La Junta de Castilla y León ha expresado su 'satisfacción' tras el importante respaldo obtenido en el Parlamento Europeo para modificar el estatuto jurídico del lobo en Europa. Este cambio normativo es crucial, ya que permitirá a la comunidad autónoma recuperar las plenas competencias en la gestión de la especie, una facultad que le fue retirada por el Gobierno de España en el año 2021.
Con una votación de 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones, la Eurocámara ha dado luz verde a la propuesta de la Comisión para modificar la Directiva Hábitat. Esta modificación implica que todas las poblaciones de lobo, incluidas las situadas al sur del Duero que hasta ahora mantenían una protección estricta, pasarán a la categoría de 'protegido', abandonando el estatus de 'estrictamente protegido'.
Este nuevo marco, como reconoce la Comisión Europea, otorgará a los Estados miembros una 'mayor flexibilidad' en la gestión de sus poblaciones de lobos. El objetivo es mejorar la coexistencia con los seres humanos y minimizar el impacto del crecimiento de la población de lobos en la Unión Europea.
Para Castilla y León, esta decisión supone la recuperación de una capacidad de gestión que considera fundamental. Además, gracias a las enmiendas aprobadas en el Senado durante la tramitación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, se ha allanado el camino. En concreto, la incorporación de la Disposición transitoria única, sobre adaptación a la normativa europea, facilitará que, una vez el Consejo de la UE apruebe formalmente la modificación de la Directiva y se publique en el Diario Oficial, las poblaciones del lobo al Sur del Duero queden automáticamente excluidas del anexo IV (protección estricta) para incorporarse al anexo V, que permite una "mayor flexibilidad y adopción de medidas de gestión*".
Desde la Junta de Castilla y León se recuerda que esta es una situación "nueva y satisfactoria", dado que desde el año 1992 no se podía gestionar la especie al sur del Duero por disposición de dicha Directiva.
Próximos pasos: estado de conservación
El siguiente paso necesario para normalizar la gestión de la especie será la revisión de la evaluación del estado de conservación del lobo para el presente sexenio, que actualmente se considera "desfavorable". La Junta de Castilla y León ya remitió en enero del presente año al Ministerio la información que, a su juicio, confirma el estado de conservación favorable de la especie en la Comunidad.
El Gobierno de España tiene de plazo hasta el 31 de julio para realizar este reporte, que deberá ser aprobado previamente en Conferencia Sectorial. Desde la Junta se confía en que "esta vez sí el Gobierno de España escuche a las comunidades con presencia de lobo y a los datos aportados del seguimiento de las poblacionales de lobo y de sus respectivos censos regionales realizados durante el sexenio 2019-2024". El objetivo es que la evaluación del estado de conservación del lobo en España sea favorable, como ya lo fue en el sexenio 2007-2012, "con menos lobos y una menor área de distribución que en la situación actual".
Respecto a este reporte sexenal, la Junta recuerda que tanto el Ministerio como la Comisión fueron advertidos por Castilla y León y otros gobiernos autonómicos sobre los "errores del informe de 2019". A la vista del censo nacional que tiene que elaborarse en 2025 a partir de los censos de las autonomías, "no parece posible otra decisión que la rectificación de esta situación en el nuevo informe sexenal, con lo que el lobo se tendría que considerar en un estado de conservación favorable".
Actuaciones para reducir daños y buscar el equilibrio
Atendiendo al nuevo censo y a la evolución de los ataques al ganado, la Junta de Castilla y León planificará las "actuaciones necesarias para reducir los daños" sobre la ganadería. Para ello, se trabajará en incentivar las medidas preventivas sobre la especie, en la compensación "justa y rápida" a los ganaderos y también en el control de los ejemplares que, a pesar de las medidas preventivas, sigan causando daños, o en aquellas explotaciones donde no sean viables las medidas preventivas conocidas.
La administración autonómica subraya que "no busca que el lobo sea una especie cinegética convencional", sino que se puedan establecer controles sobre la misma que ayuden a reducir los daños y, por tanto, a "recuperar el equilibrio entre conservación del lobo y de la ganadería".
Las compensaciones por los daños seguirán siendo asumidas por la Administración. Para la ejecución de las decisiones de reducción de daños, se contará tanto con el personal de la administración (agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y técnicos) como con los "cazadores locales".
La Junta de Castilla y León considera que este apoyo del Parlamento Europeo representa "un paso más en el objetivo en el que la Junta ha estado trabajando en los últimos años, tanto en el ámbito europeo como en el estatal".
