La huelga

El gobierno del Reino Unido prepara una ley que permitirá, temporal o permanentemente, sustituir a los trabajadores en huelga por otros, en una muestra más de las profundas heridas, muchas ya irrecuperables, con que el capitalismo más salvaje aprovecha todos los recursos que le proporcionan las crisis que él mismo provoca, diseña, gestiona y rentabiliza. Y es el derecho de huelga, uno de los fundamentales de los trabajadores y el peor tratado por los poderes fácticos, el que figura ahora en el punto de mira no solo en las islas británicas, sino en todos los países llamados occidentales, que han convertido en creaturas famélicas, tristes, escasas y moribundas lo que un día fueron derechos laborales.

El ejercicio del derecho de huelga ha estado siempre cuestionado y obstaculizado tanto por las empresas privadas como por la administración pública, que han visto siempre en él al principal enemigo de sus beneficios, sus políticas y sus rentabilidades. Desde los repetidos y variados intentos de regular con leyes el ejercicio del derecho de huelga, hasta el abuso en la imposición de servicios mínimos, los intentos de control, las campañas de desprestigio o las maniobras de desestabilización y división de los convocantes, el ejercicio del derecho a la huelga reivindicativa no ha tenido un solo día de democrática aceptación en sociedades constantemente intoxicadas por lo que podría denominarse como el manoseo del concepto de derechos, como los pasivos de los no huelguistas, los de normalidad y cotidianidad de la ciudadanía en general y, la guinda que siempre los contrarios a la huelga exhibieron como ariete de su postura: el derecho al trabajo.

Las sucesivas crisis que el capitalismo genera para sus propios ajustes, y que paulatinamente empobrecen a capas sociales cada vez más amplias, al tiempo que generan obscenos aumentos de beneficios empresariales, mezcladas hoy con los brutales efectos de la pandemia de Covid19, del militarismo armamentista y derrochador y del imparable aumento –artificial- de los precios de vivir que enriquecen a los especuladores e intermediarios, no solo ha propiciado una creciente deriva de los trabajadores hacia el egoísmo individualista del sálvese quien pueda que niega y anula la acción colectiva y la reivindicación común, sino que ha convertido el mercado de trabajo en una suerte de graciosa concesión empresarial donde tener empleo está considerando un obsequio personal al trabajador por la gracia de su patrón, que conlleva el servilismo, la agradecida sumisión, el silencio y la permanente resignación.

La deriva de las organizaciones sindicales hacia oficinas de gestión y corrillos contables, la dependencia sindical de subvenciones públicas y la confusión del diálogo social con la imposición y la amenaza chantajista empresarial, han cristalizado en un estruendoso silencio reivindicativo y de defensa de derechos, dignidad e igualdad, solo roto por contadas movilizaciones parciales que ya solo defienden los mínimos vitales de la supervivencia. Los acuerdos laborales ventajistas y mezquinos de empresas –automovilísticas, navales, siderúrgicas..., y también pequeñas empresas- para garantizar puestos de trabajo o carga laboral durante cortos períodos de tiempo, solo se consiguen a costa de enormes subvenciones públicas, vergonzantes compromisos de desmovilización laboral, inmensas renuncias y deshonrosas aceptaciones.

El derecho a la huelga, como fundamental en cualquier relación laboral, consagrado en todas las disposiciones laborales de los países llamados democráticos como indisoluble entre los de las personas, contemplado en las constituciones y los tratados internacionales, es parte de la relación de derechos humanos y puntal de la dignidad de cualquier trabajador o trabajadora, y no puede ser conculcado por leyes oportunistas o manipulaciones reaccionarias, ni aparcado, recortado o limitado con el argumento de situaciones puntuales, patrioterismos varios, crisis o dificultades, ni con cualquier otra excusa que haga prevalecer beneficios, rentabilidades o plusvalías sobre la dignidad de las personas. La huelga es un arma defensiva de quien trabaja y no la hacen los sindicatos, ni los sectores ni los colectivos; no es gregaria ni parcial, sino solidaria, común y fraterna, porque la huelga la hace siempre la persona, e implica su dignidad. Los derechos fundamentales se protegen, se cuidan, se ejercen, se mejoran o se amplían, pero nunca se manosean, recortan o retroceden. Por nada; por nadie. Por eso, hoy también el antiguo grito de la lucha obrera: la mejor ley de huelga es la que no existe.