No Ricardo, ni estaba mal redactada, ni estaba fuera de plazo, ni es imposible.

He de reconocer que la semana pasada me quedé perplejo ante la inadmisión pactada por PP y VOX en la Mesa de las Cortes de la moción de UPL que pretendía debatir en el pleno la posibilidad de que se celebre una consulta popular en León, Salamanca y Zamora sobre la formación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa.

Una perplejidad que se vio aumentada porque no recuerdo el rechazo a la admisión de ninguna moción ni proposición no de ley en las Cortes autonómicas desde que tengo uso de razón. Algo en lo que coincido con el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, que declaraba que la inadmisión “es algo inaudito, la primera vez que una moción no se debate al menos desde que yo estoy aquí”. Y en un sentido parecido se postulaba el procurador de Podemos, Pablo Fernández, que hablaba de “tropelía sin precedentes” y que “no he visto nada igual”, señalando que la moción de UPL se ha inadmitido porque “a la Mesa no le gusta el motivo político”.

En todo caso, si dicha inadmisión por parte de la Mesa de las Cortes me resultó sorprendente, más aún me lo parecieron los razonamientos de PP y VOX para justificar ese rechazo a que pudiese ser debatida esa moción, es decir, para que un parlamento político pudiese debatir sobre una cuestión política.

En este aspecto, el portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, señalaba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que “la moción estaba mal redactada, fuera de plazo y planteaba una acción de imposible cumplimiento”. Tres mentiras en una sola frase. Para quitarse el sombrero. Vayamos por partes.

En primer lugar, la moción se registró por UPL el viernes 26 de septiembre a las 10:27 horas (con número de registro 4976), es decir, dentro del plazo marcado por el Reglamento de las Cortes en su artículo 154.2 para registrar una moción, que debe ser “en los tres días siguientes al de la sustanciación de aquélla en el Pleno”, cuando el pleno se celebró en los días 23 y 24 de septiembre. Por lo que se registró en tiempo y forma.

En segundo lugar, Gavilanes aludía, cual académico de la RAE, a que la moción estaba “mal redactada”. Y ciertamente, cabe preguntarse a qué se refería con ello, porque los antecedentes y la resolución tienen una redacción correcta. Cuestión aparte sería que hubiese manifestado que no está de acuerdo con lo propuesto, que jurídicamente discrepase de su viabilidad u otra cuestión, pero mal redactada… ¿En serio, Ricardo?

Ahora bien, quien se coronó en sus declaraciones fue el portavoz de VOX, David Hierro, quien metido en el papel de macarra que cree saber encarnar hizo alusión a UPL diciendo que “no sé si el futuro de León es muy prometedor en manos de esta gente”. Una lección que es curioso pretenda darla alguien que no está siendo capaz ni de mantener unido su partido en su provincia, Palencia, ni tampoco en las Cortes, donde VOX ya ha perdido dos procuradores que han pasado a ser no adscritos. Enhorabuena David, lo estás bordando como portavoz.

En tercer lugar, el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, señalaba que la consulta popular por la autonomía de la Región Leonesa es “una acción de imposible cumplimiento”. Y ciertamente, posible es, aunque tuviese que mediar la aprobación de legislación complementaria para fijar las condiciones de la consulta, dando desarrollo en este aspecto a lo que recoge el artículo 27.1.e) del Estatuto de autonomía, que faculta al Presidente de la Junta a convocar consultas populares. En todo caso, es curioso que transcurridos 18 años desde la aprobación de este precepto del Estatuto, la Junta aún no haya tenido tiempo de impulsar legislación complementaria alguna, ni para este caso concreto, ni para cualquier tipo de consulta popular en la comunidad.

Y he aquí donde puede estribar el meollo de la cuestión. En este aspecto, como viví en primera persona ciertos episodios, me gustaría explicarlos. Este miércoles, como miembro de UPL, recibía una llamada de la Letrada Mayor de las Cortes, señalándome que le generaba dudas de cara a la admisión de la moción el hecho de que no existía legislación complementaria sobre las consultas populares en la comunidad que recoge el Estatuto, por lo que me señaló que resultaría conveniente hacer una pequeña ampliación de la propuesta de resolución para incluir que se acometiesen “las reformas legislativas necesarias” para desarrollar una consulta popular sobre la autonomía en León, Salamanca y Zamora.

Como digo, la llamada de la Letrada Mayor de las Cortes fue el miércoles 1 de octubre, cinco días después de haberse registrado la moción (el 26 de septiembre). En principio, se nos dijo que con esa ligera modificación, por la vía de corrección de errores, no habría ningún problema para su admisión por parte de la Mesa de las Cortes, que se iba a celebrar al día siguiente, el jueves 2 de octubre. Por ello, valoramos como procedente acometer a esa modificación en base a lo que nos trasladaba la Letrada Mayor tanto respecto a la modificación como en la forma de hacerlo, ya que consideramos que no se alteraba lo que se estaba solicitando en la propuesta de resolución, que era la consulta popular.

Pues bien, para nuestra sorpresa, el PP y VOX rechazaban este jueves la admisión del escrito que nos había planteado hacer la Letrada Mayor, al considerar que “alteraba sustancialmente” (en palabras de Gavilanes) la resolución planteada, afirmando además PP y VOX que ese escrito debía ceñirse al plazo de presentación de mociones, aunque el Reglamento no recoge este hecho. Hecho curioso este, cuando por ejemplo en el anterior pleno se admitió un escrito de corrección de errores de VOX registrado el día antes de iniciarse el pleno, mientras que el de UPL que se rechazó fue registrado faltando seis días para el pleno. No obstante, como decía Luis Mariano Santos tras la Junta de Portavoces: “Lo que sirve para VOX no sirve para UPL”.

De este modo, el escrito para la inclusión del matiz que planteaba la Letrada Mayor y aceptado por UPL fue rechazado por PP y VOX en la Mesa, que votó posteriormente la propuesta de resolución inicial, que reclamaba “Instar al Presidente de la Junta a que, en base a la potestad que le atribuye el artículo 27.1.e) del Estatuto de autonomía, proponga la celebración de una consulta popular en las provincias de León, Salamanca y Zamora, relativa a la posible creación de una comunidad autónoma de la Región Leonesa que las integre, dentro de la unidad de la nación española y conforme a lo establecido en los artículos 2 y 143 de la Constitución, de cara a que en el caso de que los ciudadanos de estas provincias se posicionasen de forma favorable a crear dicha comunidad autónoma, se proceda a acometer las reformas legales necesarias en el Estatuto que permitan conformar dicha comunidad autónoma, ya fuese impulsándose dicha reforma por iniciativa de la Junta o de las Cortes autonómicas, de acuerdo con la potestad que atribuye el artículo 91.1 del Estatuto a ambas instituciones en cuanto a la iniciativa de la reforma del Estatuto de autonomía.”

Resulta obvio, en todo caso, que aunque el Presidente de la Junta convocase esa consulta en base a la potestad que le confiere el artículo 27.1.e) del Estatuto, de forma implícita se sobreentiende que antes de llevarse a cabo la misma se deberían fijar los condicionantes, ya fuese en una Ley ad hoc para este caso concreto, o mediante una Ley con condicionantes generales para todas las consultas populares que pudiesen darse en la comunidad, debiendo recogerse en la convocatoria de consulta la pregunta concreta, las circunscripciones en que se desarrollaría, los mínimos exigidos que pudiesen establecerse de apoyo y participación para considerarla válida, etc.

Sin embargo, aunque esto resulta una obviedad y la Junta podría impulsar para este caso concreto de forma previa a la convocatoria una Ley ad hoc, esto no ha sido tomado así por los grupos de la Mesa de las Cortes, seguramente porque el objeto de una consulta por la Región Leonesa no es de su agrado. El resultado ya se sabe, el bloqueo de PP y VOX a la iniciativa con la abstención del PSOE, y contando por medio con las reticencias de la Letrada Mayor, reacia a admitirla por no estar desarrollada una legislación complementaria con condicionantes para celebrar consultas populares.

Todo ello, eso sí, después de haberse admitido en esta misma legislatura por la Mesa de las Cortes de Castilla y León mociones y proposiciones no de ley con puntos que requieren de modificar legislación, desarrollar una complementaria o que directamente chocarían con la legislación actual, como la iniciativa de VOX que se debatió hace un mes que hablaba de acometer la “inmediata expulsión” de inmigrantes, partido que en este pleno lleva en un punto de una proposición no de ley la petición de “proceder a la ilegalización de todos aquellos partidos separatistas que trabajen activamente por la desaparición de España”, algo inviable con la legislación actual y que presumiblemente requeriría incluso de una reforma constitucional.

Pero ciertamente, cuando no hay voluntad política para escuchar al pueblo, lo que se buscan son excusas peregrinas para no enfrentarse a su voz y se elude legislar para facilitar que pueda ser escuchado. Curiosa forma la que han encontrado PP y VOX para despreciar al pueblo leonés, el guardián de esa Cuna del Parlamentarismo que carece de parlamento autonómico por obra y gracia de Martín Villa, Peces Barba, y ahora al parecer también por la de Carlos Pollán y Francisco Vázquez, muñidores de su mismo pelaje en la Mesa de las Cortes birregionales.

¿Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?