Como he repetido varias veces, no soy un hombre de leyes y códigos, soy un ciudadano de a pie que intenta sintonizar con las leyes de la lógica y de la moral; que tiene por bandera el amor a España , el honor, la honradez, y la apuesta por la verdad. También tengo muchos defectos y, con mayor o menor resultado, intento corregirlos.
Con todo ello, no acabo de comprender la particularidad de nuestros juristas. Partimos de la base de que la ley es la misma para todos, con independencia de las ideas de cada cual. Pues bien, que alguien me explique la razón por la que, a la hora de enjuiciar una falta o delito, las divergencias entre los juristas se agrupen milimétricamente entre conservadores y progresistas. La lógica desaparece cuando no hay posibilidad de que un componente de ese jurado de ideas conservadoras -o progresistas- pueda tener la misma opinión que los del bando opuesto. Si el fallo tiene votos a favor y en contra de la sentencia, siempre quedan perfectamente alineados por su pensamiento político, y no por su formación jurídica.
Todo lo anterior es consecuencia de la condena que ha sufrido el Fiscal General del Estado -yo diría de este gobierno-, Álvaro García Ortiz que, aunque paisano nuestro, al menos tuvo sus primeros resabios progresistas en la Universidad de Valladolid. Allí comenzó a relacionarse con lumbreras del socialismo castellano leonés como Oscar Puente y Ana Redondo -Dios los cría y ellos se amontonan.
Como antesala de lo que vendría después, fue propuesto para el cargo de FGE por la exministra Dolores Delgado. Volvió al cargo tras las siguientes de 2023 con el voto en contra del CGPJ y censurado por el Consejo Fiscal al nombrar digitalmente a la exministra Delgado Fiscal de Sala y Fiscal de la Memoria Democrática, eso que en mi pueblo se llama política de panes prestados. También se han visto sus puñetas en la famosa ley del “si es si” y en el pasotismo demostrado a la hora de defender a los fiscales que actuaron en el juicio del “process” contra los golpistas catalanes.
Creo que la única ocasión de oír a Sánchez decir una verdad fue en RNE respondiendo al periodista con su gran axioma: “ ¿De quién depende el FGE? Pues eso” No obstante, bajo esa capa debería haber escondido al presidente del TC, al del CIS, al de RTVE y un muy largo etcétera.
Cuando pintan bastos, al FGE, buen escudero del puto amo, nunca le ha temblado la mano a la hora de apagar cualquier incendio que pudiera amenazar a La Moncloa. Su última “hazaña” acaba de adjudicársela el TS por revelación de datos confidenciales. Hasta ese momento, la prudencia -en mi caso, la ignorancia- aconsejaban anteponer siempre el vocablo “presunto” para respetar la obligada presunción de inocencia. Hoy, ya no es necesario. Aunque el TS ha hecho público el fallo, sin conocer el texto completo de la condena, ya sabemos que ese partido ha terminado con un marcador de 5-2; ahora conoceremos toda la crónica con los autores de los goles, las tarjetas, el tiempo perdido, etc.
La casualidad ha querido que esto salga a la luz pública precisamente un 20-N. Más de un pusilánime estará rasgándose las vestiduras tras ver la mano oculta del franquismo, aunque lo que sí se ha notado es el fracaso de la operación montada para que el fallo hubiera sido otro. Durante todo el proceso se ha estado presionando al tribunal, desde el mismo Sánchez, pasando por todos sus ministros, los responsables de los partidos que apoyan al gobierno y la retahíla de medios de comunicación afines. Había que preparar el plan en prevención ante lo que se ha consumado.
Una vez más, hemos visto la obediencia ciega de los estómagos agradecidos. No se molestan en adornar sus declaraciones diversificando el mensaje. Si la consigna es que se le ha condenado sin pruebas, todos repiten literalmente esa misma consigna. Otros, movidos por su “pronto” irascible y aborregado, llegan a emplear el golpe de mano, la prevaricación o la condena política; todo ello sin haber leído los fundamentos que contenga el texto completo de la defensa.
Se comportan como plañideras que inundan los medios y la calle con lamentos y gemidos porque alguien ha tenido la osadía de tocar a uno de los suyos. Ahora bien, a ninguno le hemos escuchado diciendo que el responsable de perseguir al delincuente sea responsable de un delito y luego se dedique a emplear toda clase de argucias como borrar pruebas y negarse a contestar en el juicio. Es cierto que está en su derecho, pero es el procedimiento que suelen emplea los que son culpables.
No cabe duda de que lo que se busca ahora es la disculpa necesaria para que, si la condena no consigue ser cambiada, vuelva a repetirse la fórmula del indulto. Para ello ya se están barajando las posibles herramientas: recursos de nuevo al TS, amparo ante el TC de su amigo Conde Pumpido y, si todo falla, queda la última palabra del puto amo. “El que quiera el indulto, que me lo diga” Ya se pondrán a la cola los familiares que están en capilla y los compañeros de viaje.
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