Una vez más, las instituciones muestran desinterés en los derechos humanos

Bianca Piscolla

Defensora de los derechos humanos

La propuesta de directiva CSDDD (Corporate Sustainibility Due Diligence Directive), también conocida como Supply Act Chain, presentada por la Comisión Europea el 23 de febrero de 2022, tiene como objetivo principal la necesitad de que las empresas tomen conciencia y se responsabilicen de los impactos sociales y ambientales de su cadena de suministro y de proveedores a socios. La directiva se basa en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (UNGP) y se sustenta en el concepto de obligación de diligencia debida. De hecho, la CSDDD debería haber establecido una obligación de diligencia debida por parte de las empresas, que se traduciría en la identificación, cese y prevención de los impactos negativos en los derechos humanos y en el medio ambiente de las actividades de la empresa, de sus subsidiarias y de la cadena de valor. Además, la directiva preveía que las grandes empresas elaboraran un plan para asegurar que su estrategia empresarial fuera compatible con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C, de acuerdo con el Acuerdo de París. Por último, la directiva establecía que los administradores, en sus decisiones, debían tener en cuenta los derechos humanos, los cambios climáticos y las consecuencias ambientales.

La Comisión Europea también enumeró los beneficios que podrían derivarse de la aplicación de esta directiva. Los beneficios para los ciudadanos podrían incluir una mejor protección de los derechos humanos, especialmente los de los trabajadores, un ambiente más saludable para las generaciones futuras, mayor confianza en las empresas, una mayor transparencia que permita tomar decisiones informadas y un mejor acceso a la justicia para las víctimas. Mientras, para las empresas los beneficios podrían consistir en un marco jurídico armonizado en la UE (con certeza legal y condiciones de igualdad), una mayor confianza de los clientes y compromiso de los empleados, una mejor gestión del riesgo, una mayor atención a la innovación y un mejor acceso a la financiación.

El acuerdo sobre el texto fue alcanzado en diciembre por el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos, pero la amenaza de su rechazo en el Consejo ha permanecido constante. Tras numerosos aplazamientos llegó el momento de aprobar la directiva, pero el voto en contra de Suecia y la abstención conjunta de trece países europeos impidieron la mayoría cualificada para la votación. Los países que han decidido boicotear la aprobación de esta directiva son: Italia, Alemania, Francia, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Lituania, República Checa, Malta y Austria. El ministro de Justicia alemán, Marco Buschmann, cuyo gobierno se encuentra entre los principales opositores a la directiva, escribió en X (anteriormente Twitter) que «había demasiadas razones objetivas en contra de la propuesta actual: demasiada burocracia, demasiados nuevos riesgos de responsabilidad, requisitos de diligencia debida inmanejables y demasiados pocos beneficios claramente visibles». Por esta razón, el presidente del Consejo de la Unión Europea pospuso la votación y la CSDDD tendrá que ser renegociada.

Así, los trabajadores de las cadenas de suministro globales quedan expuestos a la violación de los derechos humanos y, en Europa, los productos de su explotación podrán seguir siendo vendidos sin que las multinacionales estén obligadas a intervenir para evitarlo. Según Hannah Storey, consultora de políticas sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional, «la falta de apoyo del Consejo de la UE a una nueva ley vital sobre la cadena de suministro es un vergonzoso revés para los derechos humanos».

¿Cómo no estar de acuerdo con lo afirmado por Hannah Storey? El último Corporate Human Rights Benchmark destaca que, de las 112 grandes empresas globales examinadas, el 55 % no ha proporcionado ninguna prueba de identificación o mitigación de los riesgos y abusos relacionados con los derechos humanos en sus cadenas de suministro y producción. Aunque el 77 % de las empresas examinadas en el informe de 2023 declara comprometerse a respetar los derechos humanos, solo el 27 % demuestra implementar efectivamente sus políticas públicas, por ejemplo, brindando formación específica a los directivos y trabajadores. En concreto, en el sector de la extracción Arcelor Mittal, Gazprom y Lukoil son las empresas peor evaluadas, obteniendo puntuaciones que van de 3 a 0 sobre un total de 25 puntos asignados por la World Benchmarking Alliance para evaluar cómo las empresas supervisan y garantizan los derechos humanos en sus actividades diarias.

Según el informe, la violación más frecuente de los derechos humanos radica en el hecho de que las grandes empresas descuidan exigir a sus proveedores el respeto de los derechos de los trabajadores, como la libertad de asociación y la negociación colectiva. Además, no implementan medidas para prohibir y sancionar intimidaciones, represalias, acoso y violencia contra los trabajadores y los representantes sindicales. Este comportamiento contribuye a crear un entorno laboral donde la protección de los derechos fundamentales a menudo se pasa por alto.

La problemática de la pobreza salarial y la explotación emerge claramente, especialmente en las grandes empresas de indumentaria como Nike, Foot Locker y Shein, las cuales fueron evaluadas con las siguientes puntuaciones por la World Benchmarking Alliance: 3,1; 0,9 y 0,9, respectivamente. Es relevante señalar que solo siete empresas de indumentaria establecen un salario que permite a los trabajadores hacer frente a los gastos diarios esenciales para su supervivencia. Esta situación destaca una problemática crítica en el sector, ya que muchas empresas no garantizan un nivel de vida adecuado para sus empleados. Es obvio que esta situación debe cambiar.