Los graduados sociales denuncian el "colapso" de las gestiones laborales tras la caída del decreto ómnibus

Los graduados sociales denuncian el "colapso" de las gestiones laborales tras la caída del decreto ómnibus. La decisión del Congreso de los Diputados de no convalidar el Real Decreto-ley 16/2025 ha desatado una oleada de preocupación entre los operadores jurídicos. El Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, presidido por el salmantino Joaquín Merchán, ha calificado la situación de "nuevo golpe a la seguridad jurídica en el ámbito laboral y de la Seguridad Social", advirtiendo de que el vacío legal generado ha colapsado el trabajo diario de miles de profesionales.

El organismo colegial reacciona así al Pleno del Congreso celebrado este martes, donde se tumbó la norma conocida popularmente como "Decreto Ómnibus". El texto rechazado incluía medidas fundamentales para el inicio del ejercicio 2026, como la revalorización de las pensiones y tres subidas de cotizaciones programadas: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la cuota de solidaridad y el destope de las bases máximas.

Según denuncian los graduados sociales, el fracaso legislativo devuelve a empresas, trabajadores y despachos profesionales a un escenario marcado por la "incertidumbre normativa, la improvisación y una evidente falta de planificación".

Impacto inmediato en nóminas y el SMI

La caída de la norma tiene efectos tangibles e inmediatos en la gestión administrativa diaria. Desde el Consejo General advierten que la situación actual impide "cerrar nóminas y cotizaciones con criterios claros y estables". Una de las cuestiones que más preocupa al colectivo es la situación en la que queda la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 a 2026, una medida que el sector considera esencial y que ahora se encuentra en el aire.

Además del ámbito laboral, el rechazo al decreto tumba cinco incentivos fiscales, dejando en una situación de vulnerabilidad a autónomos, propietarios de viviendas y ciudadanos en general. La falta de validación de estas medidas obliga a los profesionales a trabajar sin un marco legal definido en pleno cierre del mes de enero.

El Consejo General, que agrupa a 43 colegios profesionales y actúa como intermediario imprescindible con la Administración, ha detallado los problemas operativos que esta decisión política está causando en los despachos:

• La obligación de rehacer cálculos salariales y seguros sociales, así como realizar regularizaciones con efectos retroactivos una vez se aclare la normativa.
• Una sobrecarga de trabajo extraordinaria en los despachos, que no está prevista ni compensada económicamente.
• Un aumento injustificado de consultas y reclamaciones, lo que deteriora la relación con los clientes al tener que transmitir mensajes contradictorios derivados de la inestabilidad legal.

Exigencia de soluciones urgentes

Los graduados sociales lamentan que este escenario de caos administrativo "no es nuevo ni imprevisible". El colectivo recuerda que ya en 2024 remitieron escritos a la Ministra de Trabajo, al Secretario de Estado de Trabajo y al presidente de la CEOE solicitando que las actualizaciones del SMI y otras medidas se aprobaran "en tiempo y forma para evitar problemas técnicos".

Bajo la dirección de Merchán, el Consejo ha señalado que "no se trata de un hecho aislado" y ha lanzado un mensaje contundente a los responsables públicos: "No se puede seguir legislando de espaldas a la realidad profesional ni trasladar el coste de la inacción política a los despachos".