Cuando las palabras excluyen

Cada 18 de junio, el mundo conmemora el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio, una jornada impulsada por las Naciones Unidas para visibilizar y combatir una de las amenazas más graves contra los derechos humanos y la convivencia democrática. No se trata de una efeméride simbólica. La elección de esta fecha nos recuerda que el odio no solo se expresa con violencia física, sino también con palabras que hieren, excluyen y deshumanizan.

El discurso de odio no es una opinión impopular ni una simple provocación verbal. Es una forma sistemática de degradación, una violencia simbólica dirigida contra personas o grupos por lo que son: por su raza, religión, orientación sexual, género, condición socioeconómica o cualquier otra característica identitaria. Como advirtió Jeremy Waldron, este tipo de lenguaje actúa como una “contaminación del ambiente social”, una atmósfera que erosiona la posibilidad de vivir en igualdad y dignidad.

En lugar de fomentar el debate, el discurso de odio lo envenena. En vez de ampliar la libertad, la restringe para quienes se convierten en blanco de insultos, humillaciones o amenazas. Avishai Margalit lo expresó con claridad: “una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas”. Y las palabras que discriminan, estigmatizan o incitan al desprecio tienen precisamente ese efecto corrosivo: niegan la humanidad del otro.

El entorno digital ha amplificado este fenómeno. Internet ha democratizado la palabra, pero también ha dado voz al odio, muchas veces sin filtros ni consecuencias. A través de memes, mensajes, vídeos o comentarios, el discurso de odio se propaga de forma masiva, a menudo protegido por el anonimato. El resultado es una violencia constante, silenciosa pero persistente, que daña no solo a sus víctimas directas, sino también a la salud moral de la sociedad en su conjunto.

Algunos defienden que toda opinión debe ser protegida en nombre de la libertad de expresión. Pero la libertad, como cualquier derecho, tiene límites. Y uno de esos límites es la dignidad del otro. Judith Butler lo expresó sin rodeos: “el lenguaje puede herir, puede excluir, puede matar simbólicamente”. Cuando las palabras se utilizan para degradar o despojar de humanidad a alguien, dejan de ser expresión legítima y se convierten en violencia.

El derecho internacional ha intentado trazar esa frontera. El artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige a los Estados que prohíban “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. Sin embargo, el equilibrio entre libertad y protección no es sencillo. La experiencia comparada entre Europa y Estados Unidos lo demuestra: mientras en algunos contextos se prioriza la libertad de expresión, incluso si causa daño, en otros se opta por sancionar el discurso lesivo, con el riesgo de ambigüedad legal o censura desproporcionada.

Más allá de la ley, la respuesta debe ser también cultural, educativa y ética. La ONU insiste en que el discurso de odio no se combate solo con prohibiciones, sino con narrativas alternativas basadas en el respeto, la igualdad y la empatía. La educación en derechos humanos es fundamental para desactivar prejuicios, fortalecer el pensamiento crítico y construir cohesión social. Como ha señalado Adela Cortina, el gran reto de nuestro tiempo no es solo el racismo, sino la aporofobia: el rechazo al pobre, al débil, al otro vulnerable.

También es necesario reparar el daño, no solo castigarlo. Las vías civiles permiten ofrecer justicia simbólica a quienes han sido humillados, mediante indemnizaciones, actos públicos de reconocimiento o programas comunitarios. Como señaló el Tribunal Constitucional español en el caso de Violeta Friedman, la dignidad no es solo un derecho individual, sino también colectivo, especialmente cuando afecta a grupos históricamente discriminados.

Frente al discurso de odio, la neutralidad no es una opción. El silencio lo normaliza. La indiferencia lo perpetúa. Combatirlo requiere una acción coordinada por parte de los Estados, las plataformas digitales, los medios de comunicación y, sobre todo, de la ciudadanía. Como ha advertido António Guterres, Secretario General de la ONU, “el silencio frente al odio puede ser una señal de indiferencia ante el fanatismo y la intolerancia”.

Por eso, cada 18 de junio no es solo una fecha conmemorativa. Es una llamada urgente a la acción. Un recordatorio de que las palabras importan, que pueden incluir o excluir, sanar o herir, liberar o esclavizar. Y si el odio comienza con palabras, también la justicia puede comenzar con ellas. Como escribió Primo Levi: “quien niega a los otros su humanidad, acaba por perder la suya”. Nombrar el odio, identificarlo, rechazarlo y repararlo es una tarea ética irrenunciable para toda sociedad que aspire a llamarse libre y justa.