La Guardia Civil de Salamanca, "bajo mínimos" con un déficit de 150 agentes

La Guardia Civil en Salamanca opera bajo mínimos. Con un déficit de entre 140 y 150 agentes sobre el catálogo oficial de 898 efectivos, la capacidad del Cuerpo para garantizar la seguridad en una provincia extensa y con una población muy dispersa se ve seriamente comprometida. Esta es la cruda radiografía que dibuja Tomás Herrera, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Salamanca y Castilla y León, quien afirma que el servicio se mantiene a flote gracias al sobreesfuerzo de una plantilla envejecida y mermada.

La falta de personal es, según Herrera, el origen de una cascada de problemas que afectan directamente al ciudadano. "La falta de personal es increíble. No tenemos personal, la gente está envejecida, no se realizan ingresos como se realizaban masivamente antes", lamenta. Esta situación, agravada por un ritmo de jubilaciones muy superior al de las nuevas incorporaciones -que están muy lejos de las promociones masivas de hasta 5.000 agentes de décadas pasadas, tiene una consecuencia directa e inevitable. "¿Qué conlleva todo esto? Pues conlleva, evidentemente, la falta de servicio a la sociedad", sentencia.

Uno de los problemas más sangrantes derivados de esta escasez es la ausencia de un sistema de turnos de trabajo regulado, una reivindicación histórica de la AUGC. A diferencia de la Policía Nacional, que cuenta con un sistema establecido de turnos 6x6 (seis días de trabajo por seis de descanso) desde hace años, en Salamanca solo una unidad de la Guardia Civil, la de traslado de presos de Topas y con turnos de 12 horas, disfruta de esta organización. Para paliar esta carencia, que obliga a cubrir servicios a costa del tiempo libre de los agentes, la AUGC propone la creación de una "bolsa de trabajo". Esta medida permitiría a los guardias civiles que se encuentren libres apuntarse voluntariamente para realizar servicios especiales a cambio de una remuneración, en lugar de depender de su buena voluntad.

Reorganización de cuarteles frente a la dispersión

La provincia de Salamanca presenta un desafío geográfico considerable, con multitud de municipios pequeños y dispersos. La estructura actual de acuartelamientos, con muchas unidades pequeñas y con un personal mínimo, agrava el problema. "Tenemos acuartelamientos muy pequeños, muy dispersados por la provincia, pero con poco personal", explica el secretario de AUGC. En ocasiones, la falta de efectivos obliga a formar patrullas con agentes de distintos puestos, como Tamames y La Alberca, para poder salir a la calle.

Esta falta de servicio se traduce en situaciones que el ciudadano percibe directamente. Herrera pone un ejemplo gráfico: "Tú imagínate que te llaman, estás en Salamanca, porque ese día la patrulla sale de Salamanca y tienes que ir a Villarino de los Aires. Echa cuentas, cuánto vas a tardar", explica. Al llegar, el agente se encuentra con la lógica frustración del ciudadano, una impotencia compartida por el propio guardia que ha recorrido casi 100 kilómetros para atender la incidencia.

Para atajar esta ineficiencia, la AUGC ha propuesto desde hace tiempo una reorganización profunda de los cuarteles. La idea es concentrar al personal en unidades más grandes y operativas, como las de Santa Marta, Béjar, Ciudad Rodrigo o Vitigudino, que son las únicas que actualmente abren 24 horas. "Si tú tienes 60 personas en el cuartel de Vitigudino, al final vas a sacar cinco patrullas", ha argumentado Herrera. Sin embargo, esta propuesta choca con un obstáculo inesperado: la resistencia de los alcaldes de los pueblos pequeños.

Herrera ha señalado el "hándicap" que suponen los regidores locales, que se aferran a la presencia simbólica del cuartel. "Les intentamos explicar que no porque exista un cuartel en el pueblo van a tener mejor servicio. Porque en ese cuartel está la bandera, está el cuartel, pero no hay personal", critica. Para la AUGC, es más útil tener patrullas en la carretera que un edificio vacío.

Una "anomalía democrática" y una profesión sin reconocer

Más allá de los problemas operativos, la Guardia Civil arrastra reivindicaciones de carácter profesional y legal que, según Herrera, los anclan en otra época. La más grave es la sumisión al Código Penal Militar. Los agentes pueden ser juzgados por la jurisdicción militar por una simple desavenencia con un mando, algo impensable en cualquier otro cuerpo policial civil. "Esto supone una anomalía democrática que vulnera todos los derechos fundamentales y genera un clima de seguridad jurídica intolerable", denuncia. Una situación que se ha intentado cambiar repetidamente, topándose, según Herrera, con el rechazo del PSOE a nada más y nada menos que 56 enmiendas.

A esta situación se suma la negativa del Gobierno a reconocer la Guardia Civil como profesión de riesgo, a pesar de los peligros evidentes que afrontan a diario, como ha quedado patente en sucesos como el asesinato de dos agentes en Barbate. Herrera ha subrayado la incomprensible discriminación respecto a otros Cuerpos. "Si la profesión de riesgo la tiene un policía local o la tiene un ertzaina o un mosso d'esquadra, ¿por qué no la Policía Nacional y la Guardia Civil? Somos las dos policías estatales", ha cuestionado.

A pesar de las mejoras en material en los últimos años, todavía persisten carencias, como vehículos con un elevado kilometraje o cuarteles en mal estado. Esta dedicación se enfrenta a una carga de trabajo que desmiente la imagen de provincia tranquila. Según los datos aportados por Herrera, solo entre los puestos de Santa Marta de Tormes y Villares de la Reina, que cubren la mayor parte del alfoz, se gestionan aproximadamente 5.000 diligencias anuales, una cifra que evidencia la intensidad del servicio.

Con todo, para Tomás Herrera, quien subraya que los representantes de AUGC no son "liberados" y conocen los problemas "en sus propias carnes" al seguir patrullando, el principal pilar que sostiene la seguridad en la provincia es el compromiso de sus compañeros. "La mayoría de las cosas salen porque los guardias civiles tenemos el ímpetu, esa fe que nos mueve por hacer un trabajo lo mejor que podemos, pero no porque el Gobierno nos lo ponga fácil", concluye. Una dedicación que suple, día a día, la falta de medios y de reconocimiento institucional.