El alcalde sale al paso de varias acusaciones vertidas por la oposición respecto al acto y el contrato con Azora, la sentencia del TSJCyL sobre el pago de gastos a un abogado, y el allanamiento ante REE
Como cabía esperar, en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Villarino se pudo percibir la proximidad de las elecciones municipales, donde no faltaron los matices, comentarios, reproches e incluso decisiones que la otra parte tildó de electoralistas.
Entre los acuerdos adoptados en este pleno ordinario celebrado ayer jueves, 27 de abril, el más importante por su calado social y cultural, aunque podría quedar en ‘agua de borrajas’ pasadas las elecciones, fue el proyecto para la construcción de la Biblioteca Municipal José-Miguel Ullán, iniciativa de los concejales de la oposición y que tuvo la abstención de los dos miembros del equipo de Gobierno del PP, alcalde y teniente de alcalde, por desconocer en detalle el contenido del proyecto, pues como señaló el regidor, “lo recibí ayer (por el miércoles) y no he tenido tiempo de verlo con calma”, aunque sí precisó que al presupuesto, algo más de 161.000 euros más impuestos, habría que añadirle el 19% de beneficio industrial, con lo cual el coste se elevaría por encima de la partida presupuestaria habilitada para su construcción. La propuesta fue presentada por el concejal no adscrito Antonio Ullán, que defendió la aprobación del proyecto y su ejecución a la mayor brevedad posible en la partida presupuestaria habilitada en el actual ejercicio para este fin. Según señaló el alcalde, solo si las obras son ejecutadas por empleados municipales el presupuesto habilitado sería suficiente, no así si son adjudicadas a una empresa, una opinión que censuró Ullán al recordar al regidor que la propuesta de aprobación no hacía referencia a cómo se ejecutarían las obras sino a la aprobación del proyecto redactado por el arquitecto municipal, José Ángel Mateos, y a su ejecución lo más rápidamente posible.
Cabe señalar que el proyecto de Biblioteca José-Miguel Ullán, que se ubicará en el antiguo edificio del Hogar del Jubilado, tiene como finalidad salvaguardar los más de 30.000 volúmenes que el escritor, poeta y periodista natural de Villarino, fallecido en 2009, tenía en su biblioteca particular, un legado que es pretendido por otras instituciones.
Además de la anterior, en esta sesión fueron aprobadas dos mociones más presentadas por el Grupo Villarino y Cabeza (VyC), una de ellas también incluida por urgencia, por lo que fue necesaria ratificar la urgencia para que fuera debatida en la sesión, contando solo con los votos favorables de los tres concejales de VyC y los dos no adscritos.
La primera de ellas se incluía en el orden del día de la sesión y hacía referencia al traslado de la plaza de administrativo del Organismos Autónomo Municipal y su integración en la plantilla del Ayuntamiento, así como la amortización de una plaza de administrativo en el Ayuntamiento tras la jubilación del funcionario que la ocupaba, lo que supondrá finalmente un ahorro para las arcas municipales de más de 40.000 euros, recordó el portavoz de VyC Javier Sendín. La propuesta fue aprobada por unanimidad.
Allanamiento con REE
No tan ‘liviano’ fue el debate de la moción presentada también por VyC sobre el decreto de allanamiento realizado por el alcalde al recurso presentado por Red Eléctrica Española (REE) a la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, decisión que según el portavoz de VyC no le correspondían al regidor sino al pleno por cuanto la Ordenanza fue aprobada por el máximo órgano municipal. Por ello, los concejales en la oposición aprobaron solicitar al Tribunal Superior de Justicia de CyL la “nulidad de actuaciones” como consecuencia del fallo a favor del recurso presentado por Red Eléctrica Española”, consecuencia del allanamiento, así como “solicitar del Tribunal cuantas medidas correspondan en derecho derivadas por la responsabilidad de dichos actos”. En su defensa, el alcalde, Julián Martín, calificó la moción de “electoralista” y aseguró que en todo momento siguió las indicaciones del abogado del Ayuntamiento, recordando que la Ordenanza tenía un defecto de forma en la fecha de su aplicación y que esta circunstancia conducía irremediablemente a la pérdida del recurso y al pago de costas, hecho este último que con el allanamiento no se produjo, unas explicaciones que no convencieron en absoluto a la oposición, que cifraba en 350.000 euros al año la pérdida que esta decisión habría provocado al Ayuntamiento, ratificándose Sendín en que en ningún momento conocieron el decreto de allanamiento a pesar de que se diera cuenta “entre un montón de decretos”, como le reprochó a Sendín el alcalde, quien también recordó que la Ordenanza ya había sido corregida, y “solo hice lo que el asesor me dijo”. Según explicó el secretario del Ayuntamiento a LAS ARRIBES AL DÍA finalizada la sesión, la Ordenanza aprobada con la corrección realizada no ha sido recurrida por REE, por lo que se aplicará en siguientes ejercicios. Antes de la votación, el alcalde advirtió a la oposición de que recurrirá el acuerdo por la falta de informes.
