Tendencias opuestas en el uso de la pena de muerte: explicaciones y desafíos

Autora: Mathilde Liberal. Defensora de los derechos humanos.

Tras una década de descenso, el número de ejecuciones aumentó el 20% en 2021, cuando 579 personas fueron ejecutadas por la condena capital. Estas cifras reflejan en parte los efectos de la pandemia de COVID-19 en la justicia, pero también se correlacionan con observaciones y tendencias más generales sobre la pena de muerte.

Entre 2020 y 2021, la cifra de personas que sufrieron la condena capital y la cifra de sentencias a muerte, aumentan respectivamente en un 20% y en un 40%. Mientras que la mayoría de las ejecuciones documentadas han tenido lugar en Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, otros países como Somalia, Sudan del Sur, Yemen, Irak, Myanmar, República Democrática del Congo, y Vietnam han visto un aumento en el número de personas condenadas a la pena capital. Bielorrusia, Japón y Emiratos Árabes Unidos también ejecutaban penas de muerte, pero no se observó ningún aumento entre 2020 y 2021.

Aunque estas cifras contradicen la tendencia más general de la disminución del recurso a la pena capital, una comparación con las cifras de 2019 ofrece una visión más cercana a la realidad. En efecto, el número de personas ejecutadas había disminuido el 26% en 2020 respecto a 2019, con una disminución de un 85% en Arabia Saudí y de un 55% en Irak. Así, una comparación entre 2019 y 2020 indica una disminución del recurso a la pena capital, cuyo aumento entre 2020 y 2021 refleja los efectos causados por la pandemia.

En efecto, las restricciones implementadas en la mayoría de los países durante el primer año de la pandemia de COVID-19, han resultado en un retraso en los procedimientos judiciales, lo que llevó a una disminución en las cifras de personas condenadas a pena de muerte.

Sin embargo, la pandemia de COVID también ha provocado un aumento de las violaciones de los Derechos Humanos, incluyendo la utilización de la pena de muerte. En efecto, China anunció que los actos delictivos que afectaran a las medidas de prevención de la COVID-19 serían castigados, lo que provocó que al menos un hombre fuera condenado a muerte y ejecutado. Mientras que la pandemia ha llevado a reconsiderar la importancia de las vidas humanas, este tipo de decisiones refleja una contradicción, como lo denuncia Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la COVID-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a todo costa”.

Sin embargo, las cifras con respecto a la pena de muerte están directamente influenciadas por países cuyos gobiernos optan por la opacidad en este tema. Como afirma Amnistía Internacional, tres países son particularmente culpables de esta tendencia, China, Corea del Norte, y Vietnam, y “[el] secretismo y el acceso restringido a la información en el caso de estos tres países impidieron llevar a cabo un seguimiento riguroso de estas ejecuciones.” De estos tres países, China es el más denunciado, notablemente por Amnistía Internacional, que asume que miles de personas han sido condenadas a muerte y ejecutadas en el país. En efecto, China clasifica todas sus ejecuciones y condenas a muerte como secreto de Estado e impide el escrutinio independiente. Este tipo de comportamientos dificulta que las ONG y organismos gubernamentales internacionales conozcan el grado real de utilización de la pena de muerte por parte de un país.

Aunque estas observaciones demuestran que el uso actual de la pena de muerte por parte de muchos países es una violación de los derechos humanos que sigue siendo común, la evolución del número de personas condenadas y ejecutadas refleja una tendencia general positiva.

El recurso a la pena de muerte se ha reducido de 2395 reportadas en 2008, a 597 en 2021, con variaciones significativas, especialmente en 2016 y 2017, años durante las cuales 1634 y 1032 ejecuciones fueron reportadas. En los Estados Unidos, la cifra de ejecuciones en 2021 es la más baja desde 1988.

Correlativamente, los avances también pueden verse en el ámbito de las legislaciones. En 2008, 92 países no permitieron el uso de la pena de muerte y 10 países la mantuvieron únicamente para los delitos graves. En 2021, son ya 108 los países abolicionistas y 8 los que mantienen la pena de muerte únicamente para los delitos graves. Recientemente, muchos países, entre ellos Sierra Leone, Kazajistán, Guinea y Malasia, han avanzado hacia legislaciones que restringen más firmemente su uso.

Finalmente, en el ámbito de la ONU y desde 2007, una resolución por una moratoria universal en la aplicación de la pena de muerte se vota en la Asamblea General cada dos años. Desde 2007 y la primera votación, el número de países a favor aumenta, el número de países en contra, o que se abstienen, está disminuyendo. En efecto, en 2007, el número de países a favor, en contra, o que se abstienen, fueron de 104, 54 y 29. En comparación, en 2018, 121 países han votado en favor de la adopción de la resolución, mientras que 35 países han votado en contra y 32 países se han abstenido.

No cabe duda de que un mundo sin pena de muerte es un mundo mejor.