Verano y humo

Sin que ninguna autoridad pública presente o siquiera manifieste denuncia alguna contra el penúltimo ataque a la atención pública, se anuncia en varias comunidades autonómas que el próximo verano la atención primaria sanitaria será atendida únicamente por personal de enfermería y administración, debido, dicen, a que las vacaciones veraniegas de los médicos provocan enormes carencias. Deberían ser los mismos médicos, aunque fuese solo para defender el valor de su propio trabajo, quienes se opusieran a estos apaños administrativos de desprecio por los pacientes, de desdén por los servicios públicos y que no son sino insultos a toda la sociedad.

Al mismo tiempo, la mayoría de las bibliotecas públicas anuncian horarios veraniegos reducidos, que recortan drásticamente durante varios meses las posibilidades de préstamo, lectura, consulta y otros servicios bibliotecarios, mucho más necesarios y útiles justamente en los meses de verano, cuando la disponibilidad de tiempo permite el disfrute de la lectura y posibilita el crecimiento y formación social, principal objetivo, por si se olvida, de una biblioteca pública. También museos, parques temáticos, exposiciones, centros culturales o cualquier edificio, ámbito, organismo o entidad cultural, divulgativa o educacional dependiente de la administración pública, sufre en los meses de verano una brutal desatención que golpea directamente a los posibles usuarios o visitantes, es decir, a quienes mayoritariamente costean su existencia y funcionamiento. Todo se une a esa inicua costumbre y “tradición” de que los organismos públicos permanezcan cerrados o semicerrados en los meses de verano, imposibilitando a los ciudadanos la normal realización de gestiones, consultas o trámites oficiales.

La “excusa” recurrente que las diversas administraciones (general, autonómicas, locales) y, sobre todo, las verdaderas legiones de “justificadores” aducen para la realización de esas reducciones, cierres y alteraciones, suele basarse en la coincidencia de los períodos vacacionales del personal, aunque también utilizan el dato de los naturales descensos en el número de usuarios o visitantes en los meses de verano, para las espurias justificaciones de semejantes desatinos.

Que esa paralización veraniega de actividades esenciales es característica de un país que, como España, bien poco aprecia los (ya escasos) servicios públicos, no solo hace a la gestión pública española diferente sino chabacana, tercermundista y, sobre todo, estúpida e incapaz. Seguramente, los trabajadores públicos que atienden durante el resto del año la mayoría de esos servicios públicos, no sean responsables en absoluto de la desorganización que sus derechos vacacionales provocan no solo en la atención ciudadana y el uso público de ciertos servicios sanitarios, culturales y, en general, públicos. Es la repetida demostración de la negligencia ya crónica en la organización y gestión de lo público, que lleva a la fácil solución del cierre o la reducción, en lugar de enfrentar con decisión (política, honesta y capaz) la turnicidad, la contratación temporal y las sustituciones vacacionales.

En tales situaciones, aparentemente temporales y fruto de la improvisación y la desidia, subyace desde hace décadas y cada vez más abonado por el reaccionarismo político, un profundo desprecio por la atención pública y una desatención dolosa por la fortaleza institucional de los mecanismos de atención ciudadana. Los atentados contra los servicios públicos, y no son otra cosa estas clausuras veraniegas, se sustentan en los intereses privatizadores que relegan el bienestar social a las plusvalías y rentabilidades económicas del capitalismo más salvaje (si es que hubiese otro).

La progresiva desaparición de los servicios públicos esenciales en manos de la empresa privada, se nutre también de estas desatenciones que no son en absoluto anécdotas caniculares, sino una prueba evidente de que el principal aliado de la prolongada agonía de los servicios públicos, es decir, de la progresiva quiebra del Estado como garantía de derechos y el abaratamiento de la calidad de vida de los ciudadanos es, precisamente, la indiferencia de quienes hoy, tal vez ya no mañana, hibernan en ellos.