Planta solar fotovoltaica
Aunque no estaba en el orden del día de la sesión, era seguro que saldría en este pleno las críticas vertidas por el portavoz de VyC, y recogidas por este periódico, respecto al acto promovido por Azora en el que había invitado a los vecinos en la mañana de ayer miércoles a conocer la situación del proyecto tras haber superado los trámites ambientales, un acto que Sendín había calificado de “electoralista”. A este respecto el alcalde recordó a Sendín que había sido una decisión de Azora en la que él no tuvo nada que ver, si bien defendió a la empresa señalando que este acto estaba previsto de tiempo atrás y con el que no trataba de beneficiar o perjudicar a nadie sino de “informar a los vecinos y evitar cualquier conflictividad”, coincidido en este momento, una explicación que tampoco convenció a la oposición ya que el inicio de la construcción de la planta, como así estaba anunciado en la invitación, tardará meses aún en producirse al carecer aún de la Autorización Administrativa de Construcción, documento cuya expedición corresponde a la Delegación Territorial de Industria, Comercio y Economía de Salamanca, y que aún no ha sido expedido. Lo que sí confirmó el alcalde es que Azora había solicitado el día antes al pleno la autorización para iniciar las obras de los distintos accesos a la planta.
Respecto al contrato firmado con Azora sobre el arrendamiento de terrenos, Julián Martín recordó a Sendín que todos los acuerdos con Azora “han sido aprobados por unanimidad” del pleno a excepción de la Ordenanza por la que se modificaba la tasa de IAE, saliendo así al paso de las críticas vertidas por el portavoz de VyC en cuanto a que no se haya incluido en el contrato la revisión anual correspondiente al IPC o la reducción del 73% del Impuesto de Actividades Económicas, lo que Sendín cifraba en una pérdida para las arcas municipales de más de 25 millones de euros a lo largo de los 40 años de contrato. A este respecto, el alcalde señaló que en todo momento se intentó defender los interés del Ayuntamiento y evitar que este proyecto se fuera a otro municipio, recordando que el contrato de arrendamiento de los terrenos comunales se sitúa muy por encima de lo que pagan otros promotores en la zona, “porque no es lo mismo terreno de regadío que el que nosotros tenemos”. A este respecto el alcalde aseguró que en proyectos próximos ubicados en terrenos particulares, se están abonando 900 €/Ha/año y el Ayuntamiento de Villarino recibirá 1.160 €/Ha/año, concepto este por el que se ingresarán más de 350.000 euros anuales al ser algo más de 300 hectáreas de terrenos comunales las incluidas en el contrato. Sendín calificaba de "mitin" la intervención del alcalde y recordaba que "nosostros no somos los malos como siempre hace ver a la gente, pues como ha dicho, hemos apoyado siempre la aprobación de todo lo relacionado con Azora, a excepción de la modificación de la tasa del IAE".
Gastos de abogado
También salió a debate la sentencia del TSJCyL por la que el alcalde deberá reintegrar en las arcas municipales lo cobrado por los gastos de abogado en su defensa ocasionados en un procedimiento penal de 2016, cantidad que asciende a 2.978 euros. A este respecto, Julián Martín recordó que “no he hecho nada ilegal porque ese dinero lo pagué yo de mi bolsillo al abogado y el Ayuntamiento me lo tiene que pagar, lo único que hice mal es que no había consignación presupuestaria para cobrarlo, pero es un dinero que me pertenece y nada más que se habilite presupuesto lo cobraré”.
En otro orden de cosas, se aprobó por unanimidad el reparto de terrenos comunales entre los ocho ganaderos del municipio al objeto de solicitar las ayudas de la PAC, por lo que el Ayuntamiento ingresará 30.908 euros que se destinarán a mejoras de las infraestructuras ganaderas como caminos, charcas, vallados, etc.
Por otro lado, el alcalde informó de la contratación de una gericultora y una ayudante de cocina para la residencia municipal a través de la bolsa de empleo.
Dimisión del teniente de alcalde
Y por último, al finalizar el pleno el teniente de alcalde, Javier Rodríguez, se despedía de la Corporación anunciando su decisión de dimitir de todos los cargos este viernes al finalizar la legislatura y no haber sido incluido en la lista que presenta el PP para las próximas elecciones, por lo que en su opinión carece de sentido permanecer durante dos meses más en la Corporación. Por ello agradecía a todas las personas que en algún momento le han prestado su ayuda o han colaborado durante el desempeño de sus tareas como miembro del equipo de Gobierno. Tras su intervención a través de videoconferencia, el público y concejales presentes en salón de plenos le dieron un aplauso a sugerencia del alcalde.