Que la enseñanza, la instrucción o, como algunos se empeñan todavía en llamar, la educación en España adolece de una híper politización que la empobrece, aunque su baja calidad no sólo depende de eso, es una realidad que vienen certificando informes como PISA, estudio e investigación de la OCDE que deja a España (a los alumnos, al profesorado, a la administración educativa) en lugares de poca relevancia pero que, centrados en el nivel escolar en materias como las Matemáticas y la Comprensión Lectora, sirve para ciertos escaqueos, absoluciones y hasta mesianismos de los dos últimos miembros del paréntesis.
Las propuestas que se han hecho a favor de un gran pacto de Estado sobre la enseñanza (el exministro de Educación Ángel Gabilondo recibió por ello intolerables descalificaciones por la llamada “comunidad educativa”), han concitado siempre el desprecio del típico atavismo reaccionario español, que ocupaba y sigue ocupando todo el espectro político de la derecha en España. Las continuadas luchas por la financiación pública de la enseñanza privada (lucha por la ‘libertad de enseñanza’, la llaman los rentistas de las aulas), los enfrentamientos sobre las materias curriculares en cada comunidad autónoma (lucha contra el ‘adoctrinamiento’, la llaman los más doctrinarios) y los estruendosos fracasos del Consejo Escolar del Estado en cuanto a la racionalización o siquiera intento de mejora de la enseñanza (defensa de la ‘autonomía pedagógica’ y contra ‘la imposición’, la llaman los viejos maestrillos de sotana, cartilla y catecismo), dan noticia de que esa híper politización que en nada contempla las necesidades educativas, es un lastre paralizante (por ejemplo: la dirección del Partido Popular español, impone a los gobiernos de las comunidades autónomas que gobierna la implantación de una prueba EBAU idéntica en todas ellas (11), con el mismo contenido, la misma fecha e idéntico procedimiento de corrección, a pesar de que los currículos de enseñanza de esas comunidades autónomas son diferentes y, en ocasiones, hasta contradictorios).
Basta hojear la prensa de los últimos días para darse cuenta de que los fracasos y paupérrimos índices de calidad de la enseñanza reflejados en los informes de PISA y la realidad de abandono escolar, el raquitismo del nivel académico y el progresivo descenso del prestigio de la pedagogía escolar española tienen diversos orígenes y no pocas aristas interpretativas (por ejemplo: en una escuela de Sabadell, un grupo de madres de alumnos han intervenido y ocupado la dirección debido a la mala gestión, el bajo nivel educativo y el menosprecio que, en connivencia con el profesorado, los responsables del centro trataban a los alumnos que, según sus madres, carecían de hábitos de estudio e ignoraban las tareas propias del aprendizaje -lo extraño, a la vista de la realidad española y el funcionamiento de los centros de enseñanza, es que haya sucedido en una sola escuela…-).
En el momento de publicación del informe PISA, faltó tiempo a la “comunidad educativa” para culpar a los alumnos, acusar a la tecnología, achacar a la pandemia o condenar a las familias para justificar las lamentables cifras. Ni un político, ni un enseñante, ni un responsable reconoció responsabilidad propia alguna en semejante fracaso. El gobierno anuncia ahora medidas para corregir las carencias en Matemáticas y Comprensión Lectora (que no afectan solo a las matemáticas y a la comprensión lectora, sino que se revelan transversales en toda materia científica, literaria, cultural o de conocimiento en general), y ahora, AHORA, los colectivos políticos, sindicales, asociativos, profesorales, enseñantes, pedagógicos y hasta los responsables rectorales (no las familias, no los alumnos, no la tecnología, no la sanidad) salen en tromba, como ni se habían planteado tras el informe PISA, a intentar capitalizar, apropiarse, aprovechar, rentabilizar y colonizar (comprensión lectora: manosear, manejar, utilizar, emplear, operar, actuar, tocar, sobar, maniobrar, mangonear, dirigir, mandar, ordenar, entremeterse, adulterar, falsificar, viciar, amañar, deformar, tergiversar, trucar…) esas medidas correctoras, justo cuando su aplicación conlleva una partida de quinientos millones de euros (queden aquí salvadas las –pocas- excepciones y las –menos- alusiones).
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