Los procuradores en las Cortes denuncian que el gobierno de Mañueco ha recibido 20 millones de euros para planes de empleo que no se están poniendo a disposición de los Ayuntamientos
El PSOE ha denunciado este lunes incumplimientos en los acuerdos del Diálogo Social por parte del Gobierno de la Junta. Han tasado en 32 los millones de euros en planes de empleo que siguen sin ejecutarse en Castilla y León, de los cuales 20 ya están en manos de la Junta, por lo que aseguran, están “impidiendo que ese dinero llegue a los Ayuntamientos”. En Salamanca se traduce en 858 contratos “en el aire”, por un importe de 6,7 millones de euros.
Señalan que hay ocho programas de fomento del empleo “sin convocar o sin ejecutar”, lo que repercute especialmente en las áreas rurales y en la entrada al mundo laboral de colectivos vulnerables. Juan Luis Cepa, procurador en las Cortes y concejal de Aldea del Obispo, ha destacado la “desaparición” del Preplan de este año, que consiste en la concesión de una ayuda a los Ayuntamientos para la contratación de un desempleado durante seis meses, periodo en el cual se encarga del mantenimiento del pueblo. Todavía no hay noticias de la convocatoria, que el año pasado se resolvió en junio y se formalizó en 120 nuevos contratos y un importe de 1,2 millones de euros.
También están afectadas las subvenciones, todavía sin resolver, para ayudar a los pueblos de menos de 5.000 habitantes para actividades de cultura y turismo. Este año, se destinarán 2,5 millones de euros menos y habrá más “competencia de Ayuntamientos”, ya que en los pueblos de Soria se ha eliminado el prerrequisito de que tengan al menos cinco desempleados en el municipio. Se trata de un periodo en el que estas concesiones son especialmente importantes, aluden a que es la época de apertura de bibliotecas, piscinas y museos.
En los pueblos de más de 5.000 habitantes no se han convocado las ayudas para contratación de desempleados menores de 35 años y mayores de 55, por lo que los Ayuntamientos “no tienen capacidad”, están recurriendo a fondos propios. Lo mismo ocurre con los contratos de tres meses a personas con un grado de discapacidad superior al 33%. “Es muy importante”, aseguran, porque supone su acceso al mundo laboral.
Apuntan directamente al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, que anunció reducciones de “gasto superfluo”. Los procuradores socialistas creen que “no van a respetar” el Plan de Empleo, vigente hasta 2024. También señalan a Mañueco, por lo que consideran “plegarse a Vox” y vulnerar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que “establece el fomento del diálogo social como un factor de cohesión social y de progreso económico”.