Intermedio etílico

En España, un país en el que el consumo de alcohol alcanza cifras y porcentajes de los mayores del mundo, y donde está fuertemente arraigada la asociación del consumo de alcohol con celebraciones, fiestas, conmemoraciones o muchos aspectos del ocio, el gobierno ha emprendido una casi heroica lucha para tratar de limitar el consumo de bebidas alcohólicas, uno de los más graves elementos de insalubridad pública, no solo en menores de edad (demostrado científicamente lo perjudicial de su consumo en edades de crecimiento y maduración), sino para romper falsas ideas aceptadas y admitidas socialmente sobre el alcohol y racionalizar, aclarándolas, percepciones incorrectas, amañadas o fraudulentas sobre el “consumo moderado” o el “consumo responsable”, que no son más que anuncios, en forma de reclamos “buenistas” de la industria alcoholera, con el fin de seguir vendiendo su producto bajo la falacia general de que “beber poco es bueno”, idea que ha sido descartada y desautorizada por multitud de estudios científicos en todo el mundo.

El anteproyecto de Ley presentado por el Consejo de Ministros para la Prevención del Alcohol en Menores, que ha sido recibido con frontal rechazo tanto por la industria del alcohol como por gran parte de la industria que basa en su consumo su negocio (principalmente hostelería aunque también ciertas prácticas “deportivas”, eventos comerciales, expositivos, “culturales” y otros), contempla una serie de medidas restrictivas de variada índole para impedir el acceso de los menores al alcohol, además de limitar radicalmente la publicidad y, sobre todo, incidir e implicar en esa lucha ámbitos hoy sustentadores de la ‘cultura alcohólica’.

La lucha en ámbitos tales como el familiar (donde se inician, auspiciados por los propios padres, gran parte de los consumos en menores), el educativo (en el que educadores, enseñantes y supuestos orientadores sirven de ejemplo, indecente, y de acicate del consumo de alcohol para estudiantes en fiestas y celebraciones de tipo académico como graduaciones, inauguraciones o despedidas), el sociosanitario (con medidas de control exhaustivo y vigilancia estricta de síntomas y /o patologías provocadas por el alcohol), el urbanístico (con el estudio de distancias de puntos de venta y consumo, accesos y varias limitaciones en agrupamientos botelloneros y otros), además de poner al servicio de la eliminación y/o disminución del consumo de alcohol, y su vigilancia y sanción, todos los medios del Estado (fuerzas y cuerpos de seguridad, principalmente).

Un somero repaso de las primeras ‘reacciones’ negativas a este loable propósito del gobierno de luchar contra una de las mayores taras sanitarias de este país, da noticia de los niveles de inconsciencia y necedad, por un lado, y de rastrero interés por el rédito económico del mismo nivel que el desinterés por el bienestar de su propio país, en colectivos, fabricantes, asociaciones y otros núcleos vividores del consumo (responsable, irresponsable o de cualquier forma) del alcohol, a quienes nadie niega su negocio en ámbitos privados de restauración, domiciliaria o de mil formas privadas, sin que ese consumo afecte a la salud pública.

Las reacciones políticas no se harán esperar (este es el país de la quejumbre y solo lleva dos días anunciado el Anteproyecto) y, sin duda alguna, estarán en la línea de las que siguieron a las medidas contra el tabaco en lugares públicos (algunas especialmente ridículas), contra el excesivo consumo de carne o de alimentos y dulces ultraprocesados y otros destinados a mejorar la salud general de la población previniendo graves enfermedades, y asistiremos en las próximas fechas no solo a “desautorizaciones” y mofas e insultos a los ministros responsables del proyecto de ley, sino a verdaderas cascadas de cuestionamiento de los estudios científicos, a la mágica aparición de otros “en contrario” que “demostrarán” que el consumo de alcohol es beneficioso, a abrazos interminables a “la tradición” y a los alcoholeros en defensa de “la libertad”, a la revalorización de “la autenticidad” o al valor de la fiesta y, de nuevo, a esa putrefacta instancia de “la libertad” tan querida por los mercaderes y sus voceros, comodines utilizados siempre por la reacción política de este país (y el interés crematístico, que es la misma cosa) para rechazar cuanto huela a bien común (y amenaza al beneficio, que es también la misma cosa)

Ojalá el proyecto de Ley contra el consumo de alcohol por los jóvenes y la racionalidad y control en toda la población llegue a convertirse en norma legal y este país pueda empezar a salir del pozo de la inconsciencia y de la insalubre costumbre del alcohol, y haga de su consumo un aspecto más de la gastronomía. Hasta entonces, seguiremos asistiendo a fiestas organizadas y pagadas por ayuntamientos, diputaciones y entidades públicas, en las que, bajo mil pretextos (costumbres, recuperaciones de la tradición, bailes, fiestas patronales, concentraciones populares o actuaciones musicales de diversa índole), seguirán patrocinando enormes botellones, borracheras colectivas y ejercicios de “la libertad” donde el consumo de alcohol, por mayores y menores, sin control, sin medida y sin sentido, seguirá siendo el principal reclamo de la falsa alegría, de la inanidad de sus celebrantes y la falta de imaginación de sus promotores.