El PP de Salamanca presenta en Vitigudino su campaña contra la tasa de basuras

El secretario general del Partido Popular de Salamanca, David Mingo, ha calificado este lunes el nuevo impuesto sobre residuos del Gobierno de Pedro Sánchez como un "tasazo ideológico" y "una estafa" con un único "afán recaudatorio". Lo ha hecho en Vitigudino, durante la presentación de la campaña de los populares contra esta medida, en un acto en el que ha estado arropado por alcaldes y concejales populares de la comarca, además de por la vicesecretaria provincial de Organización, Pilar Sánchez, y la concejala local, Luisa de Paz.

Ante los representantes municipales, Mingo ha denunciado que la nueva ley de residuos, que obliga a los ayuntamientos a repercutir el 100% del coste del servicio a los vecinos, se fundamenta en una premisa falsa. "Fijaos, todo esto se basa en una estafa, que al final es una mentira, que es algo que define a este gobierno de manera concurrente y contumaz", ha afirmado con rotundidad.

El dirigente popular ha desmontado el argumento del Ejecutivo central de que la medida es una imposición de la Unión Europea. Según ha explicado, la directiva comunitaria que establece el principio de "quien contamina, paga" no obliga a que el coste se traslade íntegramente a la ciudadanía. "En ninguna parte de esa directiva establecía que se tenía que íntegramente repercutir al vecino al 100 por 100 de ese coste. Eso no lo dice en ningún sitio. Eso lo dice el gobierno en la ley con sus socios cuando la pacta", ha sentenciado.

Un ataque a la autonomía municipal

Uno de los puntos más críticos de su intervención ha sido la defensa de la autonomía local, que considera gravemente amenazada por esta ley. Mingo ha lamentado que se arrebate a los alcaldes y concejales la capacidad de decidir sobre sus propias cuentas y sobre la presión fiscal que aplican a sus vecinos, independientemente de si la situación económica del Consistorio es o no "boyante".

"De un plumazo se ha encargado la autonomía municipal. De un plumazo obligan a que el 100 por 100 del coste de esta barbaridad se repercuta íntegramente al vecino de cada uno de vuestros pueblos", ha criticado. Para Mingo, esta imposición convierte a los ayuntamientos en meros ejecutores de una política fiscal decidida desde Madrid, sin margen de maniobra.

Además, ha subrayado la injusticia de la medida, ya que este incremento fiscal no se traducirá en una mejora del servicio. "¿Qué reciben a cambio? Aquí no se recibe absolutamente nada. Lo que se hace es que el dinero pasa de estar en vuestros bolsillos al bolsillo del gobierno de la nación", ha aseverado, insistiendo en que el único objetivo es "engrosar las arcas del estado".

La "broma" de aplicar la ley en la España rural

El secretario general del PP salmantino también ha puesto de manifiesto la inviabilidad de aplicar la norma en los pequeños municipios, evidenciando un profundo desconocimiento de la realidad rural por parte del Gobierno. La ley exige estudios para determinar quién contamina más, una tarea que Mingo considera imposible para consistorios con recursos humanos muy limitados.

"¿Qué capacidad tenemos para hacer un estudio sobre quién contamina paga más? ¿Quién contamina más? ¿Cómo se calcula eso?", se ha preguntado retóricamente. "Con un secretario y un alguacil, ¿qué estudio se va a hacer? ¿Qué broma es esta? Esta gente desconoce completamente la España rural", ha añadido, describiendo la situación como una "barbaridad".

Por todo ello, el Partido Popular exige la paralización inmediata de la aplicación de la tasa. Mingo ha recordado que su formación ya logró aprobar una iniciativa en el Senado para frenarla, pero que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "metió en un cajón".

Devolver la capacidad de decidir a los pueblos

La principal reivindicación de los populares es que se devuelva a los ayuntamientos la potestad para gestionar sus servicios y decidir qué parte del coste repercuten en los ciudadanos. "Que nos den la autonomía para poder decidir qué se repercute al vecino o qué no, o tomar la decisión que nosotros queramos, porque somos una administración tan autónoma como el gobierno de España, no somos menos que el gobierno de España", ha defendido Mingo.

Finalmente, ha animado a los alcaldes y concejales presentes a defender los intereses de sus vecinos frente a una medida que considera una "cuestión de justicia social". Ha concluido su intervención con una crítica a quienes "hablan de justicia social, pero luego no tienen ni idea de lo que es la gente de la calle", instando a los cargos del PSOE a escuchar a los pueblos y paralizar una ley que atenta contra el municipalismo y el bolsillo de los ciudadanos de la comarca de Vitigudino y de toda la provincia.