Lawfare

En 1986, el político andalucista Pedro Pacheco, a la sazón alcalde de Jerez de la Frontera, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a seis años de inhabilitación. Acusado de haber denunciado connivencia entre los abogados de Bertín Osborne y los jueces que fallaron a favor del cantante (uno de cuyos chalets el ayuntamiento pretendía derribar por ser ilegal su construcción). Fue, probablemente, el primer caso de lawfare denunciado públicamente en la democracia española y, aunque el Tribunal Supremo anuló posteriormente la condena, en los anales políticos de este país, asociada al nombre de aquel alcalde, quedó inscrita la frase más destacada de la declaración pública por la que fue condenado: “La Justicia es un cachondeo”.

En el reciente acuerdo político entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts Per Cat para la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, la inclusión en uno de sus párrafos de la palabra lawfare ha despertado las iras, las condenas y la reprobación general de las asociaciones de jueces de todo el espectro ideológico español, que se niegan a admitir no ya la inclusión, sino la mención a la misma existencia del lawfare en la realidad judicial española (“las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política”. Fragmento del acuerdo PSOE-JUNTS del 9/11/2023).

El lawfare, definido por extenso en publicaciones, crónicas y manuales políticos de todo el mundo, y aplicado con más o menos descaro (más bien más que menos) en tribunales de todo el mundo, se ha convertido, lamentablemente, en una muy efectiva forma de oposición política y un muy eficiente instrumento para la persecución, debilitamiento y eliminación de adversarios políticos, además de una herramienta de control, chantaje y persecución política e institucional que siembra una incorregible desconfianza en las instituciones judiciales y provoca un enorme distanciamiento entre los jueces (salvo excepciones) y la parte consciente de la ciudadanía.

Lawfare, una palabra formada por los conceptos en inglés de ley y guerra, podría traducirse al castellano, como indica el citado acuerdo que tanto escuece a los togados, como la judicialización de la política, la utilización de los recursos judiciales que implican y exigen acatamiento (Pacheco fue condenado por ‘desacato’), que obligan al respeto estricto y contestación únicamente judicial y recursiva. Por tanto, el desacato de una sentencia, la oposición verbal que no conlleve recurso judicial e, incluso, la descalificación política o institucional de una decisión judicial, de un juez o de un procedimiento, son consideradas por esos mismos jueces como un delito que ellos mismos, ellos mismos, condenarán, en un diabólico bucle que transmuta en parte al juez, impide toda crítica y convierte las sentencias judiciales, todas ellas, en una suerte de intocable evangelio (la teoría de la jurisprudencia y el valor de lo juzgado tendría que ser escrito por especialistas para profanos como el que estas líneas firma).

Hay multitud de casos de lawfare que, sobre todo utilizados contra gobernantes o exgobernantes (Lula da Silva, en Brasil, Rafael Correa, en Ecuador, Evo Morales, en Bolivia, por solo citar algunos en Latinoamérica, tierra especialmente abonada a la corrupción judicial), que dan noticia de que en las batallas políticas, económicas, de dominación y poder de todo el mundo, no es sólo la acción política y la fuerza de los distintos partidos y el convencimiento de su ideología las que acceden por ello al poder, sino una tupida red de intereses también políticos, económicos, de dominación y de influencia que infectan las sedes judiciales (diré aquí presuntamente, por si acaso) las que, más que ninguna otra fuerza, determinan a la postre, con la ocupación de los diferentes órganos de poder y decisión o con su entrega corrupta a sus “padrinos”, la vida de la gente.

Existen en España muchos casos probados (y sentenciados) de jueces que utilizaron, en diferentes niveles, formas y pretensiones, el lawfare y todas sus miserias morales para conseguir fines y beneficios personales o para ayudar a que los consiguieran conmilitones, amigos o incluso sus ilegales empleadores. Jueces hoy cesados por causa del lawfare, procedimientos judiciales abiertos cuyo desarrollo hoy mismo concita mucho más que una sospecha de que su instrucción está sometida al arbitrio parcial de un juez, o de varios jueces, cuya limpieza jurídica hace tiempo dejó de estar en duda, demostrada palmariamente su (presunta) suciedad. Existen en España mil y un casos públicos con protagonistas muy conocidos que, acusados de gravísimos delitos de corrupción, chantaje, robo, aprovechamiento, mentira, ventajismo electoral u otros de tipo político, social y de gran trascendencia, han sido absueltos en sentencias vergonzosas, sus expedientes sobreseídos con espurias razones, sus acusadores desprestigiados o al tiempo acusados en un interesado juego de juicios enfrentados, las pruebas de sus delitos desaparecidas o extraviadas, los testigos acallados, las razones judiciales pervertidas... Decenas de triquiñuelas, grandes o pequeñas, simuladas o con un descaro que abofetea la honradez, hacen que la palabra lawfare y, sobre todo, la protección contra esta práctica, la lucha por eliminarla o el cuidado por no ser su víctima, sigan siendo oportunas en cualquier documento serio y que no nos avergüencen más con ese rasgue público de togas y puñetas por atrevernos a llamar pan al pan.