La autodeterminación del Sahara Occidental: entre la acción de la justicia y el sabotaje de la política

Julián Gómez Alzate

Defensor de los derechos humanos

El abandono colonial

El Sáhara Occidental es uno de los diecisiete territorios no autónomos reconocidos en el mundo, cuyos pueblos aún no han alcanzado la plenitud del gobierno propio. La Carta de Naciones Unidas, al reconocer el principio de autodeterminación de los pueblos, exhorta a promover, en la medida de lo posible, el respeto por la cultura de los pueblos respectivos, el desarrollo del gobierno propio y la implementación de medidas constructivas de desarrollo, así como la promoción de la paz y la seguridad internacionales en estos territorios.

Lejos de esto, el territorio del Sáhara Occidental se enfrenta a la ocupación, el despojo de sus recursos naturales y la exclusión y censura del pueblo saharaui. En 1975, España abandonó lo que había sido su colonia desde 1884, dejando el campo libre a la ocupación del territorio por parte de Marruecos, y a la vez se inició la reclamación de independencia de la República Árabe Saharaui Democrática por parte del Frente Polisario.

En 1991, el Reino de Marruecos y el Frente Polisario firmaron un alto al fuego e iniciaron el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, supervisado por Naciones Unidas. Esta resolución se ha prorrogado cada año por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cumpliéndose 34 años en octubre de 2025.

La misión de la ONU en el Sáhara Occidental establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental podría elegir entre la independencia y la integración con Marruecos. Sin embargo, la misión presentó un censo en 1999 que fue desconocido por Marruecos, y a pesar de las determinaciones de Naciones Unidas, el pueblo saharaui se encuentra expulsado y sin poder reclamar sus derechos sobre su territorio debido a la ocupación por parte de Marruecos, con la anuencia de países europeos.

Recursos naturales en juego

Lo cierto es que en la actualidad los territorios del Sáhara Occidental están siendo explotados de manera irregular por parte de Marruecos y empresas europeas. Según el Observatorio Saharaui de Vigilancia de los Recursos Naturales, «los esfuerzos de Marruecos por explotar los recursos del Sáhara Occidental han recibido un sólido respaldo del comercio internacional. Es muy problemático, desde el punto de vista ético, político y jurídico, cuando los intereses comerciales cooperan con las autoridades marroquíes para hacer negocios en el territorio ocupado».

Mientras tanto, la mayoría de la población saharaui se ve obligada a vivir en campos de refugiados en territorio argelino, en tanto Marruecos financia la usurpación del Sáhara Occidental con los recursos de empresas internacionales. Estas empresas, a su vez, afirman que sus operaciones son una contribución destinada a proporcionar un desarrollo económico positivo a Marruecos, sin contar que estas inversiones se están realizando en territorios del Sáhara Occidental.

Un ejemplo de la permisividad de la ocupación ilegal son los acuerdos pesqueros y de productos agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos, firmados en 2019. Estos acuerdos fueron suspendidos en 2022 y finalmente anulados en octubre de 2024 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estas decisiones reafirman que el Sáhara Occidental y sus aguas adyacentes no forman parte de Marruecos y que, por lo tanto, ningún acuerdo de la Unión Europea con dicho territorio puede aplicarse sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Abandono político

Aunque la postura jurídica sustentada en la Carta de Naciones Unidas respalda el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, la posición política de los actuales gobiernos de Francia, Estados Unidos (tanto bajo la administración de Biden como de Trump) e incluso España, ha sido la de apoyar la posición establecida por Marruecos desde 2007. En ese año, Marruecos presentó de forma unilateral su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, en el que la «región autónoma del Sáhara» tendría competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias. Sin embargo, los poderes relacionados con la defensa, las relaciones exteriores, la moneda, la bandera y la religión permanecerían en manos de Marruecos, una situación que ignora la voluntad del pueblo saharaui.

El apoyo político al pueblo saharaui en Europa parece ser cada vez menor, no solo por el aumento de la participación de las derechas nacionalistas, sino también por el desamparo de los partidos de izquierda que, hasta antes de 2024, apoyaban al pueblo saharaui, conformando el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre el Sáhara Occidental. Este cambio de postura es evidente en el reciente giro del presidente español y del PSOE respecto al plan de autonomía unilateral propuesto por Marruecos para esta región.

Persecución al pueblo saharaui

Según informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 173.600 saharauis viven en cinco campamentos en territorio argelino, en la región de Tinduf (frontera entre Mauritania, Marruecos y el Sáhara Occidental). Desde 1975, estas personas han estado refugiadas, expuestas al clima extremo en una región sin acceso a servicios básicos y dependiendo de la ayuda humanitaria proveniente de Europa.

Otra parte de la población saharaui reside en territorios ocupados por Marruecos, donde las organizaciones locales denuncian situaciones de maltrato por parte de la fuerza pública marroquí, discriminación, exclusión social, persecución e incluso tortura de activistas. Asimismo, Amnistía Internacional denunció durante 2023 la represión a la disidencia y el derecho a la reunión pacífica en el Sáhara Occidental, junto con agresiones físicas y verbales contra manifestantes saharauis, detenciones arbitrarias, coacción a sus organizaciones defensoras de derechos humanos y la expulsión de investigadores que estudian la explotación de recursos naturales y energías renovables en la región.

Acuerdos como el agrícola y pesquero, anulados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además de otros proyectos de inversión extranjera directa, constituyen herramientas que financian la ocupación marroquí en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental. La decisión del Tribunal Europeo es un reconocimiento importante; sin embargo, pronunciamientos como el del Gobierno de España, que acepta la sentencia del tribunal europeo y enfatiza el sostenimiento de las relaciones con Marruecos mientras evita cualquier mención a los derechos del pueblo saharaui, marcan el tono de las relaciones políticas que perpetúan la violación de su derecho a la autodeterminación.