El fiscal pide 9 años de prisión por los cinco delitos por los que se le acusan
La Audiencia Provincial de Salamanca ha celebrado este jueves, 15 de junio, la vista oral contra F.M.R., un varón acusado de los delitos de ciberacoso sexual, abusos sexuales, embaucamiento, posesión de pornografía infantil y falsedad documental. Unos hechos ocurridos entre 2017 y 2020, cuando fueron denunciados por los padres de la víctima, un salmantino menor de edad.
La vista oral, que ha comenzado en torno a las 9:30 horas pero que en su principio se ha visto alterada por el ruido a causa de una manifestación , ha obligado a hacer un receso de media hora poco después de comenzar. El acusado, en su declaración, ha afirmado que es inocente de los hechos que se le imputan.
Éstos se remontan al año 2017, cuando supuestamente el acusado contactó con un menor a través de WhatsApp haciéndose pasar por una mujer con la que se procedió al intercambio de mensajes y fotografías. Tras una temporada de ese intercambio, el menor bloqueó a la joven en una red social y comenzó a recibir mensajes de Whatsapp del acusado.
"Me preguntaba si tenía algún problema. Le decía que no pero insistía", explicaba la víctima. Este le decía que la mujer con la que había intercambiado las fotografías "le había dicho que las iba a enviar a mis amigos, personas con nombres y apellidos" de su círculo más cercano.
"Me entró el pánico porque me estaban amenzando", explica el joven. "Quería decírselo a mis padres pero me dijo que no hacía falta", refiriéndose al acusado. Con este, por supuestas peticiones de la mujer, realizó diferentes actos sexuales hasta que descubrió que F.M.R. y la mujer eran la misma persona. "Sabía que tenía dos móviles y le llamé, uno de ellos se encendió", ha explicado.
Por su parte, el acusado, ha asegurado al Ministerio Fiscal que las conversaciones que mantenía por WhatsApp con el menor eran porque "iba a seguirle el rollo para quedar con él e intentar ayudarle". Asegura que "no" le masturbó y que "estaba siguiendo una estrategia para que no cortara la conversación". Por su parte, a las preguntas de la acusación particular se ha mantenido en su derecho de no declarar y la defensa, no le ha formulado ninguna cuestión.
La Fiscalía pide una pena de 9 años de prisión, ocho meses de multa a razón de 9 euros diarios (2.160 euros en total), la prohibición de aproximación y comunicación a menos de 300 metros con las víctimas por un tiempo de nueve años y medio, así como ocho años más de libertad vigilada.