Julio Fernández: "En la guerra hubo barbaridades en los dos bandos, pero la represión de la posguerra es la que no se ha visibilizado"

La Asociación Salamanca Memoria y Justicia conmemora dos décadas de trabajo incesante con un objetivo fundamental: recuperar y dignificar la memoria de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, rescatando del olvido sus nombres y sus historias. En su vigésimo aniversario, la entidad no solo echa la vista atrás, sino que refuerza su actividad con una intensa agenda cultural y prepara, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, un nuevo símbolo de recuerdo en la ciudad.

El presidente de la asociación y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, Julio Fernández, ha destacado la importancia de este aniversario y la fluida relación con el consistorio salmantino. El proyecto más inmediato es un memorial en el paseo fluvial en homenaje a los 36 salmantinos deportados a campos de concentración nazis, de los cuales lograron sobrevivir 17.

Esta iniciativa, financiada íntegramente por el Ayuntamiento con un coste que supera los 30.000 euros, ha sufrido un retraso respecto a la planificación inicial debido a problemas con la adjudicación artística. Sin embargo, ya cuenta con un nuevo escultor asignado y, según confirma Fernández, la nueva previsión es que sea una realidad en los primeros meses de 2026, previsiblemente en torno a febrero o marzo.

El apoyo municipal y las huellas en la ciudad

Fernández ha puesto en valor que el Consistorio salmantino "siempre ha colaborado mucho y bien" con la asociación. Este nuevo monumento se suma a otros hitos financiados por las arcas municipales, como el monolito situado en el cementerio San Carlos, en cuya tapia fueron fusiladas 143 personas tras consejos de guerra.

Asimismo, el Ayuntamiento ha costeado la instalación de las 'Stolpersteine', placas que recuerdan a las víctimas del nazismo que sufrieron la deportación a campos de concentración. Estas placas doradas ya marcan aceras en varios pueblos de Salamanca, así como en la capital, recordando dónde vivieron los vecinos deportados a campos como Mauthausen. Las ubicaciones incluyen el barrio de Pizarrales, la calle Escoto, la calle Osadía y dos placas situadas en el Instituto Fray Luis de León, en memoria de antiguos alumnos originarios de Tamames y Alba de Tormes.

Agenda cultural y calendario de la memoria

La asociación mantiene inalterable su calendario de homenajes en el cementerio de Salamanca, pero ha reforzado su actividad cultural para este aniversario, proyectando una serie de documentales que reflejan lo sucedido en España durante el Golpe de Estado, la guerra civil y la posterior dictadura con fechas inmediatas, además de la presentación de libros u obras teatrales; también el investigador de la entidad prepara un futuro libro monográfico sobre los represaliados.

A esto se suman los actos tradicionales que realiza cada año: el recuerdo a Unamuno, el homenaje a la Segunda República y el tributo a los fusilados en la tapia del camposanto.

La radiografía de la represión: 1.250 víctimas confirmadas

El trabajo de investigación de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia durante estos veinte años ha permitido trazar un mapa detallado de la represión en la provincia. Según los datos recopilados, la cifra total de víctimas mortales documentadas asciende a unas 1.250 personas, muchos cuerpos aún están sin recuperar. Más de 170 personas fueron ejecutadas tras consejos de guerra, alrededor de 600 víctimas asesinadas en "detenciones ilegales", unas 300 personas muertas en las 'sacas de la cárcel"', además de los fallecidos en prisión por enfermedad o suicidio, detalle Fernández.

En su compromiso con el rigor histórico, el presidente de la asociación subraya que el listado incluye también a 21 víctimas de un bombardeo republicano ocurrido el 21 de enero de 1938, entre ellas una niña. "En la guerra civil hubo barbaridades por los dos bandos y lo reconocemos siempre", ha afirmado, matizando que la diferencia fundamental radica en que "cuando termina la guerra, la única represión fue de un lado y esa es la que no se ha visibilizado".

La batalla pedagógica

La labor educativa se ha convertido en un pilar esencial. Fernández celebra que asignaturas universitarias como la Clínica Jurídica de Acción Social en la USAL, que incluye una línea de memoria democrática, estén acercando a los estudiantes a esta realidad mediante la lectura de biografías de represaliados.

No obstante, el catedrático se muestra crítico con el enfoque del sistema educativo general en etapas previas. Denuncia que, a menudo, los programas escolares cometen el error de meter "en la misma lección" y "en el mismo cajón" a la Segunda República y a la Guerra Civil, "presentándolo todo como un desastre conjunto". "No tiene nada que ver. La República fue un intento de sistema democrático constitucional muy avanzado", defiende.

Para explicar la ilegitimidad del golpe del 36 a los más jóvenes, Fernández utiliza una analogía con la Transición: "¿Hubiera estado justificado un golpe de Estado en 1981 por la violencia terrorista de ETA? No. Pues tampoco en el 36. El sistema democrático, si tiene imperfecciones, hay que perfeccionarlo, no resolverlo por la fuerza".

Exhumaciones: pausa técnica ante la intervención estatal

En el ámbito de la recuperación de cuerpos, la asociación atraviesa un momento de transición administrativa. Tras haber realizado intervenciones en localizaciones como Pelabravo o el Monte de La Orbada, Fernández ha confirmado que las labores de exhumación gestionadas por la entidad se encuentran actualmente en 'standby'.

Esta pausa responde a una directriz del Gobierno central, que ha comunicado su intención de asumir directamente la dirección y ejecución de las exhumaciones. Según explica el presidente, se les ha indicado que no continúen con nuevas aperturas de fosas de forma autónoma mientras el Estado organiza este proceso. No obstante, Fernández aclara que esto no supone una desvinculación: se prevé que, una vez el Gobierno inicie los trabajos, estos se realicen en estrecha colaboración con la asociación, aprovechando su conocimiento del terreno y de las familias.

Mientras tanto, la investigación documental continúa en casos emblemáticos como el de Atilano Coco, pastor protestante y amigo de Unamuno. Fernández recuerda la firma reciente de un convenio con la Iglesia Anglicana para intentar localizar sus restos, aunque la tarea es "extremadamente ardua". Las dificultades en zonas como el monte de La Orbada radican en la antigua división administrativa -que ampliaba el término municipal hasta la provincia de Zamora- y en el hecho de que muchas familias recuperaron cuerpos de manera particular y silenciosa en el pasado. Actualmente, ciertas sospechas de ubicación apuntan también a la carretera que une Doñinos con Golpejas.

Ante la pregunta de cuántas personas pueden quedar aún por recuperar en las fosas comunes de la provincia, Fernández admite la imposibilidad de ofrecer un censo exacto, aunque reconoce que la cifra debe ser "bastante" elevada, dada la falta de registros oficiales sobre los enterramientos irregulares.

Perspectiva jurídica y herencia del trauma

Desde su cátedra de Derecho Penal, Julio Fernández aporta una visión jurídica clave para entender la magnitud de la represión, recordando que el Código Penal de la democracia no se aprobó hasta 1995. Como ejemplo de esa "represión legalizada" que pervivió décadas, cita el delito de adulterio, vigente hasta 1978, que castigaba con penas de cárcel a las mujeres bajo criterios discriminatorios respecto a los hombres.

Para el presidente de la asociación, existe una diferencia fundamental entre el conflicto bélico y lo que vino después. Fernández establece una comparativa con la Segunda Guerra Mundial: "Allí se cometieron atrocidades inimaginables, pero la guerra acabó y se resolvió. En España, cuando terminó la guerra, comenzó una represión unilateral y durísima que impidió cerrar las heridas".

Detrás de las leyes y los datos estadísticos hay tragedias familiares concretas. Fernández recuerda casos conmovedores como el del abuelo de Luisa, expresidenta de la entidad: un sindicalista de UGT y electricista, padre de nueve hijos, que fue ejecutado junto a uno de sus vástagos tras un consejo de guerra sumarísimo. Sus cartas de despedida, escritas desde la capilla antes de ser fusilados, se conservan hoy como un testimonio desgarrador de la indefensión de las víctimas.

Incluso en su propia historia familiar, Fernández comparte relatos que ilustran el trauma transversal de la guerra. Rememora la confesión de un primo hermano de su abuela, quien, siendo apenas un joven de 20 años reclutado por el bando franquista, fue obligado a formar parte de un pelotón de ejecución. Una vivencia traumática de tener que disparar "a gente que era como tú" y que le acompañó durante el resto de su vida.

Veinte años después de su fundación, la Asociación Salamanca Memoria y Justicia insiste en que su meta no es la revancha. Fernández es tajante al afirmar que iniciar procesos penales hoy "no tiene sentido". El objetivo final cumple con cuatro principios innegociables y necesarios para la salud democrática: "Memoria, dignidad, justicia y reconocimiento".