¿Puede triunfar la mentira sobre la verdad?

Una sociedad pluralista y democrática se diferencia de una totalitaria o autoritaria, entre otras cosas, en que en la primera se respetan derechos y libertades de los ciudadanos, entre las que está la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz por cualquier medio de difusión. En consecuencia, si un medio de difusión, a sensu contrario, vulnera ese principio constitucional, debería ser sancionado, incluso penalmente, dado que con esa información falsa y manipulada, se pretende confundir a los ciudadanos y reorientarlos hacia posiciones filosóficas e ideológicas determinadas.

En la actualidad, por desgracia, se está haciendo un uso abusivo de estas prácticas en España, sobre todo por sectores políticos ultras y reaccionarios, apoyados por la derecha mediática, económica e incluso judicial y con la única finalidad de dar un vuelco político y arrebatarle el poder a los que están gobernando. La animadversión e inquina hacia el presidente del gobierno por parte de quienes quieren el poder a toda costa, no tiene límites y anteponen la manipulación y la mentira, a la verdad.

Y lo más grave de todo esto es que los bulos provocan confusiones intolerables en la ciudadanía. Los que informaron que había miles de cadáveres en el parking de un centro comercial de Valencia después de la DANA ignorando si era o no cierto, no lo hicieron con el fin de informar, sino con el objetivo de intoxicar a la ciudadanía en un momento emocional muy delicado, para que ésta explotara contra los dirigentes políticos. Además, si cuando visitaron la catástrofe, el rey, el presidente del gobierno y el de la comunidad valenciana, se mezclan entre los ciudadanos afectados elementos de extrema derecha con el fin de calentar el ambiente contra el presidente del gobierno –es el interés de la derecha y la extrema derecha en estos momentos-, la consecuencia inevitable fue la que pretendían: que algún desalmado intentara agredir a Pedro Sánchez, como así ocurrió. Si a esto le unimos que la inmensa mayoría de los líderes de la derecha y la ultraderecha –entre los que se cuentan Feijóo, Ayuso o Abascal y toda la dirección nacional del PP y VOX- no tuvieron la decencia política y personal de condenar las agresiones al presidente del gobierno; el objetivo de quienes fabrican bulos, intoxican, incitan, promuevan o fomentan esa hostilidad y violencia, está más que cumplido. Y, por último, si el ciudadano medio, ajeno a los problemas directos de la DANA, en Galicia, Cataluña, Asturias, Madrid o Extremadura –por poner algunos ejemplos- ven esas imágenes de insultos de afectados al presidente del gobierno, quienes en principio han fabricado los bulos, las intoxicaciones, las manipulaciones y las mentiras, han triunfado, han conseguido su objetivo. Trasladándolo al ámbito deportivo, es como si en un campo de fútbol embarrado por la lluvia y después de un lance fortuito entre dos jugadores, uno se levanta y agrede al otro, los comentaristas deportivos, los espectadores e incluso los entrenadores de uno y otro equipo no le echen la culpa al agresor, sino al árbitro por no haber suspendido el partido debido al mal estado del terreno de juego.

He dicho antes que hay sectores de la derecha mediática y económica que apoyan el uso abusivo de publicación de bulos, refiriéndome también a sectores judiciales. No voy a “escurrir el bulto” y pondré algunos ejemplos. Resulta inconcebible que haya jueces que den pábulo a querellas claramente politizadas y fundamentadas en bulos contra el presidente del gobierno, su esposa o su hermano, interpuestas por asociaciones ultras, como “Manos limpias” o “Hazte oir”, en una demostración clara de “lawfare”, puesto que lo único que pretenden es una instrumentalización del sistema de justicia para perseguir a adversarios políticos. En estos casos, si las investigaciones policiales no han acreditado participación delictiva de los que han sido acusados, deberían sobreseerse provisionalmente, al menos y no seguir dando credibilidad a informaciones promovidas con la única finalidad de derrocar al gobierno.

Si no fuera así, ¿por qué Manos Limpias o Hazte oir no interponen querellas contra Feijóo por presuntas irregularidades en contratos adjudicados a su hermana por los gobiernos de la Xunta de Galicia o contra Ayuso por los 7291 mayores que murieron en residencias con el COVID que debieron haber sido ingresados en los hospitales donde muchos se hubieran salvado y los que no, al menos, hubieran tenido una muerte digna por la aplicación de paliativos que no podían prescribir en las residencias? Si no fuera así, ¿por qué se está criminalizando más a quienes divulgaron la verdad sobre los presuntos delitos graves contra la Hacienda Pública y de falsedad documental cometidos por el novio de Ayuso, que a éste por cometerlos y que, además, ha reconocido el propio investigado?

Para finalizar, otro indicio más de ese “lawfare” lo tenemos en las declaraciones el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quién ha cargado con dureza contra la ex ministra Irene Montero al acusarla de querer enseñar a los jueces lo que es el consentimiento con las siguientes palabras: “a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona…”. Esto no es más que una manifestación de soberbia y prepotencia de un juez que, en cualquier país medianamente decente, quedaría inhabilitado para seguir ejerciendo la función jurisdiccional, ya que su “independencia”, principal baluarte de la justicia, queda seriamente cuestionada.

Si se hubiera cambiado el España el acceso a la carrera judicial, y -como en otros países más avanzados- no fuera un sistema tan arcaico de oposición donde se priman los aspectos memorísticos (resulta incomprensible que se exija al opositor saber de memoria códigos, legislación internacional y nacional, sentencias y otras resoluciones, cuando en su ejercicio profesional tendrán todo esto en la mesa de su despacho) sobre otras cualidades de formación, personalidad y carácter: compromiso ético, experiencia, honestidad, flexibilidad, tolerancia, reflexión crítica anteponiendo las dudas a las certezas. Además, mientras en Alemania hay un juez por cada 4.000 habitantes, en España hay uno por cada 9.000.