No se puede ser feliz engañando

Están a punto de cumplirse 46 años de la aprobación –por los Plenos de las cámaras legislativas del Congreso y del Senado- de la Constitución Española, y quedó pendiente únicamente la ratificación mediante referéndum por el pueblo español, que se produjo poco más de un mes mas tarde, el 6 de diciembre.

En este “magno texto” y en el artículo 1 del Título Preliminar se especifica que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Es decir, que sería Jefe de Estado Juan Carlos de Borbón, el que, en su día, había designado el último dictador de la reciente historia de España, Francisco Franco, quién, después de ganar una cruel guerra civil implantó un régimen de terror en el que se ejecutaron decenas de miles de personas después de juicios sumarísimos carentes de garantías jurisdiccionales y por haber cometido sus autores unos hechos que consistían en “pensar de otra manera” a la doctrina oficial del Régimen franquista o por ser simpatizantes de formaciones políticas de izquierda o por haber desempeñado cargos públicos, representando a esas mismas formaciones, elegidos democráticamente por el pueblo. Ese nombramiento de Franco quedó “legalizado” democráticamente e integrado de un plumazo dentro de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho previstos en la Carta Magna de 1978.

Pues bien, después de haber transcurrido casi 5 décadas desde la muerte de Franco, estamos comenzando a conocer grabaciones de audios y fotografías de la licenciosa vida de Juan Carlos de Borbón, con sus amantes, en este caso, con la vedette hispana Bárbara Rey. Indudablemente, este tipo de cuestiones forman parte de la vida privada del viejo monarca, algo que al resto de los mortales debería provocarnos indiferencia. Ahora bien, cuando esa vida licenciosa y los chantajes y extorsiones que pueden surgir de sus pormenores, es pagada con dinero público que, en esencia, debe destinarse a la mejora de la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos, merece un reproche social e incluso penal, dado que se están destinando ingentes cantidades de dinero y recursos públicos a actividades privadas del monarca, en lugar de destinarlas a educación, sanidad o servicios sociales. Técnicamente, estaríamos hablando de malversación de caudales públicos e incluso más, de posible tráfico de influencias -cuando el rey intercedió para que le adjudicaran puestos de trabajo relevantes en televisión española a Bárbara Rey- e incluso de posible evasión fiscal y otros delitos contra la Hacienda Pública.

Y aunque en el artículo 56.3 de la CE se establezca que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, es éticamente reprobable, en cualquier caso y un mal ejemplo para los ciudadanos, que, con estas regulaciones normativas, que específicamente dan carta de naturaleza al mantenimiento de privilegios ancestrales hacia la monarquía, la aristocracia y otros sectores sociales y económicos relacionados con los poderosos, parece que seamos súbditos en lugar de ciudadanos. Recordemos que la característica fundamental de un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, es la ausencia de privilegios, ya que todos somos iguales ante la ley y, ya lo dijo el propio Juan Carlos, “la justicia es igual para todos”. Aunque, como diría Orwell en su “Animal Farm” (Rebelión en la Granja) “todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. La realidad es bien diferente.

A este respecto, nos están recordando estos días algunos medios de comunicación que Bárbara Rey fue utilizada en el primer gobierno constitucional de Adolfo Suárez (1979-1982) como modelo de una campaña publicitaria para que los españoles realizaran la declaración de la renta, en la que, entre otras cosas decía “no se puede ser feliz engañando, por eso Ángel (Cristo) y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda”. Con los videos que han aparecido de aquéllos años de Bárbara Rey y el monarca, permítanme los lectores que ponga en duda aquélla afirmación de la protagonista de la campaña publicitaria.

Aunque la “concordia fue posible” -como aparece en el epitafio de la lápida de Adolfo Suárez, en cuya presidencia de gobierno discurrió la transición de la dictadura franquista a la democracia constitucional-, el paso de los años ha destapado algunos vicios ocultos de la Transición; uno de los cuáles fue no someter a referéndum previo a la elaboración de la Carta Magna, la forma política del Estado. Hubiera sido lo adecuado. Ya lo dijo Suárez, años después, que no se sometió a referéndum porque, quizá, hubiera salido la República en lugar de la Monarquía. Pienso que si se hubiera celebrado ese hipotético referéndum, con independencia del resultado, se hubieran cicatrizado mejor las heridas históricas que nuestro país, por desgracia, lleva siempre en la frente. Porque, como bien dice Serrat en su canción “los recuerdos”, esas heridas cicatrizadas “cuando está por cambiar el tiempo, como las heridas de guerra, vuelven a dolernos de nuevo”. Lo que no impide que los que somos republicanos convencidos, llevemos siempre en nuestro corazón la bandera tricolor.