Renovado el convenio de asistencia jurídica gratuita en municipios de menos de 1.000 habitantes

La Diputación de Salamanca y el Colegio de la Abogacía de Salamanca han reforzado su alianza histórica para garantizar que ningún municipio de la provincia, por pequeño o vulnerable que sea, se encuentre indefenso ante un procedimiento legal. En un acto celebrado en el palacio de La Salina, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el decano del Colegio, Miguel del Castillo, han presentado la renovación y mejora de un convenio de colaboración que blinda la asistencia jurídica gratuita para las localidades con menos recursos, un verdadero escudo protector para el corazón de la 'España vaciada' salmantina.

Este acuerdo, que se ha calificado como fundamental, busca dar un paso más allá en el apoyo que la institución provincial ya presta a los ayuntamientos. "Lo que queremos es garantizar que ningún municipio de la provincia de Salamanca, por muy pequeño que sea, quede desprotegido en materia legal", ha afirmado con rotundidad Javier Iglesias durante la presentación. El objetivo es claro: que la falta de medios económicos o de personal especializado no sea un impedimento para que un consistorio pueda defender sus intereses en la vía civil, penal o administrativa.

Un convenio reforzado para llegar más lejos

La principal novedad de esta renovación es el incremento de la dotación económica y la ampliación de su vigencia, lo que aporta estabilidad y seguridad a largo plazo. El convenio ha pasado de una asignación de 8.000 a 10.000 euros anuales. Además, se ha firmado por un periodo de cuatro años, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, lo que supone una inversión total de 40.000 euros.

Este esfuerzo económico está diseñado para que los ayuntamientos beneficiarios dispongan del respaldo de profesionales cualificados sin que ello suponga un coste añadido para sus arcas. Se trata de un apoyo crucial para consistorios que, en su gran mayoría, no cuentan con letrados en plantilla ni con presupuesto para afrontar litigios inesperados.

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta asistencia jurídica gratuita?

El servicio está específicamente dirigido a los eslabones más frágiles de la administración local. Podrán acogerse a este convenio los municipios con una población inferior a los 1.000 habitantes y cuyos recursos ordinarios no superen los 250.000 euros anuales. Según ha detallado el presidente de la Diputación, este perfil engloba a "la gran mayoría, el 90 y tantos por cien de los ayuntamientos de la provincia".

Se trata de una red de seguridad pensada para los más pequeños, aquellos que, a diferencia de los grandes municipios, carecen de la estructura necesaria para hacer frente a los desafíos legales que puedan surgir en su gestión diaria, desde reclamaciones de facturas hasta conflictos laborales o contenciosos administrativos.

Un servicio necesario pero poco conocido

A pesar de su importancia, uno de los retos identificados por ambas instituciones es el desconocimiento de este recurso por parte de muchos de sus potenciales beneficiarios. Por ello, la rueda de prensa ha tenido también un objetivo divulgativo. "Una de las razones por las que queremos hacer pública esta firma y este anuncio de este convenio es, precisamente, para que los ayuntamientos lo conozcan", ha explicado Iglesias.

Para reforzar esta comunicación, el diputado de Asistencia a Municipios, Santiago Castañeda, enviará una carta a todos los ayuntamientos informándoles detalladamente sobre el servicio y cómo solicitarlo. En el año 2024, ya han hecho uso de este convenio municipios como Armenteros y La Tala, cuyos procedimientos siguen en tramitación, así como Golpejas y Villar de Gallimazo, que ya han visto sus casos finalizados con éxito gracias a esta colaboración.

La vocación de servicio de la abogacía salmantina

Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía, Miguel del Castillo, ha recordado que esta colaboración no es nueva, sino que se remonta al año 2004. "Son ya más de 20 años en los que se ha desarrollado este servicio de asesoramiento jurídico", ha señalado, destacando que el acuerdo es un claro ejemplo de la vocación de servicio público de la abogacía.

Del Castillo ha citado el Estatuto General de la Abogacía Española, que encomienda a los colegios la creación de servicios de orientación jurídica para los sectores más necesitados. "Creemos que esta abogacía es crucial para proteger jurídicamente a estas instituciones", ha aseverado. Los abogados y abogadas, ha añadido, conocen la realidad del territorio, la normativa específica y las dificultades a las que se enfrentan estas pequeñas entidades locales, lo que les convierte en la "pieza esencial para su verdadera protección jurídica".

Un escudo legal para la 'España vaciada'

Ambos representantes han enmarcado el convenio en el contexto del reto demográfico. "Nos encontramos en lo que todos ahora están denominando la llamada España vaciada o la España vacía. Estamos hablando de municipios que cada vez están más despoblados, tienen menos recursos y, por lo tanto, necesitan más ayuda", ha reflexionado Miguel del Castillo.

Este servicio cubre una amplia gama de necesidades legales, como la gestión de facturas, reclamaciones de cantidad, procedimientos contencioso-administrativos o asuntos laborales con empleados municipales. En definitiva, se trata de una herramienta que proporciona tranquilidad y seguridad a alcaldes, concejales y secretarios, cuya labor, como ha reconocido Iglesias, es a menudo "difícil y compleja". Con esta firma, la Diputación y el Colegio de la Abogacía han enviado un mensaje claro: en Salamanca, ningún pueblo estará solo ante la ley.

Fotos de David Sañudo