El Ayuntamiento de Vitigudino se personará en la demanda puesta por las tres integrantes del gobierno municipal anterior que cobraron sueldos

Con los cinco votos a favor del equipo de Gobierno, tres del PSOE y dos de Ciudadanos, y las abstenciones del concejal socialista, Daniel Alonso, y los portavoces del PP y VOX, José Antolín Alonso y Leticia Cuesta, respectivamente, el pleno del Ayuntamiento de Vitigudino aprobó personarse con abogado y procurador “para defender los intereses del Ayuntamiento” ante la demanda puesta por la exalcaldesa y actual concejal del PP, Luisa de Paz, la exconcejala no adscrita, actualmente también edil del PP, María José Vicente; y la exconcejala popular, Victoria Rodríguez, contra el Ayuntamiento en la que reclaman que se considere Responsabilidad Patrimonial lo cobrado por dedicaciones entre julio de 2019 y diciembre de 2022, si bien, como explicó el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, José Antonio Pérez Blanco, en la demanda figuran cantidades incorrectas, pues según este habría que sumar lo percibido entre enero y julio de 2023.

Según explicó durante la sesión ordinaria del pleno celebrada este jueves, realizadas las cuentas para la liquidación del ejercicio 2023, el total de lo percibido por las munícipes ascendería a 250.786 euros, incluido costes de la Seguridad Social. Las cantidades que deberían devolver cada una de las concejalas, según lo extraido por el cocnejal de Hacienda Pérez Blanco para la liquidación del presupuesto 2023, serían las siguientes:

• Luisa de Paz: 90.858 euros cobrados en nóminas más 29.685 euros de cuotas abonadas a la Seguridad Social, total 120.543 euros.
• Victoria Rodríguez: 48.549 euros cobrados en nóminas más 16.560 euros de cuotas abonadas a la Seguridad Social, total 65.109 euros.
• María José Vicente: 48.561 euros cobrados en nóminas más 16.570 euros de cuotas abonadas a la Seguridad Social, total 65.131 euros.

La demanda interpuesta ahora, lo que pretende es que las ediles que cobraron sueldos no tengan que devolver lo percibido como ha señalado la justicia, y que sea el Ayuntamiento el que se haga cargo como Responsabilidad Patrimonial ya que ellas realizaron un trabajo por los salarios. Por ello, en la votación no pudieron participar ni De Paz ni María José Vicente, estando ausente en esta sesión la concejala Susana Martín.

Sobre la devolución de lo percibido, Pérez Blanco recordó que “hay tres sentencias firmes y otras dos a punto de producirse”, una de ellas relativa únicamente a la concejala no adscrita, María José Vicente, y cuyo cobro denunció la Junta de Castilla y León, ya que la normativa autonómica sobre transfugismo no permite el cobro de dedicaciones a concejales no adscritos, pues cabe recordar que la edil se presentó bajo las siglas del PSOE y fue a parar al equipo de Gobierno del PP con sueldo de media jornada.

Asimismo, la concejala del PP y exalcaldesa, Luisa de Paz, quiso aclarar que en esta demanda no reclaman ningún cobro añadido a lo ya percibido, al mismo tiempo que reiteró que el cobro de salarios “no es ilegal”, y que las sentencias que piden la devolución de lo cobrado lo hacen sobre la nulidad de los plenos en los que se tomaron los acuerdos de las dedicaciones y las nuevas indemnizaciones por asistencia de los concejales a órganos colegiados, por lo que también el resto de concejales de la Corporación deberán devolver lo cobrado de más, lo que ya ha hecho Pérez Blanco, recordó en la réplica. A este respecto, finalizado el pleno, el alcalde, Javier Muñiz, y Pérez Blanco, informaron que se reclamará a todos los concejales lo percibido demás, igual que harán con lo cobrado por dedicaciones totales y parciales.

Otro de los puntos del orden del día de la sesión trataba de informar de la sentencia favorable al Ayuntamiento contra la reclamación de la empresa que ejecuto el proyecto del camino de Prado Redondo, y que reclamaba algo más de 9.000 euros, que sumado a costas y gastos podía haber supuesto para las arcas municipales una pérdida de 12.000 euros después de que en la legislatura anterior se aplicara silencio administrativo ante la reclamación de la empresa, lo que se tradujo después en una demanda judicial que ha defendido el actual equipo de Gobierno.

Por unanimidad se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito por 20.915 euros para el pago de facturas pendientes de ejercicios anteriores, así como el convenio con el Ministerio del Interior para la instalación en la planta baja del Ayuntamiento de un Puesto de Actualización de Documentación (PAD) que permitirá la renovación del DNI electrónico, entre otros documentos.

En ruegos y preguntas, Luisa de Paz pidió a la secretaria una mayor literalidad en la redacción de las actas. La concejala María José Vicente preguntó sobre la contratación de “siempre la misma empresa de hostelería” para actos municipales, acusación que rechazó el alcalde y explicando que en algún caso solo ha habido una empresa interesada, citando al menos a tres empresas que han prestado sus servicios al Ayuntamiento para distintos eventos. Por su parte, el alcalde rogó al concejal Daniel Alonso que atienda la solicitud por escrito de hace semanas y devuelva el móvil del ayuntamiento que le fue entregado cuando tenía delegaciones a su cargo, así como la llave del despacho que utilizó unos meses. Por último, Daniel Alonso preguntó porque recibía “un trato discriminatorio” al no recibir invitaciones como el resto para los actos organizados, a lo que el alcalde le contestó que se debía a los ”insultos” pronunciados en redes sociales contra él y contra dos concejales más del equipo de Gobierno, una acusación que Alonso rechazó poniendo en duda de que sus manifestaciones se dirigieran a ellos.

Expediente penalizador

Finalizado el pleno, y sin que nadie realizara preguntas al respecto, el alcalde y el teniente de alcalde explicaron a los medios presentes en el pleno municipal el inicio de un expediente penalizador contra la empresa contratada para la organización de los festejos taurinos por el incumplimiento de contrato.

Entre las cuestiones que se pretende valorar es la suelta de dos vaquillas menos en la capea nocturna del 14 de agosto, el cambio de ganaderías sin previo aviso y la ausencia de música en el festejo del 16 de agosto. Una vez valorado económicamente el incumplimiento, se procederá a la devolución restante de la fianza de 6.000 euros si fuera preceptivo o a la retención de lo estipulado en el contrato como ayuda para la organización de los festejos y que es de 25.000 euros.