El Ministerio achaca el derrumbe a las lluvias, aunque el Ayuntamiento advirtió en plena sequía

El alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias difundió en la mañana del lunes la respuesta dada por el Ministerio de Cultura a las preguntas formuladas por los diputados del Partido Popular José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro a raíz del derrumbe acaecido en la muralla mirobrigense el pasado 2 de enero. Esta respuesta es definida por Iglesias como “chulesca; dice mucho de la actitud distante del Ministerio”, que “ha perdido el norte y el sentido común a la hora de solucionar el problema”.

Mencionando en primer lugar que las murallas no están catalogadas de forma específica como Bien de Interés Cultural, el Ministerio señala que los comunicados remitidos por el Ayuntamiento eran “informativos, no requerimientos que necesitaran una respuesta inmediata”. Sobre la falta de respuesta a esos comunicados, se expone que el Consistorio sabía de su llegada al enviarlos por el sistema de Gestión Integrada de Servicios de Registro, una contestación que le parece “impropia de una administración pública” a Iglesias, que explica que ellos lo comunicaron al ser la administración más cercana, y que no mandaron un requerimiento porque no tienen competencias en policía patrimonial.

En todo caso, el Ministerio advierte que la “solución” a los problemas de conservación no hubiese sido una contestación o un acuse de recibo al Ayuntamiento, sino un “estudio técnico y programación de los correspondientes proyectos y obras”, añadiendo que en virtud de la normativa vigente se produce un “escenario temporal muy dilatado” entre la planificación de una actuación y la realización de las obras.

Respecto al problema en sí, el Ministerio achaca el “agravamiento” de la situación en el tramo derrumbado de la Plazuela de Herrasti a las “lluvias persistentes” de noviembre y diciembre, mencionando que el 30 de diciembre se recibió una comunicación del Ayuntamiento mirobrigense en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, “sin margen de actuación para intentar un apeo de emergencia” ya que el derrumbe se produjo el día 2 de enero.

Reconociendo que las lluvias pudieron tener algo que ver en el derrumbe, Marcos Iglesias recuerda que el 23 de junio ya enviaron una comunicación al Ministerio alertando de varios problemas, “cuando había una sequía importante”, viendo al Ministerio con un “comportamiento ajeno a la realidad”.

En su respuesta, el Ministerio resalta que “la dotación presupuestaria y los medios humanos necesarios para mantener en perfecto estado todo este sistema y el resto de los que tiene afectados el Ministerio sería de un orden muy superior al que tiene asignado en los Presupuestos Generales del Estado”, incidiendo en que “ningún grupo parlamentario” ha exigido al Gobierno en la tramitación de los PGE el aumento de las partidas para garantizar la conservación de las murallas u otro patrimonio histórico estatal.

Respecto a las actuaciones que se van a llevar a cabo, el Ministerio confirma en su respuesta la obra de urgencia en 4 puntos de la muralla que empezará en marzo, que incluirá la señalización de lugares con riesgo de caída de personas. Por otro lado, se anuncia la redacción de un Plan Director que delimite los BIC Murallas y Alcázar, y “que ayude a clarificar la competencia para intervenir en cada tramo de las mismas, ya que hay varios enclaves con ocupación, vaciado o apoyo en la muralla de construcciones de titularidad diversa”.

A partir de las recomendaciones de ese Plan Director, se irían contratando la redacción de proyectos y la ejecución de obras, en función de la disponibilidad presupuestaria del Ministerio. Precisamente, Marcos Iglesias vuelve a insistir en la necesidad de un Plan Director: “que las actuaciones no se queden en algo puntual” y haya “una inversión constante”.