El Ayuntamiento de Vitigudino contrata el servicio de bomberos a una empresa y dimite el concejal delegado

El Ayuntamiento de Vitigudino, mediante un decreto de alcaldía, ha procedido a la contratación de una empresa para la gestión del servicio de bomberos ante la sentencia judicial que obliga a la Diputación a que este servicio esté en manos de bomberos profesionales, tras la denuncia presentada por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Catilla y León.

Ante la proximidad de hacer efectiva dicha sentencia, el Ayuntamiento de Vitigudino ha procedido a la firma de un contrato de emergencia con la empresa Oficina Técnica Demontes, de una duración inferior a un año, para en este tiempo proceder a la licitación del servicio. El precio de este contrato se establece en 2.111 euros diarios (IVA incluido) y cuya financiación se realiza con la ayuda de la Diputación de Salamanca para este fin y que complementa el presupuesto municipal.

Este contrato, que según fuentes a las que ha tenido acceso este diario, en su ejecución es un reflejo del que más adelante se llevará a efecto para cumplir la sentencia, consiste en la contratación de seis bomberos profesionales y 12 voluntarios para la cobertura de seis turnos, lo que permitirá en cada momento una acción rápida de un profesional con dos bomberos voluntarios.

Esta decisión no ha sentado bien ni al concejal delegado de Bomberos del Ayuntamiento, José María Herrero, ni a los bomberos voluntarios, quienes aseguran que no se ha contado con ellos para nada y que ni siquiera se les ha informado. Es más, José María Herrero, concejal delegado, presentaba ayer su dimisión de este cargo.

Sobre esta decisión, la alcaldesa en funciones de Vitigudino, Luisa de Paz, considera que “no ha interpretado bien. Es un contrato de emergencia por que no podemos vivir el verano como estamos, y ante la paralización que sufrimos, por ya sabemos quién, se ha hecho un contrato de emergencia”. Sobre la firma de este contrato, De Paz no coincide en la interpretación que realiza Herrero respecto a sus competencias como concejal delegado de Bomberos, “es una interpretación suya”, por lo que señala la situación de “extemporánea a estas alturas” y “me parece una pataleta, que no lo es porque está guiado por quien está guiado”, unas palabas con las que apunta al portavoz de Ciudadanos José Antonio Pérez Blanco.

Asimismo, la alcaldesa añadía que “no me gusta esa actitud, es una decisión de cada uno y totalmente respetable. Respeto su decisión, pero hemos hecho y vamos a seguir haciendo, mientras yo esté, lo que consideremos mejor para Vitigudino”.

Cabe señalar que Herrero Pereña era el segundo concejal de Ciudadanos en la Corporación y que desde hace dos años había pasado a formar parte del equipo de Gobierno tras sus desacuerdos con el portavoz de este Grupo, Pérez Blanco.

Precisamente, el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco, pone dudas sobre la legalidad del contrato ante la posibilidad de que carezca de presupuesto, sospecha que niega la alcaldesa al señalar que está financiado con la asignación que la Diputación concede al Ayuntamiento para este fin y que "se resolverá en unos meses". Asimismo, Pérez Blanco también critica que se haya hecho con la Alcaldía en funciones “y sin contar con nadie, por decreto”.

Medida cautelar en Ciudad Rodrigo

Con todo esto ahora solo cabe esperar que la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León solicite ante el juzgado la suspensión cautelar del decreto de Alcaldía como hizo con el de la Diputación de Salamanca respecto al Parque de Bomberos de Ciudad Rodrigo.

Cabe recordar que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca admitió la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecutividad del Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca de 10 de octubre de 2022 objeto de este recurso, solicitada por la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla Y León.

Las medidas cautelares contra el contrato de emergencia que la Diputación de Salamanca “sacó de la manga” y que materializó mediante Decreto de Presidencia de la Diputación de 10 de octubre de 2022, "práctica que lleva realizando más de tres años, cada seis meses, contradiciendo la sentencia del TSJCyL y su ratificación, haciéndola firme, por una Providencia del Tribunal Supremo. Todo ello en línea con su particular manera de entender la legalidad y las sentencias en relación a los Servicios de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento (Cuerpos de Bomberos)". Y concretamente en este caso, la “pretensión de incumplir dicha sentencia de 27 de febrero de 2020 dictada por la sala de lo contenciosos del TSJCYL en el Procedimiento ordinario 308/2019, el cual pretendía prestar el Servicio de Extinción de Incendios por gestión indirecta, curiosamente el adjudicatario del concurso era la Asociación Humanitaria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad Rodrigo”, señalaban desde la Plataforma hace unas semanas.