El representante del partido, como parte demandada, ha apuntado que el retraso es fruto de la situación derivada de la pandemia
La jueza de Primera Instancia Número 5 de Salamanca ha reprochado al PP que haya acudido un representante legal a la citación y no el presidente de la formación política, Alberto Núñez Feijóo, que era quien estaba con su "nombre" citado para acudir a las dependencias judiciales este viernes, con motivo de la demanda de un grupo de trece afiliados del partido por el retraso próximo a dos años del Congreso Provincial del PP de Salamanca.
"La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era el el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí", ha apuntado la magistrada.
Sobre este encuentro previsto para las 12.40 horas, los abogados representantes del Partido Popular han accedido minutos antes de las 12.30 horas al interior de los Juzgados de Salamanca, en la Plaza de Colón, sin que haya acudido Núñez Feijóo.
Instantes después han accedido a las mismas dependencias los letrados del grupo de trece afiliados del Partido Popular que han presentado la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 por el retraso desde la primavera de 2021, en la convocatoria del Congreso Provincial del PP de Salamanca.
Ya dentro de la sala, el representante del PP, como parte demandada, ha apuntado que el retraso es fruto de la situación derivada de la pandemia, pues, en el momento que tenía que haberse celebrado "no era razonable" la convocatoria.
"556 personas en un local en tiempos de covid no era razonable", ha dicho en referencia a "posponer el congreso", así como otros, que luego ha ido realizando por ese motivo, con un "calendario" paulatino para no hacer "de golpe y porrazo todos a la vez".
Ante ello ha apuntado que el Comité Ejecutivo Nacional ha ido aprobándolos y que se han celebrado ya la mayoría, como los de Madrid, Extremadura, Galicia o Mérida.
En referencia concreta ya al de Salamanca, ha apuntado que, tras la dimisión del presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, se ha aprobado la creación de una gestora que tiene la "finalidad" de convocarlo próximamente.
Ese órgano, ha continuado, debe de decidir "la fecha más adecuada" y que, como está la convocatoria de las elecciones municipales de mayo, hacerlo ahora supondría "monopolizar la actuación de todos los empleados" y podría suponer "un daño electoral", de ahí que haya avanzado el interés por convocarlo "con posterioridad".
Ante ello, además de pedir a la parte demandante una finanza de 150.000 euros por el "daño electoral" que "se pudiera suscitar" en el caso de convocarse antes, ha pedido a la jueza la desestimación de la demanda y ha enumerado sentencias del Supremo en la línea de las apreciaciones de su parte y del, según sus palabras, cumplimiento de la legalidad con el hecho de "posponer" el congreso provincial, que no ha tenido lugar en plazo debido a "hechos excepcionales" por la pandemia, un retraso que por ello, ha añadido, está "absolutamente justificado y amparado".
Por su parte, el abogado de los afiliados demandantes ha apuntado que el PP podía "haber puesto recurso de reposición" a la citación del presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pero que no lo hizo.
Según sus palabras, al no presentar el recurso, el PP "conocía" que Feijóo tendría que acudir a Salamanca, quien "claramente" tiene" conocimientos de estos hechos, por supuesto", en referencia a la posposición del Congreso, por ser miembro del Comité desde 2005 y por ser presidente del PP en las últimas fechas, ha apostillado.
En cuanto a la apreciación desde el PP de que el retraso ha sido "consecuencia del Covid", el abogado de los afiliados demandantes ha indicado que "Salamanca no es el núcleo central del covid en el mundo" y que desde marzo de 2021 hasta septiembre del mismo año se han celebrado los de Ávila, Valladolid, Palencia.
Por ello, ha criticado que falte el de Salamanca porque a Génova "no le interesa que en Salamanca se celebre", y ha aludido a "razones publicas y notorias". Con el fin de que no se cumplan en mayo dos años de retraso, los demandantes han pedido a la Justicia unas medidas cautelares que instan a que se convoque en un plazo de 45 días.
Por su parte, el Ministerio Fiscal ha abogado por "desestimar la medida cautelar", pues pide la celebración del congreso en 45 días y que, con ella, "se pide lo mismo" que con el "fondo de la demanda", dentro de un proceso de medidas cautelares que la jueza ha dejado "visto para resolución judicial".