Los vecinos de Villamayor, hartos de los malos olores: "Respirar aire limpio es un derecho, no un privilegio"
Imagen de los vecinos delante de la fábrica de grasas en una manifestación reciente
La Plataforma 'Cuidamos Villamayor' ha llevado a los tribunales a una fábrica de grasas de Doñinos por los persistentes malos olores, presentando una demanda por su ubicación y denuncias con informes médicos. Una nueva y más exigente Autorización Ambiental abre la puerta a un posible cierre cautelar de la planta, un logro que los vecinos atribuyen a su movilización.
La lucha de los vecinos de Villamayor y otras zonas afectadas por los malos olores procedentes de una fábrica de grasas animales en Doñinos ha escalado un nuevo peldaño. La Asociación Plataforma Cuidamos Villamayor, constituida en 2024 para canalizar un descontento que se remonta a denuncias públicas desde 2007, ha decidido llevar su batalla a los tribunales. Han presentado una demanda judicial contra la ubicación de la planta y múltiples denuncias ante la Guardia Civil, hartos de una situación que, según afirman, "las administraciones siguen sin garantizar el derecho a respirar aire limpio".
La percepción de los vecinos sobre el problema de los olores es agridulce. Desde la Plataforma Cuidamos Villamayor se reconoce una leve mejoría en comparación con el año anterior, describiendo un verano que "ha sido más llevadero, con episodios menos frecuentes y extensos". Sin embargo, esta tregua parcial no ha supuesto el fin del conflicto. Lejos de estar solucionado, el problema ha demostrado su persistencia con la llegada del calor.
El punto de inflexión estacional se produjo en mayo. Según explican los afectados, "con el aumento de las temperaturas, los episodios de mal olor han vuelto a registrarse". Esta reaparición ha reavivado la movilización ciudadana, que se mantiene firme y organizada. La principal herramienta de esta vigilancia colectiva sigue siendo la aplicación móvil Nasapp, donde más de 500 usuarios continúan documentando meticulosamente cada incidente. Para la plataforma, este flujo constante de datos es la "evidencia de que las administraciones deben intensificar los controles y mejorar los sistemas de la empresa".
La lucha no se queda en el plano digital. Las quejas se han formalizado a través de "correspondientes denuncias en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta". De forma significativa, los vecinos han comenzado a incorporar en algunas de estas denuncias informes médicos expedidos por facultativos, un paso clave que busca vincular directamente los episodios de contaminación con posibles afecciones a la salud de la población.
La postura de la plataforma es inquebrantable. "No dejaremos de denunciar ni de movilizarnos hasta que los malos olores, ruidos y vertidos se eliminen por completo y se asegure un control efectivo y trasparente", sentencian. Su reivindicación se resume en una declaración de principios que eleva el debate de una molestia a una cuestión fundamental: "Los ciudadanos merecemos respeto, y respirar aire limpio, pues no es un privilegio, es un derecho".
Una nueva Autorización Ambiental, un "precedente de gran importancia"
Un punto de inflexión en este conflicto es la nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI), un logro que la plataforma atribuye a su trabajo desde 2021 y a las más de 1.600 firmas que respaldaron sus alegaciones. Según detallan, esta nueva autorización es significativamente más exigente.
Entre sus claves destacan:
- Incorpora las 25 mejores técnicas disponibles (MTD) según la normativa europea (Decisión de Ejecución 2023/2749).
- Establece sistemas de control sobre emisiones, ruidos y vertidos con mediciones periódicas y plazos definidos.
- Recoge la norma UNE 77270 y permite que los registros de la aplicación Nasapp puedan ser considerados como prueba.
Desde la plataforma subrayan la importancia de este avance, ya que la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Medioambiental les ha comunicado que, con la nueva AAI en vigor, "podrían emitirse avisos de cierre cautelar de la empresa y, de no mejorar, incluso el cierre definitivo".
La vía judicial y la preocupación por la salud
Gracias a una campaña de crowdfunding, los vecinos han podido financiar la ofensiva legal. Se ha presentado una demanda en el Juzgado de Instrucción Núm. 1 de Salamanca centrada en dos presuntas irregularidades: que la parcela de la empresa está "fuera de planeamiento" según las Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de Doñinos y que está afectada por la Ley de Cauces.
Paralelamente, varias denuncias presentadas en agosto ante la Guardia Civil y el Seprona se encuentran ya en el Juzgado de Instrucción Núm. 3, esperando una posible actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente. Además, la plataforma está en contacto con empresas especializadas para medir las sustancias emitidas a la atmósfera, preocupados por partículas que "no emitan ningún tipo de olor y que pudieran ser aún peores".
Mirando al futuro: exigencia de responsabilidad a las administraciones
La plataforma espera que la justicia dicte una sentencia que "paralice cualquier ampliación ilegal de la empresa en esta ubicación". Sin embargo, su principal exigencia se dirige a las administraciones: Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Villamayor y Doñinos, y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).
Critican el "poco o nulo control" en las inspecciones realizadas en los años 2017, 2022 y 2023, en las que, afirman, se detectaron deficiencias sin que se establecieran controles más exhaustivos. "No estamos contra la empresa, buscamos la coexistencia bajo condiciones de seguridad, algo que actualmente no se cumple", concluyen, utilizando una metáfora clara: "Esto es lo mismo que el fuego, no basta con extinguirlo cuando se produce, se debe actuar previamente".
