Las libertades y los derechos de los ciudadanos retroceden en Italia: un año del gobierno Meloni

Isabella Minervini

Defensora de los derechos humanos

Tras un año de gobierno Meloni, el derecho penal sigue perdiendo su carácter constitucional de última ratio para convertirse en la respuesta a todo. Las situaciones de marginalidad social y económica se criminalizan introduciendo nuevas figuras de delitos y agravantes y aumentando las penas previstas. Sigue así una tendencia de los gobiernos al menos desde 2001 con la adopción recurrente de «paquetes de seguridad» referidos sobre todo a las cuestiones migratorias y a las organizaciones que trabajan en este sector, en particular el de salvamento en el mar.

Aprobado el 18 de septiembre en la Cámara de Diputados y ahora en debate en el Senado, el futuro decreto de seguridad 2024 aborda varias cuestiones: tras el objetivo declarado de combatir y prevenir el terrorismo, garantizar la seguridad ciudadana y proteger a los miembros de las fuerzas del orden, se introducen una serie de normas que criminalizan las luchas sociales, transformando en delitos comportamientos relacionados con la protesta y el disenso político.

Numerosas organizaciones, como Amnistía Internacional, han señalado los peligros que para el Estado de derecho tienen en especial algunas medidas contra la resistencia pasiva, tratada como rebelión con penas de hasta ocho años de cárcel, la discrecionalidad que establece a la hora de aplazar la ejecución de la pena a embarazadas o madres de hijos menores de un año, el aumento de dos a siete años de cárcel para quienes ocupen una vivienda o cooperen a ello, o el requisito de la nacionalidad italiana para obtener una tarjeta SIM.

La protesta social es de nuevo tratada como delincuencia, de modo que el decreto de seguridad en tramitación prevé la reclusión de seis meses a dos años en caso de bloqueo de carreteras o ferrocarril por manifestantes aunque sea no intencionada (y se deba a una aglomeración de gente), y otros artículos blindan las actuaciones policiales castigando severamente la desobediencia, amenazas o resistencia a los agentes. Se endurecen igualmente medidas preventivas atípicas, ajenas a las tradiciones penales, como la prohibición de frecuentar áreas urbanas determinadas a delincuentes reincidentes por un tiempo variable, que puede llegar hasta dos años. Muchas de estas medidas, que pueden ser decididas por la policía sin intervención judicial, chocan con principios constitucionales y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En resumen, la ley de seguridad implica un ataque muy fuerte al derecho a protestar, lo que lleva a la introducción de una serie de nuevos delitos con penas draconianas, incluso cuando las protestas son pacíficas y no violentas. Como destacan asociaciones de juristas y de derechos humanos, se atacará a los activistas que protestan por la concienciación sobre el cambio climático, a los estudiantes que demandan condiciones más dignas para sus escuelas, a los trabajadores que protestan contra su despido, a las personas detenidas que protestan en la cárcel contra el hacinamiento de sus celdas.

Aunque en muchos puntos probablemente la norma será rechazada por el Tribunal Constitucional italiano (como, por otra parte, ha ocurrido en el pasado con otros decretos de seguridad), es claro que mientras tanto ciertos grupos sociales serán criminalizados y considerablemente marginalizados: por ejemplo, los inmigrantes sin papeles, los mendigos, los sin techo, los gitanos, aquellos que viven en viviendas ocupadas (que a menudo son extranjeros), los presos (también en este caso a menudo extranjeros) y los activistas y las organizaciones que manifiestan disentimiento, incluso de manera pacífica.