CSIF activa la vía judicial contra la Junta por el "abandono" de los servicios públicos y denuncia 8.500 plazas sin cubrir

El sindicato CSIF ha decidido dar un golpe sobre la mesa ante lo que califica como una situación de "deterioro evidente" de los servicios públicos en Castilla y León. La organización ha anunciado este miércoles en Salamanca que iniciará de forma inmediata acciones judiciales contra la Junta de Castilla y León. El motivo principal es la falta sistemática de cobertura de vacantes y la ausencia de sustituciones, una política de personal que, según denuncian, está llevando al límite tanto a los trabajadores como a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.

En una comparecencia ante los medios, el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, flanqueado por los responsables provinciales del sector de la Junta, Gabriel de la Iglesia, y de Sanidad, Antonio Grande Vicente, ha justificado esta medida drástica ante la falta de diálogo con el Gobierno regional. "No podemos más, no aguantamos más. Hemos requerido en diferentes ocasiones a la administración autonómica y lo que recibimos es la callada por respuesta", ha sentenciado Castro.

Un déficit estructural: 8.500 vacantes

El diagnóstico presentado por los representantes sindicales dibuja una administración "parcelada" y con graves agujeros en sus plantillas. Benjamín Castro ha recordado que llevan años intentando abrir una "negociación seria, sensata y cabal". De hecho, ha revelado que en 2023 presentaron un proyecto detallado al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, con las necesidades de plantilla, pero "ni siquiera se han sentado a negociar".

Las cifras que maneja el sindicato son alarmantes. Oficialmente, existen más de 6.500 vacantes en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las plantillas orgánicas de la Junta. Sin embargo, Castro ha matizado que la realidad es aún peor si se tiene en cuenta la destrucción de empleo previa: "Hay que recordar que se aprobó una relación de puestos de trabajo que ya eliminaba alrededor de 2.000 plazas, por lo que no serían 6.500, sino que hablaríamos de unas cifras reales de 8.500 plazas necesarias".

Esta falta de personal se agrava porque la administración "no reemplaza en el momento de licencias, permisos, bajas o incapacidades temporales". El líder autonómico ha puesto ejemplos gráficos de la sobrecarga laboral, citando casos como el de Ávila, donde "docentes del área de programas estaban cubriendo el área de nóminas por su buen hacer y compromiso", asumiendo tareas que no les correspondían ante la inacción de la Junta.

Radiografía de Salamanca: 400 puestos vacíos

Bajando al terreno provincial, Gabriel de la Iglesia, responsable del sector de la Junta en CSIF Salamanca, ha puesto cifras al problema local. El sindicato ha detectado un déficit de aproximadamente 400 plazas en la segunda RPT que permanecen sin cubrir en la provincia.

De la Iglesia ha desgranado los sectores más castigados por esta política de contención:

• Educación: La situación ha sido calificada como "muy mala". El sindicato denuncia que numerosos puestos estructurales se están cubriendo con interinos y que hay personal realizando "funciones de superior categoría" sin percibir la retribución correspondiente.
• Servicio Público de Empleo (ECYL): Este organismo sufre un vacío de personal notable tras los procesos de estabilización, ya que "no se han cubierto las plazas que se han ido vaciando".
• Gerencia de Servicios Sociales: Otro de los departamentos que se encuentra "bastante colapsado" por la falta de efectivos.

Sanidad: urgencias saturadas y opacidad en los datos

El análisis del sector sanitario ha corrido a cargo de Antonio Grande Vicente, responsable de Sanidad de CSIF en Salamanca, quien ha alertado sobre la presión asistencial en el Hospital de Salamanca, "el principal de Castilla y León por carga de trabajo".

Grande ha puesto el foco en el servicio de Urgencias, tanto hospitalarias como de Atención Primaria. "Los médicos de urgencias no pueden más", ha asegurado, explicando que las plantillas no están completas y no se cubren las ausencias reglamentarias. Esta situación tiene una traducción directa para el paciente: "Los ciudadanos lo sufren con las demoras en las citas de Atención Primaria y con largas esperas en urgencias para recibir diagnóstico y tratamiento".

Además, el responsable sanitario ha denunciado la opacidad de la administración respecto a los recursos humanos reales. "Cifras reales no tenemos porque la administración no nos las proporciona", ha lamentado Grande. Aunque las plantillas orgánicas son públicas, el sindicato desconoce la "plantilla real" operativa, aunque constatan un déficit evidente de médicos de familia, especialmente en las zonas rurales, y problemas crecientes en enfermería.