UPL exige en las Cortes un giro en la política anti-incendios tras un verano negro

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) llevará este miércoles al pleno de las Cortes autonómicas una contundente Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de reformar de raíz la política de prevención y extinción de incendios. La iniciativa, que consta de 21 puntos, busca evitar que se repitan las "tragedias de los veranos de 2022 y 2025" y exige medidas urgentes para mitigar los daños en los territorios ya devastados por las llamas.

La propuesta fue desgranada este martes en Zamora por el presidente de UPL, el salmantino Carlos Javier Salgado, y el secretario provincial zamorano, Manuel Herrero. Ambos criticaron duramente la "caótica" gestión de la Junta, la escasez de medios y la falta de prevención que, a su juicio, han tenido "trágicas consecuencias".

Uno de los ejes centrales de la PNL es la necesidad de actuar con inmediatez en las zonas calcinadas para "evitar males mayores". Carlos Javier Salgado calificó de "extremadamente urgentes" las medidas para estabilizar el terreno ante la previsible llegada de fuertes lluvias, que podrían provocar una catástrofe ecológica.

Según explicó Salgado, el arrastre de agua sobre el suelo desnudo podría implicar "la pérdida del repertorio de semillas en el nivel superior del terreno", lo que agravaría la erosión y la pérdida de fertilidad. Para impedirlo, UPL propone acciones como la creación de acolchado vegetal o la instalación de fajinas para "sujetar" el suelo.

Asimismo, la PNL reclama un plan inmediato para evitar la contaminación del agua por el arrastre de cenizas a ríos y acuíferos, garantizando la seguridad de las captaciones para consumo. También se subraya la urgencia de dar solución a la pérdida de alimento y bebida para la fauna silvestre.

Los leonesistas recordaron que este verano han ardido casi 140.000 hectáreas entre las provincias de Salamanca, Zamora y León. En este balance se incluye el incendio más grave de España, el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora y León), con unas 40.000 hectáreas, y el más grave de la historia de Salamanca, el de Cipérez, que arrasó cerca de 11.000 hectáreas.

A estos desastres se suman otros fuegos de enorme gravedad que han asolado la Región Leonesa en localidades como Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Porto de Sanabria, Yeres (que afectó a Las Médulas), Puercas de Aliste, Anllares del Sil, Fasgar, Orallo, Paradiña, Canalejas, Caín de Valdeón o Gestoso. Esta oleada de incendios provocó el desalojo de 170 localidades y el desplazamiento de miles de vecinos, además de una "enorme pérdida patrimonial, económica y ambiental".

Desde UPL denuncian que las cuantías anunciadas por la Junta "son a todas luces insuficientes". Además, critican el criterio de reparto de las subvenciones para la contratación de trabajadores, que excluye la superficie quemada como factor principal.

Según los datos aportados, esto provoca un agravio comparativo: los municipios de Salamanca (con más de 12.000 ha quemadas) recibieron 113.050 € para 10 trabajadores, mientras que los de Ávila (con 7.500 ha) obtuvieron 520.030 € para 46 trabajadores. Del mismo modo, Zamora (con 48.000 ha quemadas) recibió una cifra similar a Ávila, pese a tener una superficie afectada seis veces mayor.

La PNL también exige a la Junta que elimine el 30 de septiembre como fecha tope para suministrar paja y forraje a los ganaderos, convirtiendo esta ayuda en permanente "hasta que se haya dado la regeneración de pastos".

La formación leonesista insiste en la necesidad de mejorar las condiciones y la estructura del operativo anti-incendios. Entre sus principales reclamaciones destacan la de extender el operativo a los doce meses del año, dedicando los periodos de bajo riesgo a labores de prevención, una medida que recuerdan ya fue rechazada por PP y VOX en 2022. Asimismo, exigen impulsar el reconocimiento de la figura del bombero forestal, acabando con la contratación mayoritaria como peones forestales, y mejorar la formación, la logística y el avituallamiento de los trabajadores. Piden también avanzar hacia un modelo con mayor peso del sector público, mejorar las condiciones salariales y mantener operativos los puestos de vigilancia contra incendios que la Junta decretó eliminar.

Finalmente, UPL pide una reforma de la Ley de Montes de Castilla y León para adaptarla a la singularidad de los montes comunales y revisar las restricciones que la normativa impone a la actividad ganadera en zonas quemadas. "La Junta no quiso aprender la lección de 2022 y tres años después se ha repetido el mismo guion", sentenciaron, esperando que esta vez los incendios sirvan como un "punto de inflexión definitivo".