Soñé que tenía piso

Cuando se tiene el primer indicio de un proceso electoral, todos los partidos, en el gobierno o en la oposición, se hacen dueños exclusivos del Título I de nuestra Constitución: “De los derechos y deberes fundamentales”. A fuer de sincero, les sacan más brillo a los derechos que a los deberes. No habrá mitin en el que no se prometa alcanzar los máximos niveles de bienestar en lo referente a los tres pilares del bienestar: educación, sanidad y vivienda. Se considera que, asegurados los tres, es señal de que se han puesto los medios para alcanzar el ansiado bienestar.

Con ser importantes los tres, hoy queremos comentar el peliagudo problema que padecen las personas que necesitan vivienda. Constituye un buen termómetro del malestar que se respira en nuestra sociedad. La indiscutible dificultad para acceder a un piso, ya sea para comprarlo o para alquilarlo a un precio razonable, constituye un quebradero de cabeza para jóvenes y para no pocas familias. De hecho, en las grandes ciudades, los precios han llegado a ser incompatibles con un salario medio. La alternativa de acceder a una vivienda en alquiler está fuera del alcance de muchos españoles. Ante una situación como ésta, los gobiernos no pueden mirar para otro lado porque están faltando al deber que también les señala la Constitución.

Antes de nada, hay que reconocer que el problema no es reciente ni se trata de un caso aislado. Los españoles hemos apostado por un modelo basado en la propiedad privada y en acudir al motor económico que supone la construcción masiva de viviendas. Ahora bien, todo debe hacerse con una verdadera planificación que evite la paradójica situación actual : existen viviendas vacías para una generación de españoles que no tiene capacidad económica para emanciparse.

En este problema, la política de todo Gobierno debería descansar en un precepto de obligado cumplimiento: Garantizar a todo español el derecho a una vivienda digna como un bien social, no como consecuencia de la especulación. Lógicamente, para llegar a esa máxima, habría que cambiar algunos postulados. Está claro que existe una escasez de viviendas asequibles, a la vez que coexiste el mundo financiero que presiona sobre el valor del suelo y de los alquileres.

Sin ser especialista en la materia, parece lógico pensar que una de las primeras medidas debería ser el ambicioso aumento del número de viviendas de titularidad pública o social. Hay países europeos que cuentan con un parque del 20 % de este tipo de viviendas, cuando en España apenas superamos el 2 %. Para vergüenza de los gobiernos que han manejado los Presupuestos Generales desde que estamos en democracia, deben reconocer que se ha construido un número insignificante de viviendas protegidas comparado con las levantadas cuando los españoles no pagábamos impuestos. Viviendas que siguen en pie mostrando un cartel del Instituto Nacional de la Vivienda, hasta que algún cerebro eche mano de la Memoria Histórica Asimétrica y decida prohibirlo.

Volveremos a escuchar de boca de los mitineros de siempre la promesa de construir no sé cuántos cientos de miles de viviendas VPO. Aún no se han encontrado las 800.000 ( ¿800 ó 1000?) que prometió Felipe González, las que se adjudicó Pedro Sánchez en 2023 o las que ha pregonado la derecha en sus feudos. La gente ya no muere de espanto – una cosa es pregonar y otra bien distinta dar trigo- aunque sigue votando con los ojos cerrados y la nariz tapada.

Otra medida a tomar sería reformar la legislación en los aspectos fiscal y urbanístico. Tanto el Gobierno como las Autonomías y los Ayuntamientos, han dependido en demasiadas ocasiones de los ingresos derivados del ladrillo. Esto ha originado un urbanismo a corto plazo, ajeno a las verdaderas necesidades de la población. Lo mismo se puede decir del mercado de alquiler, que necesita otra legislación más apropiada, no la elaborada a golpes. El intento de limitar los precios en según qué zonas puede tener efectos positivos, pero también riesgos si no se acompaña de más oferta pública y de incentivos adecuados para pequeños propietarios. Mientras no se modifique el artículo 33 de nuestra Constitución en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada, se debe vigilar la especulación de fondos y plataformas que acumulan viviendas, pero no es de recibo asfixiar al propietario medio que alquila como complemento de ingresos.

Los jóvenes españoles destinan más del 40 % de su salario al alquiler y tardan de media más de 30 años en poder comprar un piso, Si el Gobierno quiere ofrecer futuro a esa generación, debe combinar las políticas de vivienda con medidas de empleo estable, salarios dignos y ayudas específicas a la emancipación. De lo contrario, la vivienda seguirá siendo una utopía y la natalidad continuará desplomándose.

España necesita un pacto de Estado que compagine una regulación eficaz y una responsabilidad social con la inversión pública. Será el primer paso para solucionar el grave problema que nos ha llevado a la errónea creencia de que , por sí solo, se acabará proporcionando un techo a todo el que lo necesite.