La salida de los concejales populares se producía en un punto de dación de cuenta en el que el alcalde impidió hablar al portavoz popular cuando pretendía denunciar la falta de información denunciada la anterior legislatura por los ahora en el gobierno municipal
Aunque a priori era un pleno sin demasiada importancia, finalmente el desarrollo de las sesiones en Vitigudino acaban como casi siempre, con alguna nota discordante que los empaña, como el celebrado este jueves.
En esta ocasión el PP, Grupo en la oposición, decidió abandonar la sesión, de carácter ordinaria, después de que el alcalde le negase la palabra al portavoz popular en un punto de dación de cuentas, aunque tampoco hubiera pasado nada porque le hubiera autorizado a decir lo que al final José Antolín Alonso dijo, y es que desde el pasado 24 de enero el PP no tiene acceso a la plataforma Gestiona, sistema telemático al que acceden los concejales para obtener información municipal. Es más, Luisa de Paz finalmente intervino para explicar el hecho, aunque eso no bastó para evitar que al final abandonaran la sesión.
La discusión surgía en el punto en el que el primer teniente de alcalde, José Antonio Pérez Blanco, informaba de la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Salamanca por la que estimó la demanda sobre vulneración de derechos fundamentales cometida por el Gobierno del PP la pasada legislatura y denunciada por varios de los integrantes del equipo de Gobierno, por lo que el portavoz popular actual no quiso esperar al punto de ruegos y preguntas para denunciar “la misma situación” que padecieron el hoy Gobierno municipal. Así que, primero Alonso, abandonaba la sala y a continuación el resto de concejales del PP.
Por otro lado, el equipo de Gobierno aprobó el pago a la Mancomunidad de Vitigudino de 43.255 euros reclamados por Regtsa correspondientes a la deuda que en 2020 reclamó el Consorcio de Mancomunidades a la Mancomunidad de Vitigudino tras poner en orden las cuentas, 33.243 euros más recargos e intereses de demora que ascienden a los 43.255 euros. En este apartado hay que señalar que la deuda reclamada correspondía a un periodo anterior al 31 de diciembre de 2011 y que Vitigudino se salió de la Mancomunidad en 2014, por lo que el PP de Vitigudino se negó una vez más a reconocer esa deuda, antes en el Gobierno municipal y ahora en la oposición, por lo que votó en contra y de nada sirvieron las explicaciones de Pérez Blanco de que en el caso de no pagar Regtsa embargaría al Ayuntamiento y la Diputación cancelaría el pago de cualquier subvención. Aunque el resto de concejales tampoco se mostraron complacientes con la decisión, porque en el momento de la salida de Vitigudino de la Mancomunidad el Ayuntamiento saldó la deuda entonces reclamada para formalizar este trámite, a propuesta del concejal socialista, Germán Vicente, se acordó saldar la deuda y estudiar la posibilidad de recurrir a la vía judicial para reclamar lo pagado. Pérez Blanco reiteró que llegado a este punto, con varios recargos e intereses de demora en el pago por “hacer caso omiso a la reclamación en 2022”, no había otra alternativa que pagar. El acuerdo se aprobó con el voto favorable de tres concejales del PSOE y dos de Ciudadanos, los cuatro en contra del PP y las abstenciones de un concejal del PSOE y de la portavoz de Vox.
Al contrario, se aprobó por unanimidad cumplir la sentencia condenatoria y abonar a la anterior empresa que recogía la basura la cantidad de 8.095 euros en concepto de revisión de precios e intereses de demora por el impago de 15.000 euros por realizar el servicio, decisión de la anterior alcaldesa, Luisa de Paz, “por incumplimiento de contrato”, como explicó en esta sesión. Sin embargo, el allanamiento del Ayuntamiento y las declaraciones de la anterior secretaria, Pérez Llorens, como testigo del Ayuntamiento, y en las que negó que se hubiera producido “incumplimiento del contrato”, y que la deuda era fruto de “un ayuntamiento fallido”, determinaron la sentencia en contra del Ayuntamiento. Asimismo, De Paz indicó que “en el Ayuntamiento debían constar los burofax enviados a la empresa denunciando el incumplimiento de contrato”, lo que complica los motivos que llevó al equipo jurídico municipal anterior a acordar el allanamiento. También se dio cuenta del juicio ganado por el Ayuntamiento al adjudicatario de las piscinas municipales.
Con seis votos a favor y una abstención, y el PP fuera de la sesión, se aprobó el reconocimiento extrajudicial de créditos por 57.912 euros, 43.000 de ellos para el pago a la Mancomunidad de Vitigudino y el resto de facturas de proveedores. También se aprobó otro reconocimiento extrajudicial de créditos, aunque este con dos abstenciones, del pago de 51.000 euros a Girsa, institución provincial encargada de la gestión de los residuos sólidos urbanos, una cantidad que “ignorábamos que se debía”, aseguró Pérez Blanco.
En el apartado de mociones, se aprobó por unanimidad una moción de apoyo al proyecto Puente para la construcción de un paso fronterizo sobre el Duero en las localidades de Masueco y Ventozelo. Esta moción fue presentada por el PSOE y defendida por Germán Vicente, y será enviada a todos los ayuntamientos de la zona, así como al Ministro de Transportes y presidente de la Junta de Castilla y León.
Por último, en el turno de ruegos y preguntas el concejal socialista, Daniel Alonso, recriminó al alcalde los motivos esgrimidos en los medios de comunicación sobre su cese como segundo teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social.
Las intervenciones pueden escucharse íntegras en ivoox.