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El Ingreso Mínimo Vital alcanza en Salamanca a un 25% de hogares monoparentales
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PREVENIR EL RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

El Ingreso Mínimo Vital alcanza en Salamanca a un 25% de hogares monoparentales

Actualizado 14/10/2022 17:24
Redacción

El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 9.600 salmantinos desde su puesta en marcha, siendo el 41% de los beneficiarios menores de edad

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a 9.668 salmantinos desde su puesta en marcha en junio de 2020, siendo el 41% de los beneficiarios menores (4.028), lo que refleja la incidencia que está teniendo la prestación a la hora de evitar las situaciones de vulnerabilidad de los menores.

Salamanca es la tercera provincia de Castilla y León con más beneficiarios de una prestación cuyo objetivo es prevenir el riesgo de exclusión social, con especial atención a los hogares con niños, con datos acumulados a cierre de la nómina de septiembre del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Por tipo de hogar, son mayoría aquellos en los que al menos un menor figura entre los beneficiarios. Además, en Salamanca, el 25% de los hogares a los que ha llegado esta prestación son monoparentales. En concreto, 934 de los 3.641 hogares que han cumplido los requisitos para recibir esta prestación están formados por un adulto y uno o más menores a su cargo.

El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo, cuyo umbral varía en función del tipo de hogar contabilizando los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.

Además, el pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que se regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.