El Ayuntamiento de Salamanca reclama al Gobierno de España más de 8 millones de euros

El Ayuntamiento de Salamanca tratará en la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior del próximo martes, 19 de diciembre, la interposición ante el Tribunal Supremo de un recurso Contencioso-Administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2023 por el que se desestima la solicitud de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial del Estado Legislador como consecuencia de los perjuicios ocasionados a la Hacienda Municipal por la declaración de inconstitucionalidad de la regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). Unos perjuicios que se cifran hasta la actualidad en 8.084.000 euros.

El Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias (años 2017, 2019 y 2021) declaró contraria a la Constitución la regulación del Impuesto contenida en el la Ley de Haciendas Locales. En este sentido, merece especial mención la Sentencia de 26 de octubre de 2021, que conllevó la imposibilidad de liquidar el Impuesto, lo que provocó que el Gobierno de España aprobara el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre (que entró en vigor el 10 del mismo mes), con el fin de salvar el vacío legal provocado por la Sentencia citada.

Como consecuencia de las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional, hasta la sentencia de octubre de 2021 el Ayuntamiento se vio obligado a la devolución de las cantidades ingresadas por este concepto en los supuestos en que quedaba acreditada la inexistencia de incremento de valor del terreno transmitido; a la anulación de las liquidaciones practicadas no ingresadas o recurridas en vía administrativa cuando se daba tal circunstancia; y a la declaración de no sujeción al impuesto en dichos supuestos.

A consecuencia de la sentencia de octubre de 2021, el Ayuntamiento tuvo que devolver el importe de las liquidaciones o autoliquidaciones que no habían adquirido firmeza, y tuvo que renunciar a liquidar las transmisiones anteriores a esa fecha que se encontraban pendientes de declaración por los obligados tributarios, o de comprobación y regularización por el Ayuntamiento (al no ser ya exigible el impuesto, hubiera o no incremento de valor).

Por estos motivos, el Ayuntamiento de Salamanca acordó en noviembre de 2022 interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Gobierno de España, en cuanto que representante del Estado Legislador, como consecuencia de los perjuicios ocasionados a la Hacienda Municipal por la declaración de inconstitucionalidad de la regulación legal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

Con fecha 14 de noviembre de 2023 el Consejo de Ministros acuerda desestimar la declaración de responsabilidad patrimonial presentada por el Ayuntamiento de Salamanca, un acuerdo que el Consistorio considera contrario a derecho pues, como se explica en el recurso, “no es cierto lo señalado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de que no devolverse lo indebidamente ingresado se produciría a favor del Ayuntamiento un enriquecimiento injusto con la percepción de ingresos; sino que es justamente lo contrario, ya que tanto la devolución de ingresos, como los supuestos de no sujeción, como el vacío legal, han producido al Ayuntamiento de Salamanca un daño antijurídico que el Ayuntamiento no tiene la obligación de soportar, daño antijurídico que es imputable exclusivamente al Estado Legislador”.

Con el fin de satisfacer el interés público municipal, se procede a interponer un recurso administrativo, debiendo actualizarse en la demanda el importe reclamado a la fecha de presentación de la misma.