Quieren envenenar la convivencia

Este jueves hemos asistido a dos entrevistas diferentes que un mismo periodista ha realizado –por la mañana y por la noche- a la presidenta madrileña, Ayuso y al presidente del gobierno, Sánchez. Cualquier espectador objetivamente imparcial ha podido comprobar que la comparecencia de Ayuso se parecía más a las rabietas de una niña pequeña discutiendo con otras en medio de un patio de colegio y la de Sánchez con un formato más de un hombre de Estado que le está tocando gobernar en momentos tremendamente complicados. El observador imparcial, además, quedaría tremendamente sorprendido cuando supiera que la primera, mandataria de una parte del territorio del Estado, tiene unas retribuciones salariales superiores al máximo gobernante de todo el Estado. Es muy probable que ese ciudadano imparcial censurase claramente la terminología destructiva, hiperbólica e impregnada de un sadismo político vergonzante que utiliza Ayuso para culpar a la oposición política de todos los males, haciéndolo con un odio y una ira indescriptibles e impropias de un político que está en sus cabales. Recordemos que la precaria situación de la sanidad pública madrileña, de la huelga de los médicos es porque Madrid es la Comunidad Autónoma que menos invierte en sanidad por habitante y eso es únicamente imputable al gobierno autónomo presidido ahora por Ayuso y antes por otros, también del PP desde hace casi tres décadas.

En relación a la entrevista del presidente del gobierno, con independencia de estar más o menos de acuerdo en el contenido de los temas expuestos, hay algo en lo que coincido plenamente: el PP, con sus políticas negacionistas, está “envenenando la convivencia”, porque sistemáticamente obstruye el progreso de España y el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, negando la legitimidad al gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos, poniendo palos en las ruedas a las políticas económicas para aminorar los efectos de la inflación derivada de la guerra de Ucrania, intentando paralizar los fondos europeos que se destinan a España por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para paliar los devastadores efectos de la covid-19, incumpliendo la Constitución al negarse a pactar la renovación del CGPJ y escupiendo odio (la primera Ayuso, siguiéndole Feijóo como un obediente corderito –y que no lo haga, que desaparece de la dirección del partido- y después todos los demás reaccionarios y ultramontanos políticos conservadores), criminalizando la nueva ley de Memoria Democrática, cuando es un derecho a la dignidad de los que nunca fueron homenajeados por el régimen franquista y actualmente calificando de traidor al presidente por la futura reforma del delito de sedición. Se puede estar de acuerdo o no en las diferentes políticas, se puede y debe criticar –por supuesto, todos tenemos derecho a pensar diferente y arbitrar políticas acordes con esa ideología- y de una forma constructiva argumentando las posiciones de cada cual; pero lo que en ningún caso se debe hacer es poner en peligro los jirones de la convivencia.

Si hacemos un poco de historia, una de las máximas, uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos socialistas –comenzando por los de Felipe González, desde 1982 y siguiendo hasta el presente, con Pedro Sánchez, actualmente- se han caracterizado por trabajar en mejorar la convivencia entre todos los españoles –todos, insisto, no sólo los que se definen muy patriotas, llevan la bandera en la solapa y de pulsera, pero también llevan sus fortunas a otros países, quieren pagar menos impuestos para que las políticas públicas en educación, sanidad o servicios sociales se privaticen, además de odiar a catalanes y vascos-, mejorando las disputas y eternas discordias entre los diferentes territorios. La prueba evidente de ello -y eso nadie se lo puede quitar a los gobiernos progresistas -, es que, gobernando la izquierda, ETA dejó de matar y desapareció, gobernando la izquierda se han impulsado avances considerables en derechos individuales, civiles y sociales de todos los ciudadanos, gobernando la izquierda se han diluido –como un azucarillo en una taza de café- las disputas y enfrentamientos entre Cataluña y el resto de España. Y todo ello, a pesar de que cuando esto ha sucedido, la derecha más reaccionaria ha intentado sacar rédito político intoxicando a la opinión pública, acusando a los presidentes de turno de ser cómplices y amigos de los terroristas, de romper España -cuando está más unida que nunca, aunque les pese- y de otras lindezas semejantes y siempre con una ira y con una saña inenarrables.

En cambio, ¿qué hicieron los gobiernos del PP? Simple y llanamente, perturbar seriamente la convivencia: calificó a Zapatero de “traicionar a los muertos por el terrorismo” porque veía que Zapatero iba en la línea adecuada de acabar con ETA, inició campañas de recogidas de firmas contra el Estatuto Catalán (cuando no difería mucho de otros como el valenciano o andaluz, que apoyaron), firmas que provocaron que “integristas ibéricos de banderita” iniciaran campañas contra los productos catalanes y vascos y las “ondas de la caverna” amplificando con altavoces las pretensiones de esos “buenos españoles”. Y todo porque quieren que España sea como ellos la desean, que no es otra España muy diferente a la querida por los dirigentes de la dictadura franquista, sometiendo –en muchos casos excluyendo- y criminalizando al disidente y acusándole de ser “mal español”.

Curiosamente, el ejemplo más reciente de los políticos del PP como “no tan buenos españoles” lo han protagonizado los eurodiputados del PP en el Parlamento Europeo este mismo jueves, porque todos los eurodiputados europeos del grupo popular –al que pertenece el PP español- han votado a favor de una enmienda del PSOE para flexibilizar los requisitos que exige Bruselas para entregar a los estados los fondos europeos, abriendo la puerta a que estos cambien teniendo en cuenta la crisis que ha provocado la guerra. ¿Quién ha votado en contra de algo tan positivo para los estados, también para España, por supuesto? Los eurodiputados del PP español. ¿Es eso querer a España y a los españoles? España es algo muy diferente, es algo más importante que la “integrista” que desea la derecha y la ultraderecha; es y debe ser siempre una España libre, igualitaria, justa, plural, tolerante y solidaria. Y lo será siempre si no hay gobiernos atrabiliarios, integristas, reaccionarios y ultramontanos como los que quieren construir PP y Vox palmeados por los residuos de lo que fue el partido naranja de Rivera.