Gobierno progresista pero, ¿sociedad progresista?

Lara Brusa Safigueroa

Defensora de los derechos humanos

Ha salido a la luz un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) donde se ha puesto de manifiesto una escalofriante estadística: una de cada dos mujeres en México dice haber sufrido acoso o agresión sexual. Se trata de una estadística en la que se refleja que casi la mitad de la población mexicana (49,7 %) sufre acoso o agresiones sexuales. Un golpe de realidad hacia las autoridades del gobierno mexicano.

De este 49,7 %, un 23,3 % dice haberlo vivido en los últimos meses de 2020, por lo que también se puede apreciar cómo la crisis del COVID-19 ha fomentado las agresiones sexuales en este país. También este aumento de actos de violencia contra la mujer se han incrementado en el hogar. Entre el 11,1 % y el 35,3 % de las mujeres reportaron que experimentaron algún tipo de violencia en su hogar por vez primera al implementarse el confinamiento como estrategia para mitigar el contagio del COVID-19 en el país.

Además, un documento publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el 70 % de las mujeres mayores de quince años ya han sufrido al menos un incidente de violencia. Esta violencia sufrida puede ser sexual, física, psicológica, económica, patrimonial o de discriminación.

¿Qué razones o motivos están detrás de estas cifras tan alarmantes? Si el gobierno mexicano supuestamente es un gobierno progresista, demócrata, etc. ¿Por qué los datos obtenidos en estos estudios no reflejan lo que debería ser una sociedad propia de este gobierno?

A pesar de los esfuerzos por parte de sectores feministas de la población mexicana, actúan algunos factores estructurales explicados por fenómenos sociológicos que dificultan bastante el cambio deseable.

Es necesario tener en cuenta, aunque no utilizarla como excusa, la contextualización del país, de la sociedad:

• Al igual que en otros países, México tiene profundas raíces patriarcales en las que los roles y valores de género asignan poder a los hombres. Esto puede afectar en gran medida a la violencia contra las mujeres.
• Se puede observar una gran diferencia económica y social dentro de la sociedad mexicana. No quiere decir que las mujeres ricas de México no sufran violencia machista, pero sí que las más pobres o las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y social, pueden enfrentarse a mayores riesgos de violencia y tener menos recursos y apoyo para combatirlo.
• La corrupción en el gobierno mexicano es grave. La falta de eficacia y de sanciones para los agresores, junto con la corrupción del sistema, dificultan la erradicación de esta violencia.
• Ligada a esta última, vemos como hay una ineficacia en la aplicación de políticas progresistas. Su implementación y sustento son cruciales y en muchos casos inexistentes. Problema de la falta de coordinación entre las instituciones.
• Existe una gran falta de educación y conciencia en la sociedad. La educación y concienciación es fundamental para cambiar el rumbo de la violencia de género. Y aún así, hay muchas carencias en la educación mexicana (y en la de otros países también).
• Al mismo tiempo, una vez la violencia se ha ejercido, las víctimas se enfrentan a una estigmatización y miedo a denunciar. La sociedad o unas partes de la sociedad no apoyan a la víctima, no se la cree y esto hace que se dificulte la seguridad y el cambio en la sociedad.
• Finalmente, y actuando como gota que colma el vaso, México se enfrenta a una crisis de seguridad generalizada. La tasa de homicidios en México está aumentando, por lo que afecta a las mujeres y empeora la situación.

A lo largo de este artículo nos hemos centrado en la violencia sexual hacia las mujeres en México, pero no significa que sea el único país del mundo en el que esta situación de violencia ocurra. No hay que irse tan lejos para apreciar estas causas sociológicas que nos rodean a todos estos días.

Desde Amnistía Internacional se pide que las autoridades acompañen las legislaciones con compromiso y respeto. Es necesario que las autoridades se comprometan para poner en práctica la ley de una manera eficaz y efectiva.