Gas nitrógeno: nueva arma letal en EE. UU.
EE. UU. utiliza por primera vez una nueva arma de ejecución para acabar con la vida de un preso, yendo más allá de la inyección letal o electrocución, o como algunos lo consideran, retrocediendo en la historia de la humanidad. ¿Estaríamos ante un caso de tortura permitida?
Lucía Aceña Paniagua
Defensora de los derechos humanos
El pasado jueves 25 de enero de 2024, Estados Unidos, concretamente el estado de Alabama, ejecutaba por primera vez a través de la inhalación de gas nitrógeno al preso Kenneth Eugene Smith. Fue condenado en 1996 por asesinar a una mujer por encargo de su marido, y tras sobrevivir en 2022 a la inyección letal, este método experimental ha comenzado a emplearse como alternativa.
«Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos». Estas fueron las palabras que pronunció Kenneth Smith antes de su ejecución.
Este método de ejecución fue calificado por profesionales médicos como catastrófico y dañino, incluso veterinarios del país no habían permitido la experimentación de este método con animales, pues sin una previa sedación podría provocar una muerte lenta y dolorosa. De esta manera, sin la adecuada preparación, el condenado inhaló el gas hasta el punto de asfixia. Periodistas y demás testigos presentes alegaron que fue una muerte lenta y dolorosa, presentando síntomas de dolor como respiración agitada, temblores o convulsiones.
La hipoxia por nitrógeno ha sido empleada de manera experimental como alternativa a otras técnicas por las dificultades que presentaban. Pues como ocurre en este caso, algunos presos han mostrado dificultades a la hora de encontrar las vías intravenosas alargando el proceso durante horas, por lo que con esta alternativa se pretendía acabar con la vida de los presos de manera rápida y sin dificultades.
De esta manera, no solo se alarga el proceso de ejecución siendo esta una práctica cruel sino también el tiempo de espera en el llamado «corredor de la muerte». Hay una estimación aproximada de diez años de espera que en ocasiones asciende a veinte o incluso más. Este suceso ocurre con más frecuencia de la que pensamos y plantea una gran problemática que se puede manifestar de dos maneras. La primera es que en ocasiones la sentencia emitida por el juez puede resultar errónea y tras pasar años en el corredor de la muerte se dictamina la inocencia del acusado, y la segunda, es que se prueba la inocencia del acusado tras su ejecución y el proceso resulta irreversible.
En EE. UU., a día de hoy, encontramos 27 estados que recogen la pena de muerte, entre los que se encuentran Oklahoma y Mississippi, que ya han aprobado esta nueva práctica. En 2023 las ejecuciones se han elevado a 23 en este país y a pesar de no parecer una cifra tan alarmante, en 2022 el total de muertes por este tipo de condena ha sido de 883 en veinte países. Una cifra realmente preocupante y significativa puesto que ha sido la más alta en los últimos cinco años, algo que choca con la constante lucha contra la vulneración del derecho a la vida.
Amnistía Internacional tiene una posición rotunda y contraria sobre la pena de muerte, ya que viola directamente el derecho a la vida previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos al considerarse una práctica cruel inhumana y vejatoria. Además, presiona directamente a los gobiernos para detener las ejecuciones independientemente del delito del que se trate, para que supriman la legislación que recoge la pena de muerte y que cumplan las normas internacionales sobre la defensa de derechos humanos. En la misma línea, encontramos la posición de la ONU, pues el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha declarado que se trata de un «acto de tortura o un trato cruel, inhumano o degradante».
La pena de muerte es una práctica arcaica que justifica a través de una falsa moralidad la violencia ejercida por los Estados como respuesta a los crímenes, llevando a cabo una continua vulneración de derechos fundamentales. Por no hablar de que se trata de un acto inhumano e irreversible pudiendo condenar a inocentes como ha ocurrido a lo largo de la historia. Además, en una época como la nuestra con una continua lucha de las sociedades contra injusticias de todo tipo, no debería tener cabida esta práctica en los sistemas judiciales democráticos actuales.
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