La adaptación de las granjas de porcino al bienestar animal costará más de 300.000 euros por ganadero
Explotación porcina de ibérico. Foto de archivo.
ASAJA y COAG reclaman un paquete de ayudas para apoyar la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares
Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA y COAG, han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una prórroga de tres años adicionales, (hasta 9 de enero de 2028), para la entrada en vigor del Real Decreto 159/2023 que establece nuevas exigencias de bienestar animal para las explotaciones de porcino españolas. Esta prórroga permitiría:
- Adaptación gradual y ordenada. Realizar una correcta adaptación a los nuevos requisitos sin una drástica caída de la producción. Se estima que la implementación del RD 159/2023 y los nuevos requisitos de densidad de espacio por animal supondrán una pérdida de entre 4 y 8 millones de cerdos cebados al año, dependiendo del método de cálculo de la superficie útil y la aceptación del redondeo por corral. La reducción de plazas oscila entre el 7,06% y el 16,34%.
- Alineación con Normativa Europea: Esperar a los debates y posibles cambios en la Directiva 120/2008 para asegurar la coherencia con la normativa de la UE
- Plan Coordinado de Implementación: Establecer un plan coordinado entre el Ministerio, Comunidades Autónomas y productores para una transición ordenada y efectiva.
Los cálculos realizados por el sector, en base a presupuestos reales, recogen un sobrecoste por encima de los 300.000 para adaptar las granjas a la reducción de densidades por m2 que, en el caso de querer ampliar la superficie de las misma para mantener el nivel de producción, superarían los 500.000 euros.
En relación a ello, COAG y ASAJA han reclamado también al MAPA ayudas específicas para facilitar la transición hacia las nuevas normativas. Estas ayudas servirían para apoyar a los ganaderos en la adaptación de sus explotaciones y en la implementación de mejoras necesarias para cumplir con los nuevos estándares de bienestar animal.
Además, los ganaderos se enfrentan a dificultades significativas para obtener las autorizaciones necesarias para la ampliación de sus granjas. Las regulaciones actuales y las restricciones administrativas complican el proceso de expansión, limitando la capacidad de las explotaciones para cumplir con las nuevas normativas de bienestar animal.