Abierto el plazo para optar a 8 viviendas del Parque de Obras Públicas por 325€ al mes
Es necesario estar ya inscrito (o haberlo solicitado) en el Registro Público de demandantes de vivienda de protección oficial
A partir de este viernes 15 estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a alquilar alguna de las viviendas del conocido como Parque de Obras Públicas de Ciudad Rodrigo (o Parque de Maquinaria) que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) ha reformado recientemente dentro de su objetivo de fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler.
En un principio (como publicamos en septiembre), se iban a buscar inquilinos para 10 viviendas del Parque, pero en la convocatoria finalmente lanzada sólo se recogen 8, las números 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 y 12. Todas ellas son viviendas unifamiliares adosadas con planta baja (con porche, distribuidor, comedor, aseo, cocina, salón y un patio exterior privado), y una planta primera con tres dormitorios, un baño y un distribuidor; estando dotadas de electrodomésticos, armario empotrado y calefacción.
Según se recoge en la convocatoria, Somacyl va a enviar un correo electrónico a todos los inscritos (o que hayan solicitado su inscripción de forma previa a la publicación del anuncio de la misma este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia) en el Registro Público de demandantes de vivienda de protección oficial en Ciudad Rodrigo, requisito imprescindible para poder optar a estas viviendas, que deben servir para ser residencia habitual y permanente de los arrendatarios.
Como ya publicamos, a estas viviendas pueden optar personas físicas que formen una unidad familiar, y las que constituyan o vayan a constituir una unidad de convivencia. Respecto al concepto de unidad familiar, se consideran así los matrimonios o uniones de hecho junto a los hijos menores de edad, y los padres o madres junto a sus hijos (en casos de separación o que no exista matrimonio/unión de hecho).
Mientras, es una unidad de convivencia el conjunto de personas que habita y disfruta de una vivienda de manera habitual y con vocación de estabilidad, “con independencia de la relación existente entre todas ellas”. En este caso, la unidad de convivencia puede no funcionar en la actualidad pero manifestar la voluntad de constituirla en caso de que sean adjudicatarios de una de las viviendas.
Al proceso pueden optar españoles, miembros de otros países de la Unión Europea, o personas de cualquier otro país con residencia legal en España, que no sean titulares de otra vivienda en nuestro país (salvo que no la puedan habitar por distintas causas -como que su puesto de trabajo esté en una localidad diferente-, que la unidad familiar haya crecido en miembros y necesiten una más grande, o que se trate de personas de más de 65 años o con movilidad reducida que precisen de una vivienda más adaptada a sus necesidades).
Como otro requisito relevante, los ingresos de la unidad familiar o de convivencia no podrán ser inferiores a 1,5 ni exceder 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y además, deberán estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda de Castilla y León.
Los interesados que cumplan los requisitos tienen un plazo de 15 días naturales para presentar sus solicitudes acompañadas de la documentación exigida. Finalizado el plazo, se publicará el listado de admitidos y excluidos, y tras un plazo de subsanación de deficiencias, las solicitudes serán baremadas.
En concreto, se atenderá a cuatro criterios: tener menos de 36 años de edad, llevar empadronados en Ciudad Rodrigo más de 1 año, que la unidad familiar o de convivencia tenga 2 o más miembros, y que alguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia tenga contrato laboral en vigor o realice su actividad profesional o empresarial en menos de 30 kilómetros a la redonda.
Las personas que obtengan más puntuación en ese proceso de baremación tendrán preferencia en el sorteo que se hará para ver quiénes resultan adjudicatarios (siempre que el número de solicitantes sea superior al de viviendas que hay disponibles). Una vez dado ese paso, habrá un segundo sorteo para ver con qué vivienda concreta se queda cada adjudicatario. Inicialmente, se establecerá un contrato de arrendamiento por un año, pero, salvo que el arrendatario no quiera renovarlo, se irá prorrogando anualmente hasta 7 años.