El revés del Derecho

Se celebró recientemente en la ciudad de Salamanca un juicio por asesinato, con la participación, en cumplimiento de lo que indica el artículo 125 de la Constitución, de un jurado popular. Dicho jurado, ha sido repetidamente cuestionado, abaratado e incluso despreciado en periódicos, redes sociales y tertulias por quienes, al margen de la consecuente condena de ese concreto juicio, pusieron en cuestión la existencia misma de la institución del jurado, que han procurado obstaculizar (y han conseguido en muchas ocasiones por medios leguleyos que convendría investigar), alineándose con los anatemas que el reaccionarismo ha lanzado contra esta concreta participación popular en la administración de justicia en España.

Esta forma de participación ciudadana en la administración de justicia, el jurado popular, es criticada con el argumento de que quienes juzgan son personas que no tienen formación jurídica, aunque ha quedado claro que dichas personas no califican hechos ni imponen sentencias, sino que únicamente deciden sobre hechos y esa es precisamente su característica principal, ya que es preferible que legos en la materia sean quienes estudien los hechos sin verse predispuestos respecto al tipo de delito, sus distintas modalidades o las penas que conllevan.

Mas, como acostumbran, los derechistas reaccionarios de este país, siguen oponiéndose a cualquier conquista social, de ciudadanía o reconocimiento de derechos individuales, y en esa línea de totalitarismo fascista, su oposición frontal a la institución del jurado subraya su inocultable búsqueda de un despreciable y paralizante clasismo que, en cuestiones de escalafones jurídicos, oficios y cargos togados y jerarquías de la administración de justicia, sigue sufriendo en España de algo más que ese clasismo, y que se ha convertido en un insoportable enjuague de repartos, turnicidades, premios y padrinazgos que mantienen la estructura judicial, la organización de fiscalías y en general la administración de justicia, no solo completamente alejadas de la ciudadanía y de su participación y control (como exige la Constitución y es derecho de todos nosotros), sino signadas con la desconfianza de la gente, el temor a sus frecuentemente inexplicables decisiones y, siempre, consideradas como círculos elitistas cuyo dedo admonitorio no protege: amenaza.

El franquismo, desde el mismo inicio de la guerra civil que provocó con su golpe de estado, iba suprimiendo en las zonas que “conquistaba” cualquier derecho de ciudadanía, y fue la institución del jurado, en funcionamiento durante la II República Española, la que siempre anuló, prohibió y suprimió. El actual rechazo a esta institución por parte de ciertas organizaciones políticas españolas (y, ay, de esa enorme masa de desinformados e intoxicados ciudadanos a los que el ejercicio de sus derechos parece no importar o que prefieren sentirse súbditos de clubes de excelencia), no hace sino darnos argumentos para la defensa de un derecho fundamental e inalienable cual es, aunque todavía sea escaso, mejorable y ampliable, la participación pública en la administración de justicia.

Podría profundizarse en el sentido y el significado de esa permanente persecución a la conquista de derechos de ciudadanía por parte de los reaccionarios, y esa reflexión conduciría, probablemente, a la constatación de que es la desinformación, la mentira, el engaño, la sofística vacía, la deseducación y la manipulación, y la consecuente incultura de todo ello, las columnas que sostienen al fascismo. Y sería cierto, pero también habría que añadir las extendidas realidades de lamentable vagancia mental, la indiferencia hacia lo colectivo, el individualismo egoísta, la cómoda delegación de la defensa de los propios derechos, el miedo a la libertad y un muy liviano autorespeto, el caldo de cultivo que da alas a toda imposición, a toda censura y a toda dominación.