La ministra Elma Saiz insta a Mañueco a aplicar la jubilación anticipada para bomberos forestales
Ha presentado la medida en Salamanca, calificándola de "deuda histórica" pero destacando que la responsabilidad final está en manos de las comunidades autónomas
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha visitado este jueves Salamanca donde ha mencionado una medida que ha calificado de "deuda histórica" y que equipara a estos profesionales con otros cuerpos de bomberos. Sin embargo, el anuncio ha venido acompañado de una interpelación directa al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que asuma su responsabilidad y garantice la correcta aplicación de la norma.
Acompañada por los secretarios generales del PSOE de Salamanca, David Serrada, y del PSOECyL, Carlos Martínez, la ministra Saiz detalló el alcance de la nueva regulación. "Con la aprobación de estos coeficientes reductores van a poder acceder a la jubilación anticipada, incluso hasta 6 años antes de la edad ordinaria, quienes acrediten una carreras de cotización de más de 35 años", explicó.
La medida busca reconocer la peligrosidad y el desgaste de una profesión esencial, especialmente en una comunidad como Castilla y León, duramente castigada por los incendios. "El gobierno de España está y va a seguir estando acompañando a Castilla y León", afirmó la ministra, trasladando su solidaridad a todas las familias afectadas por los fuegos del pasado verano.
El encuentro sirvió también para confrontar dos modelos de gestión. David Serrada fue contundente al criticar la política del gobierno autonómico. "En los 13 últimos años, la junta de Castilla y León ha reducido un 90 por 100 el presupuesto en prevención y extinción de incendios", denunció. Además, señaló que "el 40 por 100 de los bomberos trabajan en empresas privadas", un hecho que, a su juicio, precariza el sector.
En este sentido, ha instado al presidente de la Junta de Castilla y León"a que encuadre correctamente en el Código Nacional de Ocupaciones a quienes hacen tareas de bombero forestal". "Desde luego, desde la Seguridad Social vamos a proteger y extender esa protección con un certificado acreditando esas tareas, pero quiero insistir en la importante labor que tiene el empleador y en este caso el empleador es el señor Mañueco", ha añadido Saiz. "De ningún modo vamos a permitir que recaiga en los profesionales la tarea de demostrar cuáles han sido sus funciones".
La ministra de Seguridad Social ha denunciado, sin embargo, que "hay personas que han estado haciendo labores de bomberos forestales y no han estado para nada encuadrados donde tenían que estar. El señor Mañueco ha precarizado absolutamente su situación, no ha dignificado la profesión y por eso el Gobierno de España viene a defender los derechos del colectivo tan importante que ha protegido nuestras vidas, y a saldar esta deuda histórica que teníamos con los con los bomberos forestales".
Por su parte, Carlos Martínez arremetió contra la inacción del ejecutivo de Mañueco tras un verano devastador. "20 días y una hora después, el señor Quiñones sigue ahí", sentenció en referencia al consejero de Medio Ambiente. Martínez acusó a la Junta de "negligencia" y "desidia", poniendo como ejemplo reciente la retirada de camiones de apoyo nocturno en Ávila justo después de declarar días de riesgo extremo. "Frente a la desidia, un presidente que quiere moverse. Frente a la precariedad, derechos. Frente a los recortes, compromisos", remarcó.
La voz de los profesionales
Los representantes sindicales pusieron en valor un logro que ha costado años de lucha. Ángel Rubio, portavoz del sindicato profesional de bomberos forestales de UGT, recordó el largo camino: "En el año 2014, yo, la persona que habla hoy, presentamos la solicitud de coeficiente reductores al gobierno de Mariano Rajoy". La principal excusa durante años, explicó, fue la "falta de identificación del colectivo", con hasta 19 especialidades diferentes para la misma función en toda España.
Ahora, con la ley aprobada, surge una nueva preocupación: la acreditación de los años trabajados. "Tiene que ser las administraciones y las empresas, es decir, el empleador, el que certifique todo el trabajo que venimos realizando", exigió Rubio, para no dejar "a la gente ahora en una estacada".
En la misma línea, Agustín Argulo, delegado nacional de CECY, instó a regular los tiempos de trabajo para evitar jornadas extenuantes que han llegado "hasta 21 horas" y pidió al Gobierno desarrollar una norma con criterios objetivos que obligue a las comunidades a mantener "un mínimo de operativo durante todo el año".
La ministra Elma Saiz recogió las preocupaciones de los sindicatos y cerró el acto con un mensaje claro y directo. Aseguró que la Seguridad Social protegerá a los trabajadores y que un certificado de tareas será suficiente, pero insistió en la responsabilidad principal del empleador.
"Insto a la administración directamente al señor Mañueco, a que encuadre correctamente en ese código nacional de ocupaciones a quienes hacen tareas de bombero forestal", declaró la ministra. El mensaje final resonó con fuerza, situando la responsabilidad en el ámbito autonómico para que el avance legislativo se traduzca en un derecho real y efectivo.
"La parte del estado ha hecho su tarea y no puede recaer en los bomberos forestales el acreditar todo el tiempo que llevan prestando esos servicios. Es el momento de las comunidades autónomas", concluyó.
