Este 7 de junio entran en vigor cambios legislativos para frenar el bombardeo comercial y fraudulento; La OCU valora estos avances pero advierte que son insuficientes para erradicar el problema y las estafas, exigiendo acciones más contundentes.
El bombardeo de llamadas comerciales no deseadas, un persistente dolor de cabeza para los consumidores españoles, enfrenta una nueva batería de medidas regulatorias este 2025. Si bien algunas ya están operativas desde marzo, otras cruciales, como la prohibición de usar números móviles para fines comerciales, se activan este viernes 7 de junio. Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valora los avances pero insiste en que la lucha contra el 'spam' telefónico y las estafas asociadas requiere acciones más drásticas.
El 'spam' telefónico no solo resulta molesto, sino que, como advierte la OCU, es un "canal ideal para que los consumidores contraten servicios mediante engaños o información confusa". Muchas de estas comunicaciones se realizan al margen de la ley, con impunidad y sin que se pueda identificar a la empresa emisora, haciendo ineficaces herramientas como la Lista Robinson.
La Orden TDF/149/2025, publicada el 14 de febrero y en vigor general desde el 7 de marzo de 2025, introduce cambios significativos. Desde esa fecha, las operadoras telefónicas ya deben bloquear las llamadas que utilicen numeraciones no atribuidas a ninguna compañía o que, estando asignadas, aún no se hayan adjudicado a un cliente.
A partir de este viernes, 7 de junio de 2025, se implementarán dos medidas adicionales clave: las operadoras deberán bloquear todas las llamadas y SMS recibidos desde el extranjero que usen un número nacional (excepto en 'roaming') y, de forma destacada, se prohíbe el uso de numeración móvil para servicios de atención al cliente y para la realización de llamadas comerciales.
Además, el plan de numeración será modificado para que estos servicios utilicen preferentemente numeraciones 800 y 900, gratuitas para el usuario si devuelve la llamada. Queda pendiente para el 7 de junio de 2026 el bloqueo de SMS con alias (el texto que muestra la empresa que llama) no registrados correctamente y asociados a la numeración que envía el mensaje.
Desde la OCU, si bien se reconocen estos pasos como positivos para dificultar la actuación de los ciberdelincuentes, se subraya que las medidas actuales no erradicarán el problema. La organización ha denunciado reiteradamente que el 'spam' telefónico es un canal ideal para engaños, especialmente en sectores como el energético.
Critican que, pese a la prohibición de junio de 2023 de realizar llamadas sin consentimiento expreso o interés legítimo (por ejemplo, ser cliente actual o reciente), muchas empresas siguen incumpliendo la ley con impunidad. Esto se ve facilitado porque el sistema permite falsear el identificador de llamada (CLI) o usar números inexistentes, haciendo imposible devolver la llamada o identificar al responsable para denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Incluso con las nuevas reglas, la OCU advierte de posibles efectos perjudiciales: los estafadores podrían manipular el identificador con números reales de clientes existentes, implicando a inocentes. Además, lamentan que se siga protegiendo el anonimato de la empresa titular de la numeración, dificultando las denuncias por parte de los consumidores afectados.
La OCU insiste en la necesidad de sanciones más severas, mayor transparencia y la imposibilidad de contratar servicios telefónicamente sin una iniciativa previa del consumidor. Consideran que, aunque se avance en el bloqueo técnico, la raíz del problema persiste si no se atacan estas otras vías.
Un foco de especial preocupación para la organización es el sector energético. Recuerdan que la prohibición de la contratación 'puerta a puerta' en 2018 trasladó el problema a las llamadas comerciales. Por ello, exigen que, al menos en este sector, se prohíban las contrataciones por teléfono si no ha habido un interés previo explícito del consumidor.
La organización también lamenta que el grueso de las medidas no haya entrado en vigor de forma inmediata, permitiendo que prácticas abusivas continúen, especialmente en sectores conflictivos. La efectividad de las nuevas herramientas de bloqueo de los operadores y el impacto real en la reducción del 'spam' serán claves en los próximos meses.