El caso Montoro y la quiebra del Estado de Derecho

Todos los casos de corrupción que han salido en España desde el advenimiento del Estado Democrático que se impulsó en la época de la Transición con la aprobación de la Constitución Española de 1978, son repudiables, vergonzosos, indignos y condenables, sin lugar a dudas. De los acontecidos en el pasado, que han sido conocidos, ya se han escrito ríos de tinta por periodistas, expertos, politólogos y juristas y se ha debatido en tertulias radiofónicas, televisivas y en redes sociales. Se han dicho muchas verdades, pero también infames mentiras; muchas, por desconocimiento y otras –demasiadas quizá- intentando falsear y manipular la realidad por sectores políticos y mediáticos interesados en derribar a los adversarios políticos. Recordemos que, por desgracia, muchos medios de comunicación están subvencionados por el poder político y económico, del que dependen y hacen lo que sea por mantener su status, cueste lo que cueste, vulnerando, cada vez más, el deber que tienen los medios de comunicación de proporcionar a los ciudadanos una información objetiva y veraz.

Esta grave anomalía del sistema democrático –una más- sólo se erradicaría definitivamente con un sistema educativo que centrara sus esfuerzos en inculcar los principios y valores éticos que son la base de una sociedad libre, igualitaria, democrática, solidaria, cohesionada, tolerante, justa, pacífica, honesta, que enseñe a los seres humanos -desde su más tierna infancia- a pensar, a reflexionar, a ser curiosos y explorar, sin ataduras ni etiquetamientos interesados provenientes de corrientes pedagógicas que pretenden adoctrinar en pensamientos y creencias determinadas que excluyen y criminalizan al disidente: “no pienses, ni reflexiones ni te comas el coco, lo que tienes que hacer es creer”, nos decían algunos educadores -a los que ya peinamos canas y vivimos la dictadura franquista- en nuestra más tierna infancia.

Lo que conocemos desde hace meses en relación a la corrupción política es deplorable: los casos de Koldo, Ábalos y Cerdán, en el PSOE, ponen de manifiesto que aún sigue habiendo personajes que lo único que pretenden estando en política es lucrarse a nivel personal manejando los estertores del poder: cobro de comisiones como compensación a la adjudicación de contratos con las administraciones públicas. Nada nuevo; algo ya conocido y llevado a la práctica en los casos de corrupción que estaban incrustados en los gobiernos del PP: Gürtel, Lezo, Púnica, Kitchen, etcétera. Lo que tienen que hacer las formaciones políticas en esos casos es claro: reconocer la corrupción, expulsar de sus filas inmediatamente a los corruptos, ponerlos a disposición de las autoridades judiciales y adoptar medidas de prevención para que nunca más se vuelvan a producir hechos de este calibre. Y lo que nunca deben hacer es justificar, exculpar, ponerse de perfil y aliarse con el “y tú más”, al que recurren, como último recurso, todas las formaciones políticas. En estos casos hay que diferenciar lo que es la responsabilidad política de la judicial y no escudarse en la “presunción de inocencia” que debe presidir, eso sí, la responsabilidad penal, pero no la política. Ésta debe determinar la renuncia o cese en cuanto haya sospechas de que el político en cuestión ha podido cometer presuntamente hechos punibles relacionados con la función pública que desempeñan.

Ahora bien, el caso que actualmente estamos conociendo, el “caso Montoro”, sobre una red de influencias en el ministerio de Hacienda –cuando fue presidido por Cristóbal Montoro, en los gobiernos del PP de Aznar y M. Rajoy- para beneficiar a determinadas empresas y grupos de poder económico, previo pago realizado al despacho creado por Montoro, denominado “Equipo económico”, es de una gravedad extrema para el sistema democrático. El lucro económico que obtenían esas empresas a cambio de pagos millonarios en comisiones al equipo de Montoro, consistía en reformas legislativas que favorecieran fiscalmente a esas empresas para pagar menos tributos. Todo ello, en consonancia con las pretensiones de grupos empresariales determinados.

Este tipo de corrupción política y económica es, si cabe, como decía anteriormente, mucho más grave que las tramas de corrupción conocidas, porque supone socavar los cimientos y principios del Estado Social y Democrático de Derecho. Unos principios que identifican un régimen político democrático con una sociedad libre, igualitaria, solidaria, tolerante, justa y plural, que respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Resulta paradójico que estos personajes sean los que, en público, se definan hipócritamente como los más respetuosos con el contenido de la normativa constitucional, se consideren los más constitucionalistas del mundo y, en privado, estén vulnerando sistemáticamente los preceptos constitucionales. Son, además, ciudadanos que se consideran altamente patriotas enseñando la bandera española en todos sus enseres personales y, en cambio, están intentando defraudar a la Hacienda Pública todo lo que pueden para pagar menos tributos, modificando incluso el ordenamiento jurídico para conseguir esta finalidad. Son, por otro lado, tremendamente insolidarios, a sabiendas, porque conocen mejor que nadie que si no se tributa a Hacienda, si no se pagan los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales que a todos nos corresponden como ciudadanos -conforme a los principios rectores de la política social y económica, también establecidos en la CE-, no se podrán implementar las políticas sociales adecuadas: sanidad, educación y servicios sociales públicos para todos los ciudadanos y, con ello, se pondrá fin al Estado del Bienestar que identifica a las sociedades modernas y avanzadas, como la nuestra. Sería avanzar progresivamente hacia el Estado fallido donde impera la ley de la selva y donde podrán sobrevivir sólo los más fuertes social y económicamente, explotando y esclavizando a los sectores más vulnerables de la sociedad.