"Somos un pilar básico". Los técnicos de emergencias de Salamanca denuncian la situación precaria que vive el sector
Imagen de archivo de una concentración del sector en Salamanca. En pequeño, José María García y una pancarta de la concentración
El sindicato SP-TES reclama la internalización del servicio y el reconocimiento de su categoría profesional para frenar una precariedad que aboca a la mitad de la plantilla al salario mínimo
Hartazgo y lucha son dos sinónimos que definen a la perfección la situación que viven los Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias en Salamanca y en el resto de Castilla y León. Encargados de atender cerca del 85 % de las emergencias y urgencias de Castilla y León y, en muchos casos, son la primera cara que ve un paciente al entrar en el sistema público de salud. Sin embargo, la realidad laboral de los Técnicos se encuentra en un punto crítico, según denuncia el Sindicato de Profesionales del Transporte y Emergencias Sanitarias (SP-TES) en Salamanca, en el que trabajan cerca de 400 personas en Salamanca y casi 3.500 en toda la comunidad.
La organización sindical ha vuelto a alzar la voz para señalar una situación que consideran insostenible, marcada por tres reivindicaciones fundamentales: la precariedad salarial, la falta de reconocimiento profesional y un modelo de gestión privatizado que, aseguran, lastra tanto a los trabajadores como al propio servicio público.
Precaridad salarial
José María García, representante de SP-TES en Salamanca, detalla un panorama laboral que sitúa a la comunidad a la cola del país. "Seguimos con los salarios más bajos de España, en Castilla y León y en Salamanca. La mitad de la plantilla está cobrando el salario mínimo interprofesional", asegura García. Esta situación, que califica de "bastante irrisoria" para una profesión esencial, obliga a muchos profesionales a buscar alternativas para subsistir. La consecuencia directa es una precariedad que va más allá del puesto principal. "Muchos de nosotros tienen que tener un segundo trabajo porque no se llega a final de mes", subraya. Esta realidad no solo afecta a la economía de los trabajadores, sino que tiene un impacto directo en la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario regional.
La diferencia de condiciones laborales es notable en comparación con otras regiones. Mientras en Castilla y León una parte importante de la plantilla percibe el salario mínimo, en comunidades como Madrid los sueldos se acercan a los 1.700 euros y en el País Vasco pueden rondar los 2.000 euros. Esta disparidad es un incentivo para que los profesionales formados en la comunidad busquen mejores oportunidades fuera. "Lo que está ocurriendo en Castilla y León es que, por lo menos en nuestro sector, la gente se va a otras comunidades por el sueldo y por las condiciones laborales", lamenta el portavoz sindical. Esta emigración de personal cualificado choca frontalmente con "las políticas de la Junta de Castilla y León orientadas a combatir la despoblación", asegura.
Desde el sindicato señalan que mejorar las condiciones de este colectivo podría ser una herramienta eficaz para asentar población. "La Junta, que tiene una oportunidad muy buena de fijar población, no la está sabiendo aprovechar", afirma García. Argumenta que, al haber "muchas ambulancias que están en pueblos pequeños", se podría facilitar que los trabajadores, en su mayoría jóvenes, pudieran "fijar población dentro de esas localidades pequeñas", un objetivo que, según critica, la administración no está sabiendo aprovechar.
La internalización del servicio
Para SP-TES, la solución a gran parte de estos problemas pasa por un cambio en el modelo de gestión. Su principal reivindicación es la internalización del transporte sanitario para que sea de gestión 100 % pública. "Creemos que no es lo más conveniente que esto lo gestionen empresas privadas. Por eso nuestra idea es que este servicio tiene que estar internalizado", defiende José María García.
El sindicato pone como ejemplo los modelos de Baleares, Navarra, Madrid o Andalucía, donde los servicios ya son de gestión pública. Argumentan que, además de mejorar las condiciones laborales, la internalización resultaría más económica para las arcas públicas. "Ese margen de ganancia que tiene que tener por ley la empresa privada, ya se lo estaría ahorrando la administración pública", detalla García, eliminando así un coste que no revierte directamente en la calidad del servicio.
A pesar de haber presentado la propuesta a diferentes grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León, la iniciativa no ha prosperado. "Ha habido algún grupo parlamentario que lo ha propuesto, siempre como una proposición no de ley, y siempre ha sido rechazado", explica García.
6.500 profesionales sin reconocimiento oficial
La tercera gran batalla del colectivo, que agrupa a cerca de 6.500 profesionales en toda la comunidad, es el reconocimiento de su categoría profesional. A pesar de que la figura del Técnico en Emergencias Sanitarias está regulada por un real decreto que recientemente cumplió 18 años, y de que la propia administración exige esta titulación en los pliegos de los concursos, la categoría no está reconocida oficialmente.
"La administración pública no nos reconoce como técnicos de emergencias sanitarias. No hay un reconocimiento de la categoría profesional", denuncia García. Esta falta de reconocimiento, sumada a los bajos salarios y la gestión privada, conforma lo que describe como un "callejón sin salida" para el que no reciben soluciones.
Junto a esto, existen varias "luchas diarias" por las que también siguen luchando. A pesar de las dificultades, el sindicato subraya su compromiso de continuar con sus reivindicaciones para dignificar una profesión que consideran un pilar básico del sistema público de salud. "Estamos en un callejón sin salida porque no nos dan soluciones. Pero vamos, eso no nos va a implicar el seguir luchando por ello", concluye.
