, 07 de diciembre de 2025
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No empieces la casa por el tejado: la crisis de la vivienda española
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No empieces la casa por el tejado: la crisis de la vivienda española

El derecho a una vivienda digna viene recogido en la Constitución española, que en su artículo 47 estipula: «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada».

Maria João Cabrita

Defensora de los derechos humanos

Un famoso refrán español dice así: «no hay que empezar la casa por el tejado», sin embargo, hoy en día parece ser que la mayoría no se puede permitir ni soñar con empezar la casa. ¿Qué está ocurriendo en España con la vivienda? Es, sin duda, uno de los temas más hablados en la actualidad; la crisis de la vivienda está en boca de todos. Según el último barómetro de febrero del 40db publicado por El País, el coste de la vivienda y las dificultades para acceder a ella preocupa casi al 84 % de la población, y lo más interesante es que esta inquietud no entiende de ideologías, tanto progresistas como conservadores la comparten.

El derecho a una vivienda digna viene recogido en la Constitución española, que en su artículo 47 estipula: «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Desde 2008 y el estallido de la burbuja inmobiliaria, se ha observado en España una caída estrepitosa de la vivienda protegida (en la actualidad representa un ínfimo 2,5 % del total), lo que provoca el aumento de los precios. Asimismo, el régimen de la vivienda en nuestro país permite que en la mayoría de Comunidades Autónomas la protegida se incorpore al mercado libre tras unos años. Este proceso recibe el nombre de «descalificación de viviendas públicas», y anula las limitaciones a las que está inicialmente sujeta una vivienda de protección pública. En Castilla y León, por ejemplo, los propietarios de una vivienda de protección oficial tienen derecho a solicitar la descalificación voluntaria una vez transcurrido el plazo establecido en el Plan de Vivienda al que esté acogida.

De esta manera, numerosos propietarios se han beneficiado de la venta en el mercado libre de las viviendas que originalmente fueron públicas. ¿El resultado? Una situación crítica donde hay familias incapaces de permitirse un alquiler asequible, miles de jóvenes que no ven ni de lejos la posibilidad de independizarse, desalojos por impagos… En resumen, un mercado habitacional en desequilibrio, con una demanda muy por encima de la oferta y donde los precios siguen aumentando, lo que deja a miles de ciudadanos desamparados y decepcionados.

Este problema ha deteriorado significativamente la calidad de vida de los españoles, desde gente que todavía vive con sus padres, o comparten piso a su edad adulta, a personas que viven en lugares sin ventanas o con un espacio mínimo. De hecho, los «minipisos» ya son todo un fenómeno: casas que no superan los 15 metros cuadrados, y que según el INE, ya son más de 1,2 millones en España, en especial en las grandes ciudades. En los minipisos, los inquilinos habitan en unas condiciones precarias, sin espacio para vivir cómodamente para hacer actividades básicas como cocinar, bañarse o almacenar sus pertenencias. El mundo inmobiliario está cambiando, en páginas como Idealista vemos cada vez más zulos sin ventanas que se hacen pasar por pisos habitables, «acogedores» y «con encanto». Es estremecedor, una agresión a los derechos humanos se mire por donde se mire, y una situación insostenible que exige una respuesta contundente por parte de los responsables políticos.

No se puede normalizar que la posibilidad de tener una vivienda sea un sueño casi inalcanzable. La vivienda es una necesidad básica, es el centro de la vida social y un lugar al que todos los seres humanos tendrían que tener acceso para vivir en seguridad y dignidad, no una mercancía. Romper el círculo es urgente, y exige políticas que refuercen la vivienda social e impulsen la oferta.

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