El Ayuntamiento de Villarino adjudica a una empresa el servicio de la residencia de mayores ante una gran expectación

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villarino de los Aires, presidido por el popular Julián Martín, aprobó este miércoles la adjudicación del servicio de residencia de mayores a la empresa Residencias Asistenciales 'El Niño Jesús' S.L. El acuerdo fue adoptado con el voto de calidad del alcalde debido a que la concejala Belén Maldonado no pudo conectarse al sistema telemático para asistir por videoconferencia, procedimiento que fue objeto de debate en el inicio de la sesión por su mal funcionamiento.

Respecto a las características del contrato, cabe señalar que es a 25 años y que este ejercicio se mantiene el precio para los residentes actuales (válidos 850 €, asistidos 1º 950 €, asistidos 2º 1.100 € y asistidos 3º 1.300 € precios con IVA), no así para los nuevos que pudieran ingresar a lo largo del año, y que en el caso de personas empadronas en Villarino tendrán una subida de entre 242 y 104 euros mensuales, como aclaró el portavoz del PSOE, Vicente Beneítez saliéndo al paso de lo manifestado por el concejal gerente de la residencia, Francisco Andrés, que dio los precios sin IVA (válidos 1.092 €, asistidos 1º 1.196 €, asistidos 2º 1.248 € y asistidos 3º 1.404 euros, precios con IVA). También habrá una tarifa para las personas no empadronadas en la localidad y que será de 1.352 € para los válidos, 1.404 € para asistidos 1º, 1.508 € para asistidos 2º, y 1.602 euros para asistidos 3º, precios con IVA.

Otra de las singularidades del contrato es que 20, de las 48 plazas de que dispone la residencia, se reservan para los empadronados en la localidad, aunque no quedó claro qué pasará si el número de solicitantes de plaza empadronados en Villarino supera ese número. Y por último, la empresa adjudicataria pagará al Ayuntamiento un canon anual de 12.550 euros más IVA, donde tampoco quedó claro si este canon se actualizará cada año con la subida correspondiente del IPC. Cabe señalar que la empresa adjudicataria mejora en 5 plazas las indicadas en el pliego de condiciones para empadronados en Villarino, como también aumenta el precio del canon de 5.000 a los 12.550 euros anuales. Otro de los detalles del contrato y que señaló Benéitez como negativo fue la inversión de 67.500 euros en mejoras que realizará la adjudicataria a lo largo de los 25 años de contrato, también comprometiéndose a suministrarse de las tiendas locales “siempre que oferten precios de mercado”. Beneítez también insinúo la presunta 'adaptación' de las cláusulas del pliego de condiciones a las características de la empresa adjudicataria. Aunque nadie habló de ello, otra de las cláusulas que deberá cumplir la empresa es mantener la plantilla de trabajadoras en su estado actual.

La oposición, tanto los dos concejales del Grupo Villarino y Cabeza, como el concejal del PSOE, votó en contra de la adjudicación. El primero, como señaló su portavoz, Javier Sendín, porque entiende que no se han cumplido los plazos de contratación, argumento también expuesto por Benéitez pero por distintos motivos. Para Sendín, el concurso abierto debía haber comenzado una vez resueltas las alegaciones al acuerdo de privatización del servicio, lo que se ha producido este miércoles en esta sesión, y para Benéitez, porque en el Perfil del Contratante no se había incluido toda la documentación del expediente en el momento de su publicación, lo que se hizo pasados unos días, por lo que entiende que se debían haber ampliado los plazos. Por su parte, el portavoz de VyC anunció que recurrirá a los juzgados.

Relacionado con este punto, anteriormente fueron rechazadas las alegaciones presentadas por CC.OO., por vecinos de Villarino y por el Grupo VyC, al acuerdo de privatización del servicio, bien porque no se aportaba motivo jurídico que impidiese la toma de decisión, bien porque el acuerdo no desvirtúa los objetivos iniciales del servicio. En el caso de VyC, porque no se ha dado participación a la oposición en el proceso de contratación y porque en las cláusulas no ha primado el precio de la plaza respecto a otras cuestiones del contrato, argumentos que para el alcalde no se corresponden con el objeto principal de las alegaciones y que era la privatización del servicio, una decisión que el alcalde, Julián Martín, aseguró haber tomado tras recabar información del funcionamiento de residencias de la zona bajo gestión privada.

Por su parte, Sendín señaló que las alegaciones “eran muy razonables” pues “defienden a las trabajadoras”, a la vez que culpó al equipo de Gobierno del mal funcionamiento de la residencia “y no de las trabajadoras”, entre otras cuestiones porque desde 2019 no se ha subido el precio de la cuota a los residentes “por una cuestión de oportunismo político”, reprochando al al alcalde que “lo que va a hacer la empresa lo podía haber hecho el Ayuntamiento”. En contestación a estas afirmaciones, el alcalde reprochó a Sendín ser partidario de que la residencia se abasteciera en grandes superficies para abaratar costes, afirmaciones que el portavoz de VyC negó.

También defendió esta decisión el concejal gerente de la residencia, Francisco Andrés, quien dio lectura a un informe de Servicios Sociales en el que se habían detectado deficiencias en alguna inspección, así como conversaciones mantenidas con residentes en las que le habían expresado “tener miedo a represalias”, también de trabajadoras que denunciaban haber “sufrido hostigamiento en el trabajo”, así como haber detectado el “incumplimiento de indicaciones de la enfermera”. Refiriéndose también a las trabajadoras, señaló la existencia de “muchas bajas y de larga duración, y el problema para encontrar sustitutas”. Tras los reproches de Vicente Benéitez por estar “obcecado” con las trabajadoras, Francisco Andrés pidió “disculpas si en algo las he faltado”, para concluir que “tenemos grandes trabajadoras”.

Choque Sendín y secretario

Aunque se preveía que la adjudicación de la residencia a una empresa privada iba a ser el momento más tenso de esta sesión extraordinaria del pleno, no fue así a pesar de la gran expectación que llenaba el salón de sesiones. Lo más tenso del pleno fueron las constantes acusaciones formuladas por Javier Sendín al secretario municipal respecto a los informes emitidos, acusándole de “defender al alcalde en lugar de defender al Ayuntamiento”, lo que provocó que en varias ocasiones el interventor tuviera que salir al paso de las críticas.

Y es que, en el último punto de la sesión, Sendín advirtió al plenario de que se estaba “cometiendo un claro delito de prevaricación” si aprobaban el reintegro al exconcejal, Javier Rodríguez Montes, de 3.349 euros en concepto de gastos jurídicos por su participación en un procedimiento judicial en defensa del Ayuntamiento, la pasada legislatura. Tras el debate, Sendín acusó al secretario de “dar cobertura a hechos irregulares que se producen en el Ayuntamiento, preguntando al secretario que si también iba a emitir informes favorables para que VyC cobrase los gastos de los 21 procedimientos judiciales presentados contra el Ayuntamiento.

A este respecto, el secretario denunció el “acoso y derribo” del que está siendo objeto por parte del portavoz de VyC, al que acusó de interpretar la ley “a su conveniencia”, recordándole su condición de funcionario nacional y secretario titular del Ayuntamiento. También el alcalde defendió al secretario y acusó a Sendín de presentar constantes denuncias en el juzgado por un presunto interés económico dada su condición de abogado, acusaciones que Sendín rechazó y de lo que culpó al alcalde recordándole las 21 sentencias acumuladas en su contra "por no hacer las cosas bien".

La sesión comenzaba con la desestimación de impugnación del pleno del 28 de diciembre pasado, presentada por el concejal de VyC, Manuel Martín Cuadrado, y en la que no pudo acceder de forma telemática y en la que se aprobó la privatización de la residencia y el concurso abierto y pliego de cláusulas para su contratación.

En este punto se coincidía en la conveniencia de mejorar el programa informático con ayuda de un profesional, pero fue donde saltaron las primeras chispas entre Sendín y el Secretario cuando el primero acusó al segundo de mentir en su informe, pues quedó demostrado que Martín Cuadrado no pudo acceder a la sesión por videoconferencia mostrando un pantallazo, como también que la concejala Belén Maldonado tuvo que votar por teléfono. En su defensa, el secretario explicó que en la grabación de la sesión no ha había habido ninguna interrupción. Asimismo, el interventor reprochó a Sendín ser culpable de que en el Reglamento de Funcionamiento Municipal no se estableciera la videoconferencia como sistema de participación por defecto del presencial.

Antes de que el punto se aprobara con el voto de calidad del alcalde, el portavoz de VycC anunció que el asunto llegará al juzgado, aunque previniendo esta decisión, en el mismo punto se añadía una coletilla final por la que el pleno ratificaba los acuerdos del 28 de diciembre, lo que deja las cosas tal cual pretendía el equipo de Gobierno y Sendín desestimaba esta opción en un punto posterior, cocretamente en el de la adjudicación del contrato.

Por último, en el segundo punto de la sesión, el equipo de Gobierno rechazaba las alegaciones a la probación inicial del presupuesto 2024, presentadas por VyC, quedando así aprobado de forma definitiva. Uno de los argumentos expuestos por Sendín es que no se incluía la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento a excepción de los de nueva creación en el ejercicio, un jefe de sección y un encargado de brigada.