Podredumbres y otras rentas

Tras arduos esfuerzos de negociación, acuerdos políticos, cesiones y multitud de reuniones de trabajo a cargo de especialistas y expertos, el gobierno español pone por fin en marcha un sistema de referencia de precios de alquiler de vivienda, destinado a limitar racional y legalmente los precios en zonas “tensionadas” de todo el país, para favorecer el alquiler a personas cuya renta no alcanza los altísimos precios en España. Al tiempo, sin ningún esfuerzo ni acuerdo, ninguna cesión ni reunión, los políticos de la oposición reaccionaria que gobiernan comunidades autónomas como la desdichada Castilla y León, se oponen frontalmente a aplicar las medidas que les competen y son su obligación, y ni siquiera se dignan considerar, analizar o leer esa valiosa medida social que puede posibilitar a muchos miles de personas el acceso a la vivienda de alquiler.

La moraleja es sencilla: los políticos de la derecha española, la más inmovilista, corrupta y reaccionaria de toda Europa, especialmente los que gobiernan una comunidad que como la castellanoleonesa es una de las más tensionadas e injustas socialmente por el abuso en los precios de alquiler de vivienda, se ponen de parte de los especuladores frente a la inmensa parte de la ciudadanía. Sin rubor ni vergüenza, ni lógica alguna, la administración autonómica se alinea con los mismos vocingleros de bandería que se quejan al tiempo de la despoblación, del descenso de posibilidades de la región y del empobrecimiento general de la calidad de la vida aquí, cosa que en gran parte ellos mismos provocan cuando por codicia, rapacidad y egoísmo, bloquean el acceso a la vivienda, es decir a la vida de vivir a miles y miles de jóvenes, familias y trabajadores.

Ejemplo palmario es Castilla y León, la primera Comunidad Autónoma en la que el fascismo posibilitó un gobierno regional (triste preludio de la podredumbre política generalizada hoy en gobiernos de otras regiones), vicepresidida por la más burda caricatura de la ordinariez, un personaje repulsivo hasta la náusea, que pone en evidencia cada día tanto de su oceánica ignorancia como la demostración en sí de las miserias del más descarado fascismo. No es de extrañar, pues, que la administración autonómica que con el presupuesto público mantiene a semejantes muñecones, se niegue siquiera a realizar las labores que la ley le encomienda respecto a esas medidas que facilitarían el acceso al alquiler, que no haga ni el preceptivo análisis de zonas tensionadas, que desprecie la investigación de índices de desocupación especulativa en su propio territorio y que ni siquiera haga un simple estudio de las posibilidades reales de limitación de precios en los alquileres de vivienda en beneficio de sus administrados, de sus ciudadanos que lo necesitan.

Para muestra, el botón (charro) de Salamanca, una de las ciudades más claramente hundidas en la especulación inmobiliaria y de alquileres, desde los precios y las condiciones escandalosamente abusivas de habitaciones para estudiantes en pisos compartimentados, o los precios intolerables de alquiler compartido de pisos amueblados con productos de vertedero, hasta el escándalo innoble, mezquino y ruin de los filtros racistas y xenófobos para alquiler, las subastas y las reservas financiadas, el triaje de familias para lograr un contrato de alquiler, las míseras condiciones de habitabilidad y fianzas abusivas o la desatención de los propietarios a inquilinos en las necesidades elementales de la vivienda, no es de extrañar que la Junta de Castilla y León, sostenida por los mamarrachos autores de diatribas trumpistas contra la Universidad, la cultura en general y las instituciones públicas que aún no chalanean, apuntalada por la ignorancia, el machismo, el racismo y el desprecio a la igualdad, apoye no a los honestos propietarios sino a los especuladores del alquiler, a los rentistas de la necesidad, a los vividores del sufrimiento ajeno, por si alguna duda existía de la catadura moral de una fuerza política, de unos gobiernos autonómicos tejidos con los mimbres del más podrido franquismo.