Tráfico de seres humanos en Myanmar

Ana Paula de Arruda Ribeiro Ríos

Defensora de los derechos humanos

Además de la inestabilidad política y el régimen militar que la sociedad de Myanmar enfrenta, el tráfico de personas ha surgido como un problema particularmente insidioso, explotando a las poblaciones más vulnerables y perpetuando ciclos de abuso. Desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, la situación ha empeorado drásticamente con el trabajo forzado, la explotación sexual y las estafas cibernéticas convirtiéndose en prácticas generalizadas. Estos abusos están frecuentemente vinculados a redes de tráfico de personas que operan con una impunidad alarmante, muchas veces bajo la mirada, o incluso con la participación directa, de las autoridades militares.

El tráfico de personas en Myanmar no es solo un delito, es una industria completa. Bandas criminales, que a menudo colaboran con milicias respaldadas por los militares, han convertido la explotación de personas vulnerables en un negocio lucrativo. Según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR), se estima que 120.000 personas están siendo retenidas en complejos ubicados en las fronteras de Myanmar. Estas personas son obligadas a trabajar en operaciones de estafas cibernéticas y redes de apuestas ilegales, bajo amenazas de violencia caso no cumplan con los objetivos marcados.

Uno de los centros más notorios para estas operaciones es el municipio de Laukkai, una región fronteriza con China. En noviembre de 2023, la Alianza de los Tres Hermanos —una coalición de tres grupos étnicos armados, los ejércitos de Arakan, el Nacional Ta'ang y el de Liberación Nacional Kokang, que actúa en el Triángulo Dorado, región montañosa compartida por Myanmar, Laos y Tailandia— lanzó una ofensiva para liberar a las víctimas de estos complejos. La operación sacó a la luz la magnitud del problema, revelando que miles de personas eran retenidas contra su voluntad y obligadas a participar en estafas en línea.

Las violaciones de los derechos humanos vinculadas al tráfico de personas y las condiciones de los complejos en Myanmar son tan generalizadas como espantosas. Las víctimas son despojadas de sus libertades básicas, sometidas a trabajo forzado, explotación sexual y abusos físicos. Muchas son retenidas en condiciones deplorables, con limitado acceso a alimentos, agua y atención médica, y aisladas del mundo exterior. Las víctimas, en su mayoría jóvenes refugiados y adultos buscando espacio en el mercado laboral, son engañadas, principalmente en países vecinos como China y Vietnam, con promesas de empleos legítimos, solo para encontrarse atrapadas en una pesadilla.

El trabajo forzado es una de las formas más comunes de explotación en las redes de tráfico de personas en Myanmar. Las víctimas son obligadas a trabajar largas jornadas en operaciones de estafas cibernéticas, donde son coaccionadas para engañar a personas en línea. En el caso de que no cumplan con las cuotas o intenten escapar, son sometidas a abusos físicos y psicológicos. Luckas Santos fue víctima de tráfico en el Sudeste Asiático y relató las torturas y pesadillas que pasó durante los 3 meses que fue rehén de una mafia antes de huir al lado de centenas de otros prisioneros y rescatado por la ONG The Exodus Road. El brasileño describe que trabajaba forzosamente, en media, 16 horas por día y estaban sometidos a puniciones como electrochoques, apaleamientos y otras repetidas agresiones.

La explotación sexual es otra realidad sombría para muchas víctimas del tráfico de personas en Myanmar, especialmente las mujeres y las niñas, que son obligadas a prostituirse o vendidas como esposas. Los casos más usuales son la captura de jóvenes mujeres en campos de refugiados en las cercanías, como es la historia de Masuda, una adolescente de etnia rohingya. Fue traficada y obligada a prostituirse a los 14 años, sufriendo numerosos abusos. El caos vivido en los campos facilita la tarea de las mafias de convertir a las niñas en objetos sexuales. Masuda relata que «sabía que me iba a ocurrir, pero yo no tenía alternativa, no tenía nada para mi aquí»; es evidente que las estrategias que utilizan los traficantes para atraer nuevas víctimas son conocidas y, de igual manera, muchas, desesperadas, aceptan como una oportunidad de una vida más digna, pero la pesadilla que acaban encontrando es inimaginable.

La falta de protecciones legales y la cultura de impunidad hacen que sea casi imposible para las víctimas buscar justicia o escapar de sus captores. La junta militar de Myanmar ha desempeñado un papel significativo en facilitar el tráfico de personas, ya sea a través de la participación directa o al ignorar deliberadamente las actividades de las bandas criminales. Las unidades militares, en algunos casos, han estado directamente implicadas en el tráfico de personas, particularmente en áreas donde hay conflictos armados y son figuras fundamentales para la creación de un escenario en el que el tráfico de personas pueda prosperar. La perspectiva futura de las víctimas es afectada, además, por la falta de intervención internacional efectiva contra las redes de tráfico. Aunque algunos países, como Estados Unidos y la Unión Europea, han impuesto sanciones a individuos y empresas vinculados a los militares, estas medidas han hecho poco para impedir que esta crisis persista. Hasta entonces, Myanmar seguirá sufriendo una de las crisis de derechos humanos más graves de nuestro tiempo.