Sudán, una historia de vulneración de derechos

Óscar Delgado

Defensor de los derechos humanos

Golpeada por guerras civiles desde su independencia de Gran Bretaña en 1956, distintos conflictos se han sucedido en Sudán, teniendo su base en la tensión provocada por la disociación y desigualdad entre un norte del país, árabe, musulmán y más desarrollado; y el sur, de población negra, cristiana y animista. Sin embargo, este no es un conflicto solo de origen religioso o étnico, sino que implica la lucha por el poder de los recursos naturales. Y es que, mientras es en el sur donde se encuentran las tierras fértiles, así como yacimientos petrolíferos y mineros, el norte posee los medios materiales y de producción.

Esta desigualdad ya fue impulsada por las fuerzas coloniales británicas y posteriormente apoyada por el ímpetu centralista de corte musulmán de la capital, Jartum, protagonizado por imposiciones de la sharia (ley islámica) que chocan con los movimientos autonomistas del sur. Algo que se plasmó, tras décadas de guerra, en la independencia de Sudán del Sur, oficializada en el 2011, siendo hoy en día el país más joven del mundo.

Meses después del estallido de la nueva guerra civil entre un grupo paramilitar y el ejército, se estima que en Sudán, un país que ya era golpeado por el hambre, 18 millones de personas se enfrentan a la hambruna, aproximadamente el 40 % de la población; esta es la mayor crisis humanitaria actual. El hambre se ha acentuado a raíz de los encarnizados combates, el aumento de la inseguridad, una inflación galopante y la reducción de la producción agrícola; a lo que se une una tímida respuesta internacional de ayuda humanitaria. A esto se suma el preocupante incremento de fenómenos meteorológicos extraordinarios provocados por el calentamiento global, protagonizados en los últimos años por sequías e inundaciones que han acabado con la fuente de alimento de cientos de miles de personas. Y las previsiones, si nada cambia, son solo las de un agravamiento de la dramática situación y un incremento de la población afectada por la desnutrición.

En el país hay 25 millones de personas que requieren de ayuda humanitaria urgente, entre las que hay 14 millones de niños, y dos tercios de la población no tienen acceso a atención sanitaria. Además, unos 19 millones de niños no están siendo escolarizados debido a la guerra, lo que menoscaba el futuro de la juventud sudanesa.

Se contabilizan más de 13.000 muertos en lo que se lleva de guerra civil; casi 8 millones de desplazados, entre los cuales más de 1,5 millones a países extranjeros, principalmente a sus vecinos Chad y Egipto. La mayor parte siguen siendo desplazados internos, pero no cabe duda de que el número de personas que huyen a otros países, a medida que se dilata la guerra, no irá sino en aumento. Además, en el inicio de la guerra, el país acogía a su vez a más de un millón de personas refugiadas, provenientes en su mayor parte de Sudán del Sur, y en menor medida de Eritrea.

En el terreno económico, se calcula que el pasado año su economía se redujo un 12 % y se estima que este año podría hacerlo un 14 %, un inmenso deterioro económico en comparación con otros países en conflicto durante la última década, como Siria o Yemen, cuyas economías se contrajeron anualmente un 5 % de media durante la guerra. Esto se evidencia en la falta de fondos con los que cuentan la población y el Estado y en la imposibilidad de obtener créditos para empresas y agricultores, sumiendo al país en la muerte económica.

En cuanto a la asistencia humanitaria, las ONG denuncian la carrera de obstáculos a la que se tienen que enfrentar para el envío y distribución de ayuda humanitaria, y es que no poseen garantías de seguridad ni un apoyo claro del gobierno; se contabilizan numerosos ataques a trabajadores humanitarios y se suceden los apagones de telefonía e internet, lo que dificulta enormemente la distribución de dicha asistencia. A esto se suma la difícil situación del transporte marítimo en el Mar Rojo, por los ataques hutíes derivados de la guerra en Gaza; y es que sus puertos son el principal punto de acceso de ayuda. Hay que añadir a esta problemática los exiguos fondos aportados por la comunidad internacional, que solo representan el 3,5 % del plan inicial de respuesta elaborado por la ONU.

En numerosas zonas del país, como Darfur y Jartum, los enfrentamientos han imposibilitado la asistencia a la población civil por parte de las ONG, pues se han saqueado los suministros de ayuda.

Estas dificultades por parte de las ONG de cubrir los requerimientos de la ciudadanía han aumentado la importancia de los ERR, unidades de respuesta de emergencia, conformada por voluntarios de la población local, de origen civil o revolucionario y con gran arraigo en algunos barrios, lo que posibilita la llegada de ayuda en zonas donde las ONG no tienen acceso, por ejemplo con cocinas comunitarias que se han ido extendiendo por la capital, y que son financiadas mayormente por actores locales y por la población sudanesa en el extranjero. Estos grupos descentralizados han ocasionado escepticismo por parte de algunas organizaciones internacionales, pero son ya varias las ONG que usan estas unidades para canalizar la asistencia de forma efectiva, empoderando así a la población local. A pesar de su naturaleza humanitaria, tanto el ejército como los paramilitares persiguen a estos grupos acusándolos por su pasado político y por colaborar con el rival.

Numerosas entidades denuncian que se ha multiplicado el número de niños soldados reclutados a la fuerza, sobre todo en el bando paramilitar, el cual se aprovecha en las zonas más marginalizadas del gran número de menores no acompañados, separados de sus familias e inmersos en la inseguridad y la pobreza, para captarlos y reclutarlos.

La Corte Penal Internacional ya ha abierto investigaciones de presuntos crímenes de guerra por violaciones masivas, asesinatos indiscriminados y distintos crímenes contra la infancia. Tristemente, estas investigaciones se limitan a la región de Darfur, la única zona donde la CPI tiene jurisdicción según una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y donde existen acusaciones de violencia étnica de distinto tipo, por ejemplo, en Darfur occidental se denuncia que la comunidad masalit prácticamente ha desaparecido del lugar.

A esta dramática situación, hay que sumarle la crisis humanitaria en la que se encuentra la joven Sudán del Sur, la cual a pesar de su emancipación sigue siendo golpeada por la violencia, la hambruna y la pobreza. Lo que ha generado millones de desplazamientos, casi un millón de ellos al propio Sudán, los cuales se encuentran ahora en una posición todavía más desesperada. Y es que los datos de antes del comienzo de la guerra civil reflejan que Sudán era uno de los países africanos con mayores poblaciones de refugiados.

Numerosos anuncios de alto al fuego se han sucedido a lo largo del conflicto, sin que ninguno haya sido efectivo; el último protagonizado este mes de marzo por el Consejo de Seguridad de la ONU con motivo del mes del Ramadán. Asimismo, las escasas negociaciones que se han producido hasta el momento, entre ejército y paramilitares, no han dado fruto alguno.

Podríamos atribuir la irrisoria atención y apoyo internacional que se ha prestado al país a que los principales actores internacionales no tienen grandes intereses geoestratégicos en el conflicto, pese a su magnitud; como sí los tienen en muchos otros, a los cuales se brinda de mayor cobertura mediática, humanitaria y asistencial. Es así como nuestros países le dan la espalda a un país sumido en el caos, a una crisis que comienza a extenderse por la región, y a una guerra sin visos de terminar que cada día se cobra más vidas.