legislación medioambiental y la detección de actividades ilícitas, ha culminado con la formalización de 38 denuncias administrativas.

Según han informado fuentes de la Benemérita, las instalaciones investigadas carecían de la preceptiva licencia de apertura, así como de todos los permisos administrativos necesarios en materia de industria y medio ambiente. Las denuncias resultantes han sido tramitadas a los organismos locales y autonómicos competentes para su sanción. Asimismo, la Guardia Civil ha destacado que algunos de los titulares de estos negocios son reincidentes en el ejercicio de esta actividad ilegal, llegando a cambiar la ubicación de sus instalaciones para intentar eludir el control policial.

Daños en la red de saneamiento y factura del agua

Una de las principales preocupaciones derivadas de estas actividades clandestinas es el impacto directo sobre el medio ambiente y las infraestructuras públicas. Es práctica frecuente en estos locales que los vertidos de líquidos procedentes de los vehículos —como restos de aceites usados, líquidos hidráulicos, de baterías, pinturas, disolventes o combustibles— acaben directamente en el alcantarillado público en lugar de ser entregados a un gestor autorizado.

Esta gestión irregular tiene consecuencias económicas directas para los ciudadanos. Las redes de saneamiento urbanas no están adaptadas para procesar estos compuestos químicos, lo que provoca la interrupción del servicio en las depuradoras por averías en el reactor biológico. Esta situación incrementa los gastos que las corporaciones locales deben dedicar a la gestión de aguas residuales, un sobrecoste que, finalmente, se refleja en la factura del agua que pagan los vecinos.

Residuos enterrados y competencia desleal

Además de los vertidos líquidos, los agentes han observado que empresarios y trabajadores "poco escrupulosos" se deshacen de componentes sólidos, como neumáticos y baterías, arrojándolos en descampados y barrancos. En algunos casos, llegan incluso a enterrarlos para ahorrarse los costes derivados de su correcta gestión ambiental.

Desde la Guardia Civil advierten que estas reparaciones al margen de la ley no solo suponen un delito ecológico, sino que representan un grave perjuicio socioeconómico y de seguridad:

• Fraude al consumidor y seguridad vial: Las reparaciones carecen de garantías y control de calidad, lo que supone un riesgo para la seguridad en las carreteras.
• Fraude fiscal y laboral: Estas actividades constituyen un campo de cultivo para el fraude a Hacienda y el incumplimiento de la normativa de la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores.
• Competencia desleal: La actividad sumergida perjudica directamente a los talleres y empresas del sector que sí cumplen con todas las reglas y normativas vigentes